Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas

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XXV Congreso Estatal de Mujeres Abogadas - Barcelona 2013

“Las agresiones a las mujeres”

CONCLUSIONES DEL TALLER ”LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN EL ÁMBITO PENAL 25 AÑOS DESPUÉS: AVANCES Y RETROCESOS”

La coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas tras estudiar durante los últimos 25 años tanto los cambios legislativos que se han venido produciendo como la aplicación de la ley que realizan los Tribunales de Justicia debemos seguir denunciando las siguientes prácticas:

La exigencia por parte de algunas Audiencias Provinciales de  la concurrencia del “matiz machista” para aplicar los artículos 153.1 y 2 del Código Penal lo que entra en clara contradicción con la redacción del artículo y el espíritu de la Ley.

La equiparación jurídica de las mujeres con descendencia a aquellas que no la tienen, en el sentido de que estas últimas puedan solicitar medidas civiles en el marco del procedimiento penal.

La nula credibilidad que los Tribunales dan a las víctimas de violencia de género en la mayoría de los casos lo que conlleva la no concesión de la orden de protección si no se cuenta con un parte de lesiones y sitúa a las victimas de estos delitos permanentemente bajo sospecha de engaño.

La no adopción de medidas para evitar la confrontación entre agresor y víctima en numerosos Juzgados, obligando a las victimas de violencia de género a compartir los mismos espacios en los tribunales de Justicia.

La falta de iniciativa por parte del Ministerio Publico para instar diligencias de investigación complementarias para lograr una correcta instrucción.

La reticencia de la mayoría de los tribunales de justicia a considerar la influencia de la situación de violencia en la que vive la familia a la hora de adoptar medidas civiles.

La nula o mínima concesión de órdenes de protección cuando se trata de violencia psicológica o delitos contra la libertad porque su concesión queda siempre condicionada a la existencia de un parte de lesiones.

La reticencia de los Jueces y Juezas a adoptar la medida de suspensión del régimen de visitas en el marco de la orden de protección cuando los y las menores presencien actos de violencia contra sus progenitoras.

La falta de la específica formación en género que exige la ley Integral en los operadores jurídicos que puedan estar en contacto con las victimas de violencia de género.

La invisibilidad de la violencia psíquica y física habitual dada su tramitación generalizada  como juicio rápido lo que imposibilita una correcta instrucción de estas causas.

La poca o nula consideración que para algunos tribunales de Justicia tienen los informes emitidos por los Equipos Técnicos especializados de los Centros de Información a la Mujer y otros Servicios prestados por Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

El incumplimiento del artículo 20 de la Ley Integral dado que las victimas de violencia de género no siempre cuentan con asesoramiento jurídico especializado previo y posterior a la interposición de la denuncia.

El trato que se presta a las victimas de violencia de género en todas las fases del procedimiento constatando que siguen teniendo menos garantías que los imputados, acusados y condenados por estos delitos.

La no puesta en marcha, tal y como se concibieron en la Ley Integral las unidades de valoración del riesgo, existiendo en la actualidad lugares donde no se han creado y mucha disparidad de criterios en su composición.

La falta de aplicación del contenido y alcance del art. 69 de LOVG que permite no dejar desprotegidas a las victimas desde que se dicta sentencia hasta la notificación de la misma al condenado o mientras se tramitan los recursos de las partes.

Dado el incremento de las sentencias que fijan prestaciones económicas, que evidencian violencia económica contra las mujeres, debemos exigir que se deduzca testimonio de las actuaciones por parte de los Juzgados de lo civil que tengan conocimiento de procedimientos de ejecución por impago de pensiones alimenticias y compensatorias.

Asimismo también consideramos imprescindibles las siguientes REFORMAS DE LA LEY VIGENTE:

La supresión del condicionamiento a la obtención de la Orden de Protección o al informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es victima de violencia de genero para obtener las ayudas sociales.

La concurrencia o no de la situación objetiva de riesgo no debe condicionar la concesión de medidas civiles si el procedimiento penal continua abierto, instando al legislador a articular la concesión de medidas civiles de modo independiente a la obtención o no de la orden de protección.

La reforma urgente de la LECRIM para que los y las menores, víctimas o testigos, declaren en presencia expertos, grabadas en video, en el momento más próximo a la realización de los hechos y con intervención de todas las partes personadas evitando  la ratificación de las y los menores en el juicio oral.

