Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas

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VI Congreso Estatal de Mujeres Abogadas - Zaragoza 1992

“Proyecto de ley orgánica del código penal”

CONCLUSIONES

A.- EN RELACIÓN CON LA TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL.

Ante la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal, constatamos nuestra preocupación porque, pese a lo expresado en su exposición de motivos, los temas que afectan más directamente a las mujeres, continúan adoleciendo de los males endémicos que históricamente han arrastrado.

Pensamos que la selección de "bienes objeto de máxima protección social o del máximo reproche" que debe reflejarse en la cúspide de lo ilícito, ha de corresponderse también con los valores no sexistas y antidiscriminatorios que nuestra Constitución proclama.

Por ello se han acordado las siguientes modificaciones al Proyecto de ley en trámite:

1.- Las agresiones sexuales del título 7º del libro 2º deberían denominarse "Delitos contra la libertad e indemnidad sexual".

2.- Respecto del delito de violación debería incluirse en el tipo del artículo 181:

A) Penetración bucal tal y como esta contemplado en la actualidad

B) Penetración con objetos que actualmente se configuran como agresión sexual de menor importancia.

C) Inclusión en el primer supuesto de la intimidación indirecta que suponga la punibilidad de los supuestos en los que la intimidación ejercida no sea inmediata.

D) Atendida la gravedad de la lesión que supone para la persona víctima de esta agresión, la pena a imponer, debería ser la equivalente a la prevista para el homicidio.

3.- Estimamos necesario que se elimine el requisito de denuncia de la víctima o de su representante legal para la persecución de estos delitos.

4.- Desaparición de los artículos 183 y 184 ya que consideramos que el estupro no debe estar tipificado por ser una figura anacrónica que revierte contra la libertad sexual de los adolescentes y que suele utilizarse en supuestos de violación para aminorar la pena.

5.- Constatamos la necesidad de tipificación del delito específico de acoso sexual.

6.- Malos tratos en el ámbito doméstico.

A) Creemos que el Proyecto vacía de contenido el delito de malos tratos en el ámbito doméstico debido a que la doctrina y la jurisprudencia ya han definido la habitualidad en el sentido de nos ser necesarias condenas previas y por tanto la exigencia que se introduce en el segundo párrafo del artículo 161 dificulta su aplicabilidad.

B) No debe excluirse la violencia psíquica de la conducta punible, y como sujeto activo a la persona que hubiere tenido vínculos de pareja cuando ésta hubiera cesado.

7.- El consentimiento en las lesiones

Propugnamos la desaparición del artículo 163 en la medida en que consideramos que el consentimiento del ofendido en los delitos de lesiones tiene que ser irrelevante a efectos de la graduación de la pena.

8.- Abandono de Familia

A) Debería desaparecer del tipo del artículo 228 toda referencia a la culpabilidad en la separación eliminando la frase "por causas imputables al referido cónyuge".

B) La acción punible debería ser "no prestar" en lugar de "dejar de prestar".

C) En cuanto al artículo 229 pese a que el concepto de pago claramente implica el abono de la totalidad de la deuda, para evitar interpretaciones que dificultan enormemente su persecución estimamos, más necesario práctico, que se especifique como conducta punible "el que no pagare en todo o en parte".

E) Debería de desaparecer el artículo 231 que introduce la necesidad de denuncia del perjudicado y del perdón del ofendido.

9.- Penas

A la vista del nulo efecto rehabilitados de actual sistema penitenciario, con las consecuencias negativas que producen en las víctimas las frecuentes reincidencias, la aplicación de los beneficios penitenciarios en todos los casos debe estar condicionada al sometimiento a un tratamiento rehabilitador específico para cada delito de los tipificados en el Código Penal.

10.- Constatando el incremento general de las penas en el Proyecto, respecto del cual estamos en desacuerdo, es un agravio comparativo la reducción de las mismas en aquellos delitos en los que la víctima más frecuente es la mujer.

B.- EN RELACIÓN A LAS CÁRCELES DE MUJERES Y LA DELINCUENCIA FEMENINA

11.- Aborto. Despenalización del aborto castigando, únicamente aquel que se practica contra la voluntad de la madre.

12.- Lesiones al feto, artículos 165 y 166.

Supresión de ambos artículos por entender que el feto es un bien jurídicamente protegido pero no debe ser considerado como sujeto pasivo del delito, por coherencia con la despenalización del aborto.

13.- Artículo 230. Incumplimiento del régimen de visitas. Nos oponemos a la creación del nuevo tipo de delito del artículo 230, sobre obstaculización del régimen de visitas por innecesario.

14.- Planteamos la necesidad de que se introduzcan penas alternativas a la prisión, como el trabajo social, y la posibilidad de cumplir en centros no penitenciarios especialmente para las mujeres con hijos, ya que de hecho estos menores sufren todos los rigores de la prisión.

15.- Denunciar la carencia de medios que caracteriza a las prisiones de mujeres, que no pasan habitualmente de ser una sección de la prisión de hombres, pero mucho menos dotadas.

16.- Denunciar que las actividades culturales y de formación profesional en las prisiones de mujeres, tienen un planteamiento sexista destinado a reproducciones sociales tradicionales y destinan a la mujer a ser mano de obra de la economía sumergida.

17.- Paralización inmediata de los planes de edificación de Macro-cárceles en todo el Estado, por entenderse que no son necesarios más centros cerrados sino el desarrollo de otros aspectos legislativos, penales y sociales -recogidos en las propuestas subsiguientes- que permitan la institucionalización de nuestras respuestas sociales frente al delito.

18.- Asunción a corto plazo de las trasferencias en materia penitenciaria por las Administraciones de las diferentes Comunidades Autónomas, con el fin de desarrollar el autogobierno, en las siguientes condiciones mínimas contempladas por la ley.

· Todos los presos han de cumplir las condenas en sus lugares de origen

· Construcción de centros socio-penitenciarios abiertos ubicados en las ciudades alternativas a los actuales.

· Limitación en el tiempo del período de estancia en prisión preventiva en espera de juicio.

· Creación de centros socio-educativos con tutela judicial para el tratamiento de drogodependientes con problemas penales y de sustitutivos de tratamiento extrapenales.

19.- Desarrollo a medio y largo plazo de formas alternativas desde un punto de vista social y penal a la pena de cárcel experimentadas en otros países desarrollados, para lo cual habrá de abrirse un profundo debate social y político sobre la despenalización y creación de nuevos marcos jurídicos e institucionales que permitan organizar formas de justicia alternativas a la "justicia penal" arbitraje, negociación, mediación, reconciliación, trabajo comunitario, servicios asistenciales, entre otros.

C.- EN RELACIÓN CON LA PROSTITUCIÓN

20.- Derogación definitiva de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social con sus modificaciones posteriores y disposiciones complementarias.

21.- Inclusión de un cuarto capítulo destinado a los delitos relativos a la prostitución, dentro del Título VI de los “Delitos contra la libertad de las personas”.

22.- Añadir un nuevo artículo a este nuevo capítulo IV con la misma redacción que el actual artículo 195 del Proyecto con la única modificación consistente en sustituir en el apartado 2 la frase “podrá imponer razonadamente” por el término “impondrá”.

23.- Modificación de las penas reguladas en los artículos 189.1 y 190.1 en el sentido de aplicar las previstas para los delitos contra la libertad de las personas, castigando a los autores del delito con la pena de cuatro a seis años de prisión, manteniendo la inhabilitación absoluta de seis a doce años.

24.- Ampliar la figura ya existente de “Convenios especiales” a efectos de que puedan acogerse las prostitutas.

25.- Se incrementen las pensiones no contributivas cuyos beneficiarios son los menores.

26.- Como un paso adelante respecto al Salario Social: Creación de un subsidio de carácter económico para aquellas personas con ningún medio propio de subsistencia.

27.- En ejercicio de las facultades que otorga la legislación urbanística a los municipios para incrementar su patrimonio con el 15% del suelo urbanizable: que se urbanice, favorezca o promueva en TODO el tejido urbano, la construcción de viviendas de protección oficial (promoción pública o privada), facilitando la integración social de la población con menor capacidad económica.

28.- En relación con la prevención de la prostitución se proponen las siguientes medidas educativas, sociales y de reinserción:

- Información profesional, laboral y cultural igualitaria para hombres y mujeres.

- Educación sexual obligatoria para hombres y mujeres que comience a introducir como valor socialmente generalizado una sexualidad compartida mediante gratificaciones de la misma naturaleza sexual

- Promoción desde la Administración de campañas educativas e informativas sobre la prostitución

- Creación de teléfonos al menor en aquellas provincias donde no existen.

- Favorecer una mayor efectividad de los derechos del menor en las prácticas sociales reales.

- Creación de equipos técnicos con personal que actúe en las áreas psicológica, sociológica y económica en apoyo a todos los miembros de las familias en crisis y así corregir socialmente los desequilibrios que el sistema socioeconómico pueda producir.

- Creación de pisos tutelados en todas las provincias a cargo de la Administración.

D.- EN RELACIÓN CON EL DERECHO COMUNITARIO

29.- Constatamos la conveniencia de conocer e invocar ante los Tribunales españoles las Directivas comunitarias que garantizan la igualdad de trato a las mujeres en materia laboral y de Seguridad Social, directamente aplicables una vez transcurrido el plazo para su transposición al derecho interno.

30.- Nuestra legislación incumple el art. 1 de la Directiva 75/117, de 10 de febrero de 1.975 relativa a la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos, ya que el Estatuto de los trabajadores tan sólo garantiza la igualdad de retribución cuando se trata del mismo trabajo, pero no cuando se trata de trabajos del mismo valor, tal y como se contempla en la Directiva mencionada.

31.- Proponemos que se atribuya el mismo valor a los trabajos que sean asimilables, esto es, aquello para cuya realización se requieran facultades semejantes, aunque no se trata de las mismas tareas.

32.- El problema de la discriminación salarial de las mujeres se centra actualmente en discriminaciones encubiertas o indirectas. Para su erradicación constatamos la necesidad de una mayor sensibilización de los sindicatos, así como de una mayor participación de las mujeres en los mismos, habida cuenta que actualmente tan solo el 15 % de los miembros de los sindicatos son mujeres.

33.- Las discriminaciones en el acceso al empleo se producen con generalidad en la empresa privada y en la pública cuando el acceso tiene lugar por otro medio que no sea la oposición (contrataciones temporales, concursos, etc.)

Recomendar la impugnación judicial de las discriminaciones en el acceso al empleo, invocando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la CEE que dice que la indemnización a la que tiene derecho la trabajadora discriminada ha de ser disuasoria para la empresa discriminadora, aunque no garantice en ningún caso la contratación.

34.- Al amparo del art. 2.4 de la Directiva 76/207, y del art. 9.2 de la Constitución exigimos la adopción de medidas positivas que supriman los obstáculos existentes para la promoción profesional de las mujeres, tales como la generalización del horario flexible o el derecho a la formación profesional dirigida a la promoción en la empresa dentro del horario de trabajo, y que previamente se adopten las medidas oportunas para lograr un equitativo reparto de las responsabilidades familiares.

35.- La directiva 86/378, de 24 de julio de 1986, relativa a la igualdad de trato en los regímenes profesionales de seguridad social, de aplicación a nuestro colectivo profesional, en su art. 5 dice que el principio de igualdad de trato implica la ausencia de cualquier discriminación por razón de sexo, ya sea directa o indirectamente, particularmente en lo relativo a las prestaciones.

Las prestaciones por maternidad de nuestra Mutualidad suponen una discriminación indirecta para las mujeres abogadas, ya que la cobertura es muy inferior a la prevista para en caso de enfermedad.

El plazo de transposición de la Directiva finaliza el día 1 de Enero de 1993, por lo que exigimos que para esa fecha se modifique el reglamento de la Mutualidad en el sentido expuesto.

36.- En cuanto al Proyecto de Directiva que completa el principio de igualdad de trato en materia de Seguridad Social, frente a la situación actual en la que la mayoría de las mujeres sólo son acreedoras de derechos derivados.

37.- A la vista del texto de la Directiva concerniente a la protección en el trabajo de la mujer embarazada o que haya dado a luz recientemente, aprobada el 17 de octubre de 1.992, con un plazo de transposición a los derechos internos de dos años, exigimos se regule en nuestro país de manera inmediata el derecho de las mujeres en ese estado a cambiar de puesto de trabajo, cuando éste le sea perjudicial, tomando como referencia la lista de actividades de riesgo que se recoge en los Anexos del indicado proyecto.

E.- EN RELACIÓN CON EL DELITO DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EL CONGRESO APROBÓ EL SIGUIENTE COMUNICADO:

Tras la sorpresa que nos trajo el anteproyecto de Código Penal, que se conoció por la prensa a primeros del mes de Febrero del presente año, en el que no se incluía la esperada ampliación de la despenalización parcial del aborto, el Gobierno no ha despejado ya las dudas sobre qué piensa hacer ante un problema tan acuciante y tan ampliamente sentido por las mujeres.

En Consejo de Ministros, celebrado el pasado día 4 de septiembre, acordó remitir a las Cortes el Proyecto de nuevo Código Penal, en el que se amplía la despenalización del aborto, establecida en el artículo 417 bis del Código penal, con un cuarto supuesto consistente en el estado de angustia o ansiedad de la mujer embarazada, certificada por un médico y siempre que se practique en las doce primeras semanas de embarazo.

Aunque tal modificación se formula como un cuarto supuesto, en realidad se trata de una ampliación del primero de los tres supuestos actuales despenalizados que no castiga el aborto necesario para evitar un grave peligro para la vida o salud física de la embarazada, con la salvedad de que, si en este supuesto, ya despenalizado -indicación terapéutica- es preciso que lo dictamine previamente un médico de la especialidad correspondiente, distinto de aquel por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto, en la modificación que se propone, solo se requiere el certificado de un médico.

Además de los requisitos hasta aquí enunciados -dictamen de un médico y que se practique en las primeras doce semanas de embarazo-, existe otro más y es el de que la mujer sea previamente informada en el centro público, sobre las posibilidades de viabilidad del feto.

La modificación propuesta por el Gobierno en este mal llamado cuarto supuesto, "la angustia de la mujer embarazada", es la traducción de la palabra détresse que ciertos europeos reconocen explícitamente como causa -aunque con otro alcance que el propuesto por el Gobierno español-, para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), como por ejemplo Francia y Bélgica. Pero esta burda copia hispana no hace más que confirmar y corroborar la misma línea filosófica que impregna la actual despenalización, que se basa en la negación del derecho de las mujeres a decidir, libre y responsablemente, sobre su maternidad.

La absoluta medicalización a que se constriñe la actual despenalización parcial del aborto, se ve ampliada con este impropiamente denominado cuarto supuesto, puesto que se deriva, una vez más, al criterio médico la posibilidad de acceso a IVE. Los preceptivos informes médicos que, hasta ahora, en la mayoría de los casos habían de remitirse a la salud psíquica de la embarazada, ahora podrán hacerlos a su "estado de angustia o ansiedad". Así pues, si la decisión de la mujer no contaba ni contará para nada en la modificación que se pretende, ésta continuará siendo tratada como una discapacitada mental.

La modificación propuesta por el Gobierno, aumenta todavía más si cabe, la inseguridad jurídica que pesa sobre los profesionales que practican abortos y sobre las mujeres que acceden al mismo, puesto que "el estado de angustia o ansiedad", además de su ambigüedad, sin parangón en todo el articulado del Código penal, continúa haciendo recaer sobre la subjetividad del médico, el derecho de toda mujer a no proseguir con un embarazo no deseado, pero también el derecho de toda persona o asociación a emprender acciones judiciales contra clínicas o profesionales que practican interrupciones voluntarias de embarazo.

La cruzada emprendida por las asociaciones pro-vida, contra clínicas, profesionales sanitarios así como contra las mujeres que abortan, van a continuar y con más facilidad, si cabe, a tenor del contenido literal de la modificación propuesta. En última instancia, la criminalización de lo que debería ser considerado un derecho de las mujeres, hace que pese sobre la judicatura la definición de algo tan ambiguo u subjetivo como es el "estado de angustia o ansiedad de la embarazada".

