Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas

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XXIV Congreso Estatal de Mujeres Abogadas - Salamanca 2012

“El retroceso de los derechos de las mujeres en el siglo XXI”

 

CONCLUSIONES DEL TALLER “¿CUSTODIA COMPARTIDA O INTERÉS DEL / LA MENOR?” 

CUSTODIA COMPARTIDA NO ES SINÓNIMO DE INTERÉS DEL MENOR

Consideramos que el interés del menor requiere una solución individualizada a cada situación y éste se ve vulnerado si legalmente se impone algún sistema como preferente.

La custodia compartida no es lo mismo que custodia repartida. La primera implica voluntariedad y consenso, imposibles en un procedimiento contencioso, por lo que imponerla es contrario al interés del menor.

Constatamos desde la práctica de la abogacía que la demanda de la custodia compartida encubre la lucha por la defensa de los intereses económicos de cada progenitor ante la ruptura: las consecuencias en pensiones alimenticias, cargas familiares, uso de la vivienda.

Así mismo, tal como dice la exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de violencia de género, los menores son siempre víctimas de violencia de género cuando ésta existe, por lo tanto no procede la diferenciación que algunas legislaciones autonómicas hacen al aludir a la necesidad de que se dé un perjuicio específico a los menores. Además, esta exigencia minimiza e invisibiliza la violencia psíquica, ignorando el interés del menor.

Aunque nuestro Código Civil no regula de forma expresa el contenido del concepto del interés del menor, tanto el derecho comparado como la jurisprudencia y las más recientes legislaciones autonómicas ya lo han recogido.

En este sentido, considerando que el interés del menor es prevalente como principio general en nuestro ordenamiento jurídico, exigimos que los criterios que han de conformarlo en los procesos de separación o divorcio queden especificados, y se apliquen.

 CONCLUSIÓN 1: CRITERIOS QUE CONFIGURAN EL INTERÉS SUPERIOR DEL/LA MENOR EN LOS PROCESOS DE SEPARACIÓN DE LOS PROGENITORES.

1. La práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor.

La dedicación de cada uno de los progenitores a la atención y cuidado del/la menor antes de la ruptura genera un importante vinculo emocional, un entorno de seguridad que no puede obviarse, como avalan los estudios de especialistas.

2. Edad.

Debe tenerse en cuenta en cada caso la edad del/la menor, valorando y respetando la importancia del apego en la primera infancia.

3. Los deseos manifestados por los menores.

Escuchar al menor no es hacer lo que dice. Oírle y tener en cuenta su opinión no puede suponer que en él/ella recaiga la responsabilidad de la decisión. Exigimos que la exploración del menor no sea sustituida por el informe del equipo psicosocial. Exigimos que la exploración del menor no lo sustituyan por el informe del equipo psicosocial. En el trámite de exploración del menor es preciso garantizar el derecho de éste/ésta a ser oído/oída, y como garantía procesal se grabarán las exploraciones y se dará traslado a las partes.

4. La aptitud y voluntad de los progenitores.

Constando los perjuicios que a los/las menores causa la existencia de enfermedades mentales, adicciones o transtornos de personalidad de los progenitores, deberían practicarse peritajes específicos por especialistas al objeto de determinar su repercusión en los menores, entendiendo que los equipos psicosociales adscritos a los Juzgados carecen de profesionales habilitados a éstos efectos.

5. El cumplimiento de los deberes en relación con los/las hijos/hijas.

El incumplimiento de los deberes inherentes a la potestad, no puede ser irrelevante a efectos de determinar el interés del menor.

En este sentido, denunciamos la práctica jurisdiccional que ignora la transcendencia de ese incumplimiento.

6. Inexistencia de conflictividad entre los progenitores.

Denunciamos que la jurisprudencia que exigía inexistencia de conflicto a efectos de señalar la guarda compartida, en la actualidad interpreta este criterio considerándolo compatible con la existencia de enfrentamiento entre los progenitores.

Entendemos que este criterio es, según los estudios especializados, contrario al interés del/la menor.

CONCLUSIÓN 2: EL INFORME PSICOSOCIAL EN LOS PROCESOS DE FAMILIA.

Teniendo en cuenta la importancia de la prueba pericial, entre las que se encuentra el informe del Equipo psico-social, exigimos que la práctica de la misma se realice con las máximas garantías por parte de los profesionales con la titulación correspondiente, siguiendo los protocolos metodológicos y deontológicos de su ámbito profesional.

Exigimos que al informe se acompañe la totalidad de las pruebas practicadas como garantía de las partes y en interés del/la menor.

CONCLUSIÓN 3: INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO FISCAL.

La preceptividad de la misma en los procesos en que hay menores, debe traducirse en una presencia física, tanto en la vista como en el resto de actuaciones, y de modo especial en la exploración del menor.

Hacemos un llamamiento al Ministerio Fiscal para que se asegure del cumplimiento de los criterios que configuran el interés del menor, cuidando en particular aquellos procesos en los que le conste la existencia de violencia.

