Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas

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IV Congreso Estatal de Mujeres Abogadas - Toledo 1990

"Aspectos conflictivos de las relaciones de convivencia
Su contemplación en las parejas libres y en el matrimonio"

 

En Plenario constituido el día 7 de Diciembre, a las 10 horas de la mañana se aprobó una definición de UNIÓN LIBRE para, a partir de este concepto, estudiar en las comisiones los diferentes aspectos de la UNIÓN LIBRE como sucesiones, vivienda, bienes comunes, situaciones de ruptura, seguridad social, extranjería, etc.

UNIÓN LIBRE es aquella relación de convivencia y afectividad entre las personas.

Así mismo se puso de manifiesto que la UNIÓN LIBRE es una forma de familia protegida por la Constitución Española de 1.978

ASPECTOS ECONÓMICOS: VIVIENDA, BIENES COMUNES

I. La regulación de los bienes comunes que se generan en las Relaciones de Convivencia se regirá por el principio general de Libertad de Pactos establecido en el artículo 1.225 del Código Civil.

En el supuesto de no existir pacto entre los convivientes, la titularidad se adjudicará a la persona que acredite la propiedad a través de diferentes medios.

II. Información frente a terceros de los pactos económicos entre convivientes.

Los pactos económicos realizados entre convivientes podrán inscribirse en los registros públicos existentes en la misma forma que el resto de los contratos económicos realizados entre personas no convivientes.

III. Las situaciones que se han producido con anterioridad al tratamiento de este problema son situaciones excepcionales, por tanto, como tales, habrán de ser tratadas y tendrá que estudiarse cada caso.

a) En cuanto a la propiedad de los bienes comunes, se aplicará el mismo principio establecido en la conclusión I.

b) Actividad económica realizada en el ámbito doméstico.

- La actividad doméstica realizada dentro de las relaciones de convivencia, tiene un valor económico.

"El debate sobre el contenido económico de la actividad doméstica, nos parece muy importante para enfocar razonablemente este aspecto de los bienes comunes, pero nos ha parecido que desborda el ámbito de este congreso por lo que proponemos este tema en futuros congresos".

- Actualmente quienes realizan la actividad doméstica son en su mayoría mujeres: existe una inducción social a que las mujeres realicen este trabajo. De esta forma se está vulnerando en las mujeres el Principio Constitucional de libertad de elección de un trabajo.

- Denunciamos la pasividad y abandono por parte de los poderes públicos de su obligación a posibilitar en la práctica y para todas las personas el desarrollo de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución

Exigimos que se habiliten los presupuestos necesarios para su ejercicio en aras a alcanzar el desarrollo integral de la personalidad.

IV. Entendemos que es de extraordinaria importancia la información y el conocimiento por los convivientes de los derechos y las obligaciones económicas de las relaciones de convivencia.

a) Por lo tanto consideramos que debe ser obligatorio que al contraer matrimonio se realice por los convivientes matrimoniales una manifestación de voluntad expresa ante el registro civil del pacto económico por el que desean regirse en el futuro.

b) Campaña permanente de información pública dirigida a todas las personas y que oriente sobre los derechos, obligaciones y consecuencias económico patrimoniales de las relaciones de convivencia matrimoniales y no matrimoniales.

V. Arrendamientos.

Solicitar la modificación de la LAU en el sentido de poder subrogarse mortis causa e intervivos las personas que convivan con el titular arrendaticio.

DERECHO SUCESORIO: SUCESIÓN INTESTADA, LEGÍTIMA, FISCAL.

Entendemos que una correcta aplicación de la tutela constitucional a la familia debería comportar las siguientes reformas legislativas:

1.- Equiparación del conviviente frente al cónyuge en el llamamiento en la sucesión intestada

2.- Variación en el orden del llamamiento en la sucesión intestada que sitúe al cónyuge o al conviviente en el segundo lugar, es decir, después de los hijos y descendientes y antes que los ascendientes.