No parece, por otra parte, que éste cuarto supuesto sea un incentivo para los profesionales que practican abortos legales en hospitales públicos, con las dificultades asistenciales y las imposiciones jerárquicas a las que se ven sometidos. En su consecuencia, el refugio "a la cláusula de conciencia", propicia la existencia de clínicas privadas que obtienen pingües beneficios a costa de las mujeres que no encuentran respuesta en la sanidad pública.

Este, reiteramos mal denominado cuarto supuesto, tampoco resuelve la realidad del aborto en este país, ni de los colectivos de mujeres más desprotegidos como las adolescentes y las mujeres mayores que, en un caso por negación y miedo y, en el otro, por confusión, pueden necesitar el acceso al IVE en momentos más avanzados en la gestación.

Esta política de privatización de las IVE, ha propiciado que sólo un 3% del total de abortos se realicen en la sanidad pública y que estos sean, en la mayoría de casos, los de alto riesgo, tales como los embarazos de más de doce semanas y malformaciones fetales.

En definitiva, el Gobierno nos propone una modificación del actual artículo 417 bis del Código Penal que ignora no sólo las diversas propuestas que, desde muy diversos sectores se han efectuado en los últimos años, sino que continúa ignorando la segunda recomendación contenida en la Resolución (75) 29, sobre la "Legislación relativa a la fecundidad y a la planificación Familiar" que adoptó el Comité de Ministros del Consejo de Europa, el 14 de noviembre de 1975, que recomienda a los gobiernos de los Estados miembros: " "de permettre à toutes les personnes qui le désirent d'obtenir les Informations et les moyens voulus pour déterminer librement en toute responsabilité le nombre de leurs enfants et l'espacement des naissances".

Por todo ello este VI Congreso Nacional de Mujeres Abogadas, celebrado el 19, 20 y 21 de noviembre del presente año, en Zaragoza, ha resuelto pronunciarse en contra de la modificación propuesta por el Gobierno, con relación a la despenalización parcial del aborto, que regula el actual artículo 417 bis del Código penal y emprenderá todas aquellas acciones que crea oportunas para informar a la opinión pública de la presente resolución, así como para presionar a las instancias públicas pertinentes, para que se reconozca efectivamente el derecho de toda mujer a decidir sobre su maternidad. Igualmente ha resuelto la creación de una comisión para el seguimiento de la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley.

F.- EN RELACIÓN CON EL RACISMO Y LA XENOFOBIA

El plenario quiere manifestar su profunda repulsa y preocupación ante los hechos acontecidos en Aravaca y Gerona que ponen de manifiesto actitudes racistas y xenófobas, totalmente condenables en una sociedad que debe tener como presupuestos básicos la tolerancia y la convivencia.

Denunciamos la permisividad de los poderes públicos ante estas conductas sociales y exigimos la toma de medidas que haga inviable que estos hechos puedan volver a producirse.

G.- SOBRE LOS JUICIOS DE FALTAS Y LA ASISTENCIA DEL MINISTERIO FISCAL

Ante la preocupación suscitada en los medios jurídicos por la práctica habitual en algunos Juzgados, de la no asistencia del Ministerio Fiscal a los Juicios de Faltas, en virtud de la reciente Ley 10/92, de 30 de abril del presente año, artículo sexto apartado 6 y la Circular del Fiscal General del Estado, derivada de aquélla, con el resultado de la total indefensión de los justiciables, exigimos la presencia del Ministerio Fiscal en dichos procedimientos.

H.- EN RELACIÓN CON LA DELINCUENCIA FEMENINA.

No existe, como ha pretendido hacerse ver, escalada de delincuencia femenina, producto del influjo sobre la mujer de los principios liberales emancipadores propugnados por los movimientos de liberación de la mujer. No se ha producido a consecuencia de la mayor emancipación aumento de la criminalidad si bien sí incide en el tipo de criminalidad.

Zaragoza, a 21 de noviembre de 1992