La eliminación de la figura de delito continuado en los atentados contra la libertad e indemnidad sexual equiparándolos al resto de delitos contra bienes jurídicos eminentemente personales, para una efectiva proporcionalidad en la aplicación de las penas, sin que quepa su condicionamiento actual a la naturaleza del hecho y al precepto infringido.

El establecimiento de un baremo objetivo de indemnizaciones por daños morales en estos delitos.

La eliminación tanto del art. 191 como del art. 228 del Código Penal en cuanto condiciona la perseguibilidad de los delitos de agresiones, abuso o acoso sexual e impago de pensiones a la denuncia de parte, su representante legal o querella del Ministerio Fiscal.

La inclusión en el art. 227 del código penal, como pena accesoria, la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad en aquellos casos que se vean afectados los intereses de los hijos e hijas sujetos a la misma.

Ante la REFORMA DEL CODIGO PENAL anunciada por el Ministerio de Justicia debemos poner de manifiesto la inseguridad jurídica y la discriminación en razón del territorio que se deriva de dejar al arbitrio judicial la inclusión o no como punibles de determinadas conductas. Por tanto la supresión de las faltas requeriría una mayor precisión y graduación de las conductas en los tipos delictivos.

Nos parece positivo el establecimiento como excepción a la continuidad delictiva contemplada en el art. 74 del Código Penal las ofensas contra la indemnidad o libertad sexual ya sin ninguno de los condicionamientos de la legislación actual.

Denunciamos que no se están realizando tratamientos específicos y eficaces de rehabilitación y por tanto exigimos que se priorice el fin rehabilitador de la pena.

La propuesta de libertad vigilada que se incluye en el proyecto de código penal podría ayudar a cubrir el vacío legal existente en los casos de violencia de género y contra la libertad e indemnidad sexual, en los que durante el cumplimiento de la pena no se hubiera conseguido la rehabilitación, y entendemos que a través de dicha medida debería prorrogarse el tratamiento rehabilitador.

Mostramos también nuestra preocupación ante la inseguridad jurídica que provocaría la nueva regulación del estupro, la terminología que se utiliza, y la indefinición de los tipos delictivos que contiene el Proyecto.

Por último, teniendo en cuenta que desde nuestra constitución hace 25 años venimos defendiendo el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad y a disponer de su propio cuerpo.

Consideramos inadmisible que se mantenga en el código penal la interrupción voluntaria del embarazo que convierte a la mujer que aborta en una delincuente.

Por ello debemos seguir exigiendo la despenalización del aborto y que este sea practicado de forma libre, gratuita y condicionado a la sola decisión de la mujer.

Así, ante el anuncio del ministro de justicia de restringir aún más la IVE denunciamos que esto supone un retroceso de 30 años en los derechos de las mujeres que las abocaría de nuevo a la persecución penal y a una práctica en la clandestinidad que atenta contra su salud.

 

CONCLUSIONES DEL TALLER “LA PRECARIZACIÓN DE LAS CONTRATACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL”

El Parlamento europeo en Resolución de 13 de marzo de 2012 (2011/2244(INI) consideró que en época de crisis económica, el refuerzo de la posición de las mujeres en el mercado laboral y de su independencia económica no es solo un imperativo moral sino, también, una necesidad económica; que la Estrategia Europea 2020 incluye como objetivo principal alcanzar una tasa de empleo del 75% para mujeres y hombres con edades comprendidas entre los 20 y los 64 años.

También consideró que se espera que los recortes del gasto público tengan un impacto desproporcionado en el empleo y en el diferencial salarial de las mujeres, ya que hay muchas más mujeres que hombres trabajando en el sector público; que los sectores particularmente críticos en los que predominan las mujeres son el sanitario, la enseñanza y el de los cuidados sociales; que es importante prestar atención no sólo a las tasas de empleo sino, también, a que se garanticen la igualdad en el marco de las condiciones y de la calidad de empleo, incluidas las oportunidades profesionales y salariales.

Los recortes presupuestarios en servicios sociales, como los de atención infantil, dificultan en mayor medida la participación de la mujer en el mercado laboral.

Consideran también que, el acceso a los servicios de atención infantil y de asistencia a las personas mayores y a las personas dependientes es esencial para lograr una participación en igualdad de condiciones de las mujeres y de los hombres en el mercado laboral, la educación y la formación; considerando que las personas que dispensan cuidados a domicilio siguen siendo objeto de discriminaciones dado que sus años de trabajo siguen sin tenerse en cuenta para el cálculo de las pensiones de jubilación y otros beneficios.