3.- Tipo impositivo único progresivo en función de la cuantía de la base imponible y, transitoriamente, la modificación de la Ley 29/87 en su art. 20 de modo que contemple a cónyuges y convivientes en igual grupo y con idénticos beneficios fiscales.

4.- Modificación del usufructo viudal del C. Civil, de modo que éste abarque al total del caudal.

Pensamos que no debe modificarse la regulación del usufructo viudal ampliándolo al conviviente ya que creemos es más conveniente no dar a este último el carácter de legitimario

COMUNICADO

Ante la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 19 de Noviembre de 1990 creemos necesario manifestar nuestra discrepancia, toda vez que entendemos que la negación del derecho a una prestación de la Seguridad Social, constituye una diferenciación de trato jurídico no razonable tal y como establece el voto particular del magistrado López-Gerra. Consideramos contrario a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su interpretación del art. 8.1 del Convenio de Roma y también a su reflejo en el art. 18.1 de la Constitución, la distinción entre familia legítima, habida cuenta que el Tribunal Europeo ha proclamado en sentencias de fechas 13 de junio de 1.979 y 18 de diciembre de 1.986, que la unión libre o familia natural están incluidas en el término "Vida Familiar". Entendemos que debe desecharse del lenguaje jurídico el calificativo de "ilegítimo", relativo a cualquier relación familiar.

SITUACIONES DE CRISIS Y RUPTURAS

- La ponencia ha sido aprobada en su conjunto, constando así, que persisten, en la actualidad, castigos legales para quien opta por la unión libre para desarrollar su afectividad

- Haciéndose en el texto las siguientes precisiones conceptuales:

* Pág. 5, apartado a) Donde dice "De estas uniones pueden nacer hijos" deberá decir "de estas uniones pueden existir hijos comunes".

* Apartado d) se sustituye el último renglón por: Uno de los convivientes pueda dedicarse a una actividad no remunerada en beneficio de la familia.

* En los temas que eran específicos de otras ponencias, sucesiones, viudedad, etc., no nos hemos pronunciado.

- No obstante esta comisión, se decanta por la no regulación específica de las consecuencias de la ruptura en las uniones libres, en todos aquellos supuestos que puedan ser resueltos por las normas generales ya existentes en la legislación vigente.

- Se acuerda constatar:

HIJOS: El nuevo artículo 487 bis del C.P. es discriminatorio para los hijos habidos de las uniones libres, siendo contrario al principio de igualdad de los hijos ante la ley, constituyendo así un castigo para los hijos no matrimoniales.

Por otra parte, la Comisión consideró la trascendencia de la reforma del art. 159 del C.C., introducida por la Ley 11/1990 de adecuación del Código Civil al principio de no-discriminación por razón de sexo; concluyendo la necesidad de que se agregue a este art. un segundo párrafo, que recoja:

"El Juez atribuirá la custodia de los menores al progenitor que, prioritariamente, durante la convivencia, se haya ocupado de atender sus necesidades.

Así mismo, para determinar la atribución de la custodia, será preceptivo recabar informes psico-sociales".

PROCEDIMIENTO

Dentro de la ponencia que trata la parte de procedimiento, tanto las uniones libres, como matrimoniales, se ha llegado a la siguiente conclusión:

"En tanto, en cuanto, no se creen procedimientos específicos más ágiles para resolver las situaciones de crisis y rupturas matrimoniales, solicitamos que en aras del principio de igualdad ante la Ley para los hijos no matrimoniales se aplique por la Judicatura el procedimiento de medidas provisionales a las uniones libres con hijos.

SEGURIDAD SOCIAL Y RELACIONES DE TRABAJO

1.- La situación de discriminación de las mujeres en el sistema de Seguridad Social deriva de sus dificultades para la inserción en el mercado laboral en condiciones de igualdad de oportunidades, por su dedicación al cuidado del hogar y de los hijos. Esta situación sólo desaparecerá cuando el reparto de responsabilidades familiares entre el hombre y la mujer sea equitativo.

2.- La necesaria reforma de nuestro sistema de Seguridad Social habrá de hacerse en la vida de la individualización de derechos, de manera que cada persona, con independencia de su estado civil, tenga derecho a prestaciones propias que lo protejan de las diferentes situaciones de necesidad cubiertas por el sistema. Esta es demás, la vía de reforma que las instituciones comunitarias recomiendan.

3.- Ponemos de manifiesto la contradicción existente entre la atribución nominal de las cotizaciones hechas a la Seguridad Social por uno de los cónyuges, generalmente el hombre, y de las prestaciones que de ella se desprenden, con la regulación de la sociedad de gananciales que hace el Código Civil y que es régimen económico de la mayoría de los matrimonios.

4.- En las situaciones de crisis matrimonial, al establecer el importe de la pensión compensatoria o al liquidar la sociedad de gananciales, se deberán valorar las expectativas de derecho que frente a la Seguridad Social o frente a otros sistemas de previsión social tenga cada uno de los cónyuges como consecuencias de las cuotas abonadas durante el matrimonio si su régimen económico es el de gananciales.

5.- En tanto los poderes públicos no aborden la necesaria transformación del sistema de Seguridad Social en la vía de reconocimiento de derechos propios a todas las personas:

a) Nos manifestamos en contra de la actual regulación de la pensión de viudedad, porque no protege una situación de viudedad, sino en el simple cambio del estado civil, así como por el hecho de que por su escasa cuantía no proporciona medios de subsistencia a la persona que la recibe.

b) Que se regule una nueva pensión por muerte, que sustituya a la de viudedad y a la prestación en favor de familiares.

Esta nueva pensión de carácter vitalicio o transitorio según la edad y situación laboral de la persona supérstite, se reconocerán a quienes sean viudas/os o convivientes y dependan económicamente de la persona fallecida.

En los supuestos de separación y divorcio se reconocerá si existe dependencia del/la viudo/a respecto al causante de la nueva pensión.

MATRIMONIO Y PAREJAS DE HECHO EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

Partiendo de la definición de la unión de hecho efectuada por la mesa del IV Congreso de Mujeres Abogadas y dado que en el tema de esta ponencia se requiere una definición más precisa de las uniones de hecho, proponemos la siguiente: "Uniones duraderas y estables de personas que, con independencia de su opción sexual y que con ausencia de toda formalidad, cumplen voluntaria y espontáneamente los deberes de responsabilidad y solidaridad recíprocos".

1.- En todos aquellos artículos de la L.O.E., R.D. 1119/86, de 26 de mayo, R.D. 1099/86, de 26 de mayo y Código Civil en donde aparecen los términos cónyuge, esposo, esposa, casado, casada y/o matrimonio tales como los artículos 7 de la L.O.E., 21 del reglamento, 18 de la L.O.E., 38 y 39 del reglamento, 2 del R.D. 1099/86, 8 del R.D. 1099/86, 13 y 15 del R.D. 1099/86 y 22 párrafo 4 del Código Civil, entendemos que habría que añadir necesariamente las uniones de hecho como esta ponencia lo conceptúa, con el fin de que no sean discriminadas las personas que integran esta realidad social.

2.- Esta modificación debiera también recogerse en aquellas disposiciones del Derecho Internacional que el Estado suscribe o haya inscrito conteniendo esta discriminación

3.- Nos congratulamos ante la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la cual se reconoce el derecho al permiso de trabajo a una extranjera que mantiene una unión de hecho con un nacional y animamos al resto de los tribunales españoles a que sigan el ejemplo de adecuar el derecho a la realidad social.

4.- Por último, entendiendo que el artículo 9 párrafo 2 de la Constitución Española vincula a los poderes públicos y por tanto, a los diversos parlamentos, consideramos que las conclusiones de esta Congreso comportan la necesidad de reformas legislativas y deberían ser remitidas a los distintos grupos parlamentarios a fin de que cumplieran el mandato de promover la igualdad entre los individuos y los grupos en los que se integran.