CONCLUSIÓN 4: CUSTODIA COMPARTIDA Y APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD.

Denunciamos que, en especial a través de los medios de comunicación y de los grupos que promueven la custodia compartida, se transmita la idea de que la guardia y custodia compartida es consecuencia de la aplicación del principio de igualdad entre los progenitores.

Muy al contrario, afirmamos que la igualdad nunca se conseguirá a través del método de tabla rasa para todo el mundo, y que como señala el Tribunal Constitucional se infringe la igualdad si se trata igual a los desiguales.

En este sentido nos ratificamos en la conclusión 3ª y 4ª del XVII Congreso Estatal de Mujeres Abogadas:

3ª.- La especial implicación de la mujer en la reproducción, su mayor apego a los/las menores y la previsión legal específica contenida en el artículo 39.2 de la Constitución Española, exigen que la legislación civil contenga normas protectoras de la maternidad.

4ª.- Una solución respetuosa con la protección a la maternidad reforzaría el “interés del/la menor” como criterio legal prevalente a la hora de decidir el destino de los/las hijos/hijas. Por ello la 14ª sesión plenaria de Naciones Unidas, de 20/11/1959 proclamó: “El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión...salvo circunstancias excepcionales, no debe separarse al niño de corta edad de la madre”.

 

 

CONCLUSIONES DEL TALLER "EL IMPACTO PARA LAS MUJERES DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES"

DENUNCIAMOS que el refuerzo del principio de contributividad que efectúa la Ley 27/2011 de Reforma de Pensiones, perjudica a la mujer debido a:

- La falta de oportunidad en el acceso y sobre todo permanencia en el empleo.

- La contratación temporal y/o a tiempo parcial.

- Los salarios inferiores a los del hombre.

- La privatización del sistema de seguridad social con la incentivación fiscal de los planes de pensiones.

Por ello EXIGIMOS:

Que nuestro sistema de seguridad social cumpla el modelo diseñado por la Constitución, en el cual, aún siendo mixto (contributivo y asistencial), es preeminente el factor asistencial, privilegiando el sistema de reparto sobre el de capitalización y respetando así el principio de solidaridad.

El XIII Congreso Estatal de Mujeres Abogadas, de 1999, ya denunció esta tendencia, que catorce años después se consolida mediante la Ley de Reforma de las Pensiones en el contexto de las políticas económicas liberales, llevando a las mujeres a una situación de marginalidad.

CONCLUSIONES:

I.- La doble escala de porcentaje a aplicar a la base reguladora en las prestaciones de Incapacidad Permanente introducida por la ley 40/2007 de 4 de diciembre, reforzada por la Ley 27/2011 de Reforma de las Pensiones, perjudica a quienes reúnen menores periodos de cotización, por regla general a las mujeres.

II.- El sistema de integración de lagunas para el cálculo de las pensiones de Incapacidad Permanente y Jubilación, introducido por la Ley de Reforma de las pensiones, perjudica a quienes a lo largo de la vida laboral presentan mayores periodos de inactividad y/o actividad a tiempo parcial, generalmente las mujeres.

III.- DENUNCIAMOS como ya hicimos en el año 1999 que no se ha producido el desarrollo reglamentario de la previsión de la Ley 24/97, de 15 de julio, sobre el listado de enfermedades que debe servir de criterio para clasificar el grado de incapacidad.

Esta falta de desarrollo perjudica fundamentalmente a las mujeres, ya que el trabajo considerado tradicionalmente femenino está escasamente valorado por los Equipos de Valoración de Incapacidades y por los Tribunales.

IV.- La nueva regulación de la Jubilación incrementa la edad para acceder a la prestación y el tiempo de cotización, y reduce la base reguladora en función de la media de cotización de los últimos veinticinco años.

Por las mismas razones que las señaladas anteriormente, perjudica especialmente a las mujeres.

V.- La nueva regulación de la compatibilidad de la jubilación con el trabajo es inadmisible, porque legitima la economía sumergida y propicia la precariedad de las pensiones, bajo el falso señuelo de poder continuar percibiendo ingresos por el trabajo, con el agravante de que esa actividad laboral está exenta de cotización y por tanto repercute en los recursos de seguridad social.

VI.- Denunciamos la laguna en la regulación de la jubilación anticipada respecto a la no inclusión del servicio social obligatorio prestado por la mujeres como período cotizado, al igual que el servicio militar o social sustitutorio, lo que demuestra la invisibilidad de las mujeres. Exigimos el reconocimiento legal expreso de dicha omisión.

VII.- Reivindicamos que los periodos de cotización por cuidado de hijos/as se tengan en cuenta para el cumplimiento del período mínimo de cotización exigido para el acceso a las prestaciones de Incapacidad Permanente y Jubilación, excluidos expresamente por ley.

VIII.- Exigimos que se mantenga el derecho a la pensión de viudedad pese a no existir pensión compensatoria, teniendo en cuenta el carácter restrictