Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas

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XXVI Congreso Estatal de Mujeres Abogadas - León 2014

“Litigio estratégico: Defensa de los derechos humanos de las mujeres”

CONCLUSIONES DEL TALLER ”ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES: UNA PERSPECTIVA FEMINISTA”

1. Reconocer y agradecer a todas las abogadas, activistas de derechos humanos, juristas, investigadoras y académicas su trabajo de promoción y defensa de los derechos de las mujeres y de incorporación de la perspectiva de género feminista al ejercicio del Derecho, y manifestar nuestra solidaridad de género hacia todas las mujeres del mundo que sufren la violación de sus derechos humanos.

2. Denunciamos la existencia de mitos, falsedades, nociones estereotipadas nocivas, y estereotipos de género dañinos en la aplicación del Derecho; y que dichos estereotipos de género afectan el acceso a la justicia y el derecho de las mujeres a un proceso judicial imparcial. En concreto, denunciamos la trascendencia nociva de los siguientes:

  1. El desdoblamiento de la identidad de la persona del agresor; una identidad de padre, y otra, de pareja, traducida en la siguiente noción: “es mala pareja, pero buen padre”
  2. Interpretación restrictiva de la “violencia de género”, limitándola por su gravedad o el ámbito en que desarrolla.
  3. Los niños y niñas no son consideradas víctimas directas de la violencia de género.
  4. La presunción de la bondad de la relación paterno filial, con independencia de la situación de violencia, y la aplicación perversa del “interés superior del menor”.
  5. El estereotipo de género de lo que “debe ser” una madre; y las consecuencias que ello genera.
  6. Una perversa interpretación del principio de igualdad: se esgrime contra las mujeres el derecho de igualdad de los hombres, cuando partimos desde una clara situación de desigualdad.
  7. La solicitud por parte de las mujeres de la interrupción o denegación de los derechos de visita y/o custodia y/o pensión alimenticia es interpretada como que se están buscando ventajas en vez de considerarla como el ejercicio de los derechos de las mujeres y de los niños y las niñas.
  8. El doble rasero y absoluta desproporción en la exigencia de obligaciones y responsabilidades hacia las mujeres y reconocimiento de derechos a los hombres.
  9. En especial, el daño de aquéllos estereotipos que afectan a la credibilidad del testimonio de la víctima, y en concreto,
  • Para aquéllas mujeres que solicitan asilo por motivos de persecución por razón de género, se supone que “mienten para conseguir algo”, por lo que se reduce su credibilidad, alegando que buscan ventajas cuando están ejercitando su legítimo derecho de asilo. Este estereotipo de la “señora mentirosa” es especialmente dañino en el momento de estudio de la admisión a trámite de su solicitud de asilo, ya que no se valora si existen indicios de la persecución sino que se entra a valorar el fondo de la cuestión, para luego inadmitir a trámite por la falta de “credibilidad de la historia”.
  • El estereotipo de que “la mujer verdaderamente maltratada no denuncia”.
  • Especial incidencia de dichos estereotipos en los informes de los Equipos Psicosociales y atención de los Servicios Sociales.
  • Y que todos estos estereotipos perjudiciales se agravan en caso de las mujeres migrantes y/o o minorías étnicas.
  • En el ámbito PENAL: La denuncia del rápido aprendizaje por parte del maltratador de estrategias para el aprovechamiento de las brechas abiertas en el tratamiento recibido por los tribunales y administración pública, denominada “violencia de género por poderes”.
  • En el ámbito CIVIL: Que se supriman expresiones sexistas como: La del “buen padre de familia” en el Código Civil (arts. 1094, 1104, 1788, 1801, 1867, 1903 CC) que proponemos sea sustituida por la expresión “persona razonable”; La de “patria potestad”, por la de “responsabilidad o potestad”.
  • En el ámbito LABORAL: Denunciamos el mito de que “la igualdad ya se ha logrado”, y en concreto, en la supuesta existencia de igualdad de acceso al trabajo, igualdad de oportunidades y de condiciones laborales. La supuesta igualdad en el acceso a la educación, que trasciende en el acceso a las oportunidades laborales.
  • Todos los estereotipos de género mencionados constituyen una barrera en el acceso a la justicia, y denunciamos la perpetuación de los mismos por parte de los Poderes públicos que están llamados a reconocerlos.

3. Exigimos el cumplimiento en todos sus términos del dictamen del Comité de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) contra España (caso Ángela González Carreño de fecha Julio de 2014) puesto que a día de hoy han transcurrido más de 100 días desde la notificación del mismo y queda constatado su falta de cumplimiento.

4. Reclamamos la máxima difusión en Colegios profesionales, Consejo General de la Abogacía Española, Consejo General del Poder Judicial y Tribunales de la CEDAW (y su Protocolo Facultativo), el Convenio de Estambul, así como los informes y dictámenes relativos a España en la CEDAW y de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (“TEDH”), en concreto de la relativa a derechos de las mujeres, así como de las condenas a España.

5. Nos adherimos al Informe Sombra de la CEDAW (Junio de 2014) presentado por la Plataforma del Informe Sombra a la CEDAW.

6. Exigimos la ratificación por España de la Convención de derechos de trabajadores migrantes (sic, personas trabajadoras migrantes) y del Convenio de la OIT nº 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos (sic).

7. Solicitamos la utilización de lenguaje no sexista en los Protocolos, Convenios, Recomendaciones, Resoluciones de organismos internacionales y Sentencias del TEDH.

8. Reivindicamos el equilibrio de género en la composición del TEDH.

9. Requerimos que las sucesivas candidaturas españolas para puestos en el TEDH sean de mujeres (como mínimo, para los siguientes seis puestos a cubrir), ya que hasta ahora los seis jueces nombrados a propuesta de España, han sido todos hombres.

10. Reivindicamos la necesidad del equilibrio de género en los nombramientos de los puestos para jueces de enlace.

11. Denunciamos el peligro de la incorporación del criterio del “margen de apreciación” en el Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales(“Convenio Europeo de Derechos Humanos”), al carecer de justificación normativa y no estar dotado de contenido, y dado que puede resultar restrictivo para la interpretación de los derechos de las mujeres.

12.Solicitamos al TEDH que entre a valorar, siempre que se le solicite, si ha habido violación del artículo 14 (prohibición de discriminación).

13.En relación a la ejecución de las Sentencias dictadas por el TEDH, denunciamos el retroceso que representa el Acuerdo del Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de Octubre de 2014, sobre la necesidad de acudir al recurso de revisión para ejecutar aquéllas Sentencias TEDH que “aprecien la violación de derechos fundamentales de un condenado por los Tribunales españoles”, puesto que el art. 46 del Convenio (tras su reforma por el Protocolo 14), es claro respecto a la obligación de los Estados de acatar las resoluciones del TEDH.

14. Dada la reciente entrada en vigor (1 de agosto de 2014) del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (o “Convenio de Estambul”), reclamamos del Estado español, su aplicación y cumplimento, y muy en especial:

  • Del art. 4.3. la aplicación sin discriminación “basada en particular en el sexo, el género, la raza, el color, la lengua, la religión, las opiniones políticas o cualquier otra opinión, el origen nacional o social, la pertenencia a una minoría nacional, la fortuna, el nacimiento, la orientación sexual, la identidad de género, la edad, el estado de salud, la discapacidad, el estado civil, el estatuto de emigrante o de refugiado (sic), o cualquier otra situación”
  • Del art. 12, en cuanto a la obligación contraída de tomar las medidas necesarias para “promover los cambios en los modos de comportamiento socioculturales de las mujeres y los hombres con vistas a erradicar los prejuicios, costumbres, tradiciones y cualquier otra práctica basada en la idea de la inferioridad de la mujer o en un papel estereotipado de las mujeres y los hombres”, y en concreto en lo que se refiere a la publicidad sexista.
  • Del art. 16, sobre los programas preventivos de intervención y “tratamiento”;
  • respecto del término “tratamiento”: consideramos más adecuado denominarlo “reeducación” y siempre que sea útil, voluntaria, de duración y con adecuado seguimiento por Equipos Médicos – Psicológicos;
  • que en ningún caso dicho programa de “reeducación” suponga sustitución de la pena;
  • nuestra conformidad con dichos programas de reeducación, siempre y cuando eso no signifique la retirada o reasignación de recursos que de otro modo serían asignados a programas de atención a las víctimas (ya que siempre debe primar la protección de la víctima).
  • En relación a la composición del Grupo de Expertos (sic, expertas) en la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (“GREVIO”): la Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas pide ser consultada en la presentación de candidaturas, así como en el nombramiento y la elaboración del reglamento de dicho organismo.

15. Consideramos necesario que los organismos internacionales brinden protección efectiva a las mujeres que se encuentren en situación de riesgo, cuando no hayan obtenido protección de las autoridades nacionales, por lo que instamos a la concreción de que lasprevistas para el GREVIO en el Convenio de Estambul (arts. 68, 13, 14 y 15) puedan llevarse a cabo en casos de comunicaciones individuales. De no ser así, instamos a los Estados, a elaborar un instrumento internacional, similar al previsto en el Protocolo facultativo de la Convención europea contra la tortura, que permita al correspondiente órgano de supervisión realizar visitas y recomendaciones al caso concreto para eliminar la situación de riesgo.

16. Exigimos el nombramiento de mujeres en el Tribunal Supremo por parte del Consejo General del Poder Judicial, en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y habida cuenta de que no existe equilibrio de género en la composición del mismo.

17. Denunciamos la restrictiva interpretación por parte del Tribunal Constitucional de la “especial transcendencia constitucional” puesto que las vulneraciones de derechos humanos de las mujeres la tienen para la admisión del recurso de amparo.

18. Denunciamos re-victimización (o victimización secundaria) de las mujeres víctimas de violencias y que ejercen sus derechos, por parte de los poderes públicos y en concreto:

  • Las dilaciones indebidas en el acceso a la justicia y a un recurso efectivo.
  • Exigimos que se otorguen las ayudas económicas a las víctimas por su falta de recursos, y que no se vinculen en al inicio de procedimientos penales y/o a su resultado.

19. Denunciamos la violencia económica ejercida sobre las mujeres viudas mayores, discriminadas en la normativa sobre pensiones, y la falta de tutela judicial efectiva por la inaplicación por parte de los Tribunales de la ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que las considera un colectivo en situación de especial vulnerabilidad.

20. Denunciamos la falta de reparaciones adecuadas, inexistencia de indemnizaciones integrales y proporcionales a la gravedad de los derechos conculcados, así como la falta de garantías de no repetición cuando se vulneran los derechos humanos de las mujeres.

21. Solicitamos la adecuada sensibilización y formación de género de todos los operadores jurídicos, en todos los ámbitos y en todo tipo de funciones.

22. Exigimos que se garantice el acceso efectivo a la justicia gratuita y la eliminación de las tasas judiciales, en un contexto de feminización de la pobreza y en pro de la tutela judicial efectiva de las mujeres.

23. Denunciamos en el Consejo General del Poder Judicial, la separación de funciones de la Comisión de Igualdad de Mujeres y Hombres y el Observatorio Violencia Género, y la pérdida absoluta del enfoque de género de dichos organismos.

24. Lamentamos la inasistencia de la Directora del Instituto de la Mujer y de la nueva Comisaria europea de Justicia, Consumo e Igualdad de Género, al Foro Beijing +20 de la Región Europea ECE en Noviembre de 2014, y demandamos que de aquí a Septiembre de 2015 involucren en la reactivación de la Plataforma de Acción al Gobierno y a las organizaciones de mujeres de España y de la UE.

 

CONCLUSIONES DEL TALLER ”ABORTO”

PRIMERA-. El congreso estatal de mujeres abogadas viene defendiendo, desde su constitución, el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad; por ello, nos congratulamos de la retirada del proyecto de ley del aborto.

SEGUNDA-. Seguimos considerando inadmisible que se mantenga en el Código Penal la interrupción voluntaria del embarazo porque convierte a la mujer que aborta en una delincuente. En consecuencia: seguimos exigiendo la despenalización del aborto y que la interrupción voluntaria del embarazo sea practicada de forma libre, gratuita y condicionada a la sola decisión de la mujer.

TERCERA-. Recordamos que la interrupción voluntaria del embarazo es un acto personalísimo que nunca en el caso de las mujeres menores de 16 y 17 años, debe quedar sujeta a la autorización de los progenitores.

CUARTA-. Para garantizar el ejercicio efectivo de ese derecho en una sanidad pública, exigimos que en la convocatoria de plazas públicas se requiera como requisito para optar y acceder a las mismas que la persona candidata no se ampare a la objeción de conciencia para luego no practicarlos.

QUINTA-. Exigimos la supresión del periodo de reflexión dado que no se exige en ningún otro acto médico.

SEXTA-. La información que se entrega a la mujer que decide llevar a cabo la interrupción voluntaria del embarazo es únicamente relativa a cuestiones económicas que busca animar a la mujer a cambiar la decisión lo que resulta a todas luces carente de sentido.

 

CONCLUSIONES DEL TALLER ”CUSTODIA COMPARTIDA”

1ª La custodia repartida impuesta judicialmente perjudica claramente los intereses de l@s y los hijos y, especialmente, si son menores de 7 años. Por ello el litigio estratégico puede ser un instrumento para la defensa de sus intereses.

Nos ratificamos en las conclusiones en este sentido aprobadas en el XVII y en el XXIV Congreso Estatal de Mujeres Abogadas. Tal y como recogimos en el CEMA de Valladolid de 2004: “La 14 sesión plenaria de naciones unidas ya proclamó: el niño para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad necesita amor y comprensión … /… salvo circunstancias excepcionales no debe separarse al niño de corta de edad de la madre”.

2ª Denunciamos que la petición de la guarda y custodia repartida impuesta es utilizada por los hombres como instrumento primero de presión y luego como medio de consecución de objetivos de naturaleza económica y de control tras la ruptura, tras haber constatado que es mínimo el número de varones que solicitan la guarda y custodia exclusiva para sí.

3ª Teniendo en cuenta que lo prioritario es el interés del menor, este, y no otro, debe ser el eje de la contienda judicial. Considerando por tanto imprescindible que la práctica anterior a la ruptura sea determinante a la hora de establecer el modelo de custodia, como hacen los países de nuestro entorno y la reciente Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

4ª Es falso que la regla general en Europa sea la custodia compartida. Lo general es que, igual que aquí, la autoridad parental (patria potestad, joint custody) la sigan compartiendo ambos progenitores, pero el cuidado diario o la tenencia (guarda y custodia) sea atribuida a uno de los dos.

5ª Teniendo en cuenta la especial relevancia de la lactancia materna y el derecho de la madre a optar por ella, deberá respetarse en cualquier resolución que afecte a un menor sujeto a la misma.

6ª Reiteramos que el SAP que inventó Gardner “no tiene ningún fundamento científico y sí entraña graves riesgos su aplicación en la corte judicial” tal y como denunció la Junta Directiva de Asociación Española de Neuropsiquiatría y el CGPJ.

7ª En aras a una correcta tutela judicial efectiva, exigimos:

- Una motivación de las sentencias argumentada en derecho, mediante el recurso al sistema de fuentes establecido, tal como dispone el art 1.7 del Código Civil, lo que se deriva de la sumisión de los jueces a la Ley, establecida en el art.117.1 de la Constitución Española.

- La grabación de las exploraciones de los menores, de las entrevistas que realizan los equipos psicosociales y las actuaciones de los Magistrados, previas a las vistas, en orden a lograr el acuerdo entre las partes.

8ª Teniendo en cuenta los estudios realizados en los países de nuestra órbita sobre los perjuicios que para l@s menores puede provocar su “residencia alterna”, estimamos que los mismos pueden ser considerados daños indemnizables provocados por error judicial y/o por funcionamiento anormal de la administración de justicia previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial por responsabilidad patrimonial del estado.

9ª La importancia de acudir al TEDH viene determinada por la existencia de la establecida jurisprudencia según la cual, una sentencia constatando una violación conlleva para el estado demandado la obligación de poner término a la violación y de eliminar sus consecuencias reparando a la parte perjudicada con una satisfacción equitativa.

 

CONCLUSIONES DEL TALLER ”EXPLOTACIÓN SEXUAL DE LAS MUJERES: TRATA Y PROSTITUCIÓN”

PRIMERA.- Reivindicamos la plena vigencia y aplicación en el Estado Español de las obligaciones contenidas en el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena de 1949.

SEGUNDA.- Asumimos íntegramente y reiteramos las conclusiones aprobadas en materia de trata y prostitución en los Congresos de esta Coordinadora celebrados en los años 2002 y 2005 (www.cemabog.org).

TERCERA.- Denunciamos que desde el 6 de Abril de 2013, el Estado Español está incumpliendo su obligación de transponer a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2011/36/UE, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas. Según la exposición de motivos del proyecto de ley del Estatuto de la Víctima del delito, se pretende efectuar la transposición mediante la aprobación de este Estatuto. Sin embargo, su aprobación, en los términos contenidos en el proyecto, tergiversaría el texto de la Directiva y supondría el incumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado Español en cuanto a la prevención, protección, asistencia y reparación de las mujeres víctimas de trata.

CUARTA.- En cuanto al Proyecto de Ley del Estatuto de la víctima del delito, exigimos que en su tramitación parlamentaria, se suprima el artículo 35 porque discrimina a las mujeres y supone el ejercicio de violencia contra las mismas perpetrado por el propio Estado, produciendo su revictimización. (art. 2.c Resolución 48/104 de 20 Diciembre de 1993 de la Asamblea General de Naciones Unidas).

QUINTA.- Exigimos la retirada del Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, y en todo caso la supresión del segundo párrafo de su artículo 36.11 por suponer una vuelta a la Ley de vagos y maleantes y la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, incumpliéndose las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado Español en materia de trata de personas.

SEXTA.- Denunciamos la ausencia de datos estadísticos relativos a las solicitudes de protección internacional efectuadas por mujeres víctimas de trata y exigimos su elaboración y publicación al Ministerio del Interior, con el fin de poder adoptar las medidas de prevención, protección, asistencia y reparación a las que el Estado Español viene obligado.

SEPTIMA.- Denunciamos la resistencia de las Autoridades Españolas a conceder el asilo a las mujeres víctimas de trata.

OCTAVA.- Exigimos la inclusión en el artículo 177.1 bis del Código Penal de “el secuestro” y “la oferta o aceptación de pagos o ventajas para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra”, conforme a lo establecido en la normativa internacional vinculante en materia de trata de personas.

NOVENA.- En el enjuiciamiento del delito de trata de mujeres, constatamos que el Ministerio Fiscal viene acusando del tipo básico del artículo 177.1 bis CP, pese a darse los requisitos del tipo agravado por pertenencia a una organización delictiva. Instamos al Fiscal General del Estado para que dicte las oportunas instrucciones a fin de que la acusación, se haga por el tipo agravado en cumplimiento del principio de legalidad.

DECIMA.- Exigimos que el artículo 177.1 bis CP se aplique por los Tribunales en sus propios y estrictos términos, como un delito de riesgo (finalidad) y no de resultado.

UNDECIMA.- Resulta escandaloso el criterio interpretativo establecido por el Tribunal Supremo en su Sentencia 445/2008 acogido por el Fiscal General en su Circular 5/2011, que supone la “derogación” del artículo 188.1 CP y en la práctica, la impunidad de los proxenetas, propietarios de locales de “alterne”, medios de comunicación que publicitan la prostitución, etc.

DUODÉCIMA.- Siguiendo esta lamentable jurisprudencia, el proyecto de reforma del Código Penal (artículo 187 del Proyecto) establece la impunidad de proxenetas, propietarios de locales de “alterne”, medios de comunicación que publicitan la prostitución, etc. Exigimos la vigencia y aplicación del actual artículo 188 CP.

DECIMOTERCERA.- Exigimos la integración en nuestro ordenamiento interno de los conceptos de violencia del Convenio de Estambul, vigente en el Estado Español desde el 1 de Agosto de 2014.

DECIMOCUARTA.- Constituye un flagrante delito contra los derechos humanos de las mujeres que el Gobierno esté dando cobertura legal a la prostitución por motivos exclusivamente económicos, lo que se evidencia con la inclusión y contabilización en el Producto Interior Bruto de los recursos obtenidos con el producto de la explotación sexual de las mujeres.

León, 16 de noviembre de 2014