En consecuencia de estas y otras importantes consideraciones, el Parlamento europeo pide a los Estados miembros que adopten medidas para establecer sistemas de seguridad social personalizados con el propósito de aumentar la autonomía personal de la mujer y su posición en la sociedad.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que evalúen las repercusiones de la crisis económica y financiera desde la perspectiva de la dimensión del género por medio de evaluaciones de impacto sobre la igualdad de género y medidas presupuestarias posteriores que tengan en cuenta esta dimensión de género.

Pide a los Estados miembros y a la Comisión Europea que adopten medidas adecuadas para reducir las diferencias entre las pensiones de los hombres y de las mujeres como consecuencia directa de las diferencias de retribución entre hombres y mujeres, y que evalúen el impacto de los nuevos sistemas de pensiones en las diferentes categorías de mujeres, prestando particular atención a los contratos a tiempo parcial y atípicos.

Coincidimos plenamente con estas consideraciones y esta Coordinadora Estatal constata también que: los efectos de la crisis afectan negativamente a las mujeres de manera significativa por la pérdida de empleo, la precariedad en las contrataciones, la rebaja en los salarios, el deterioro de las relaciones laborales, la vuelta al hogar y, finalmente, como consecuencia de ello, la reducción de las prestaciones, tanto actuales como futuras.

A estas alturas entendemos que el gobierno es perfectamente consciente del impacto negativo que sobre las mujeres están teniendo las modificaciones legislativas, aplicadas desde el inicio de la crisis en materia laboral y de la seguridad social, y vienen maquillando los informes de impacto de género que acompañan a cada uno de los Reales Decreto Legislativos que se aprueban, poniendo de manifiesto de forma insistente que dicha normativa no contiene impacto de género porque no discrimina, lo que después de aprobada la ley de igualdad (L.O. 3/2007) es inadmisible de todo punto.

Denunciamos el impacto negativo que supone sobre las mujeres las recientes modificaciones legislativas en materia de contratos de trabajo, llevadas a cabo todas ellas por Real Decreto Ley, lo que nos lleva a cuestionar su legitimidad democrática.

A pesar de establecerse ciertas bonificaciones para la contratación de las mujeres, sus efectos son puramente estéticos, sin incidencia real.

Denunciamos el abuso de la contratación a tiempo parcial (más del 61 % de mujeres son contratadas bajo esta modalidad)

a) Es aberrante que la nueva regulación del contrato a tiempo parcial, permita la posibilidad de realización de horas extraordinarias.

b) Tuvo que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencia de 22 noviembre de 2012) quien concluyó que la legislación española, en materia de pensión de jubilación, derivada del trabajo a tiempo parcial era discriminatoria.

En consecuencia, El TC, no tuvo más remedio, al resolver la cuestión planteada por el T.S.J de Galicia sobre este particular (sentencia 61/2013, de 14 de marzo) que declarar inconstitucional y nula la regulación de la cotización a tiempo parcial, por entender vulnerado el art. 14 de la Constitución “tanto por lesionar el derecho a la igualdad, como también, a la vista de su predominante incidencia en el empleo femenino, por provocar una discriminación indirecta en razón de sexo”.

c) De nuevo el gobierno burla estas resoluciones judiciales, mediante un RD Ley (11/2013). Consideramos que en la nueva regulación persiste la discriminación, que no cesará en tanto no se equipare el día trabajado a día cotizado. Esta es nuestra reivindicación constante desde el año 1999.

Las mujeres representamos el 92% de los cuidadores familiares que perciben prestaciones derivadas de la Ley de Dependencia. Denunciamos que al amparo de la crisis económica, sus prestaciones se han reducido en, al menos, un 15 %, suprimiéndose la cotización a la Seguridad Social que había sido asumida por el Estado (IMSERSO), siendo ahora voluntaria y a cargo de la cuidadora, a partir del 1 de Enero de 2013. Consecuencia: 180.000 mujeres vuelven a la invisibilidad laboral.

En nuestro XXIV Congreso nos congratulamos por la inclusión en el régimen general de la seguridad social, a través de un sistema especial, de los empleados y empleadas de hogar. Un nuevo Real Decreto Ley, (29/2012) modifica esta legislación para empeorarla: ahora, quienes presten sus servicios durante menos de 60 horas mensuales, si así lo acuerdan con el empleador/a, deberán realizar sus propias solicitudes de altas y bajas en el sistema, y además, serán ellas las responsables de la obligación de cotizar. Consecuencia: de nuevo su invisibilidad laboral.

Por último, instamos a todos los poderes ejecutivos y legislativos a legislar mejor, en consonancia con el acuerdo interinstitucional adoptado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 31 de diciembre de 2003, hace ya 10 años, referido a la importancia de evaluar el impacto social de género previo a la aprobación de cualquier norma, para remover los obstáculos que imposibilitan la consecución de la igualdad real y efectiva. Los efectos de no hacerlo son devastadores.

 

 

CONCLUSIONES DEL TALLER DE CIVIL “NUEVAS FORMAS DE FAMILIA”

1.- Ratificamos íntegramente la totalidad de las conclusiones alcanzadas del XXIV Congreso en el taller denominado: “¿Custodia Compartida o interés del/la menor?:

CUSTODIA COMPARTIDA NO ES SINÓNIMO DE INTERÉS DEL MENOR

Consideramos que el interés del menor requiere una solución individualizada a cada situación y éste se ve vulnerado si legalmente se impone algún sistema como preferente.

La custodia compartida no es lo mismo que custodia repartida. La primera implica voluntariedad y consenso, imposibles en un procedimiento contencioso, por lo que imponerla es contrario al interés del menor.

Constatamos desde la práctica de la abogacía que la demanda de la custodia compartida encubre la lucha por la defensa de los intereses económicos de cada progenitor ante la ruptura: las consecuencias en pensiones alimenticias, cargas familiares, uso de la vivienda.

Así mismo, tal como dice la exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de violencia de género, los menores son siempre víctimas de violencia de género cuando ésta existe, por lo tanto no procede la diferenciación que algunas legislaciones autonómicas hacen al aludir a la necesidad de que se dé un perjuicio específico a los menores. Además, esta exigencia minimiza e invisibiliza la violencia psíquica, ignorando el interés del menor.

Aunque nuestro Código Civil no regula de forma expresa el contenido del concepto del interés del menor, tanto el derecho comparado como la jurisprudencia y las más recientes legislaciones autonómicas ya lo han recogido.

En este sentido, considerando que el interés del menor es prevalente como principio general en nuestro ordenamiento jurídico, exigimos que los criterios que han de conformarlo en los procesos de separación o divorcio queden especificados, y se apliquen.

CONCLUSIÓN 1: CRITERIOS QUE CONFIGURAN EL INTERÉS SUPERIOR DEL/LA MENOR EN LOS PROCESOS DE SEPARACIÓN DE LOS PROGENITORES.

1. La práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor.

La dedicación de cada uno de los progenitores a la atención y cuidado del/la menor antes de la ruptura genera un importante vinculo emocional, un entorno de seguridad que no puede obviarse, como avalan los estudios de especialistas.

2. Edad.

Debe tenerse en cuenta en cada caso la edad del/la menor, valorando y respetando la importancia del apego en la primera infancia.

3. Los deseos manifestados por los menores.

Escuchar al menor no es hacer lo que dice. Oírle y tener en cuenta su opinión no puede suponer que en él/ella recaiga la responsabilidad de la decisión. Exigimos que la exploración del menor no sea sustituida por el informe del equipo psicosocial. Exigimos que la exploración del menor no lo sustituyan por el informe del equipo psicosocial. En el trámite de exploración del menor es preciso garantizar el derecho de éste/ésta a ser oído/oída, y como garantía procesal se grabarán las exploraciones y se dará traslado a las partes.

4. La aptitud y voluntad de los progenitores.

Constando los perjuicios que a los/las menores causa la existencia de enfermedades mentales, adicciones o transtornos de personalidad de los progenitores, deberían practicarse peritajes específicos por especialistas al objeto de determinar su repercusión en los menores, entendiendo que los equipos psicosociales adscritos a los Juzgados carecen de profesionales habilitados a éstos efectos.

5. El cumplimiento de los deberes en relación con los/las hijos/hijas.

El incumplimiento de los deberes inherentes a la potestad, no puede ser irrelevante a efectos de determinar el interés del menor.

En este sentido, denunciamos la práctica jurisdiccional que ignora la transcendencia de ese incumplimiento.

6. Inexistencia de conflictividad entre los progenitores.

Denunciamos que la jurisprudencia que exigía inexistencia de conflicto a efectos de señalar la guarda compartida, en la actualidad interpreta este criterio considerándolo compatible con la existencia de enfrentamiento entre los progenitores.

Entendemos que este criterio es, según los estudios especializados, contrario al interés del/la menor.

CONCLUSIÓN 2: EL INFORME PSICOSOCIAL EN LOS PROCESOS DE FAMILIA.

Teniendo en cuenta la importancia de la prueba pericial, entre las que se encuentra el informe del Equipo psico-social, exigimos que la práctica de la misma se realice con las máximas garantías por parte de los profesionales con la titulación correspondiente, siguiendo los protocolos metodológicos y deontológicos de su ámbito profesional.

Exigimos que al informe se acompañe la totalidad de las pruebas practicadas como garantía de las partes y en interés del/la menor.

CONCLUSIÓN 3: INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO FISCAL.

La preceptividad de la misma en los procesos en que hay menores, debe traducirse en una presencia física, tanto en la vista como en el resto de actuaciones, y de modo especial en la exploración del menor.

Hacemos un llamamiento al Ministerio Fiscal para que se asegure del cumplimiento de los criterios que configuran el interés del menor, cuidando en particular aquellos procesos en los que le conste la existencia de violencia.

CONCLUSIÓN 4: CUSTODIA COMPARTIDA Y APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD.

Denunciamos que, en especial a través de los medios de comunicación y de los grupos que promueven la custodia compartida, se transmita la idea de que la guardia y custodia compartida es consecuencia de la aplicación del principio de igualdad entre los progenitores.

Muy al contrario, afirmamos que la igualdad nunca se conseguirá a través del método de tabla rasa para todo el mundo, y que como señala el Tribunal Constitucional se infringe la igualdad si se trata igual a los desiguales.

En este sentido nos ratificamos en la conclusión 3ª y 4ª del XVII Congreso Estatal de Mujeres Abogadas:

3ª.- La especial implicación de la mujer en la reproducción, su mayor apego a los/las menores y la previsión legal específica contenida en el artículo 39.2 de la Constitución Española, exigen que la legislación civil contenga normas protectoras de la maternidad.

4ª.- Una solución respetuosa con la protección a la maternidad reforzaría el “interés del/la menor” como criterio legal prevalente a la hora de decidir el destino de los/las hijos/hijas. Por ello la 14ª sesión plenaria de Naciones Unidas, de 20/11/1959 proclamó: “El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión...salvo circunstancias excepcionales, no debe separarse al niño de corta edad de la madre”.

 

2.- Consideramos que no es ni necesaria ni imprescindible una reforma legal, en relación al ámbito del cuidado de los/as menores, pero si la hubiera consideramos imprescindible:

- El carácter no preferente de la guarda y custodia compartida.

- El criterio prevalente es el interés superior de la persona menor:

a) La edad

b) La corresponsabilidad desde el nacimiento de los/as hijos/as sin hacer dejación de las responsabilidades de los/as progenitores respecto de los/las hijos/as.

c) No imponer la guarda y custodia compartida por parte del/a juez/a cuando los/as progenitores no la soliciten.

d) La guarda y custodia compartida sólo en los casos de mutuo acuerdo.

3.- Exigimos que las entrevistas de los/as progenitores y los/las menores con los Equipos Técnicos psicosociales sean grabadas, poniéndolas a disposición de las partes y exigiendo a tal efecto que se una al procedimiento el expediente completo del Equipo Técnico psicosocial y no solo los informes, que deberán ser entregados al Juzgado con antelación mínima de 15 días previos a la vista. La razón de esta petición se encuentra en la constatación de una presión para obtener el consentimiento de las mujeres, a pesar de manifestar su oposición inicial motivada a la custodia compartida, que se le propone de forma insistente.

4.- Solicitamos que a la entrevista con el Equipo Técnico Psicosocial  sean citados  siempre los/as menores además de los/as progenitores/as.

5.- Denunciamos las presiones que se ejercen sobre las mujeres en los servicios de Mediación Familiar que se dan en los Juzgados de Familia en la actualidad, por no tener en cuenta el desequilibrio de poder existente  en las parejas.

6.- La custodia compartida no puede implicar en la práctica la supresión de las pensiones alimenticias para los/las hijos/as cuando exista una diferencia en los recursos económicos de los/as progenitores/as

7.- Solicitamos que se prohíba la custodia compartida cuando existan indicios de violencia de género y/o doméstica.

8.- Alertamos al Ministerio Fiscal para que extreme el celo, especialmente  en los procedimientos civiles, en los supuestos de violencia de género o domestica no denunciada y por tanto solicite las medidas oportunas, instando  en su caso y entre otras la suspensión o supresión de régimen de las visitas.

9.- Se solicita la supresión del término “patria potestad” para referirse a la potestad sobre los hijos/as.

Barcelona, 17 de noviembre  de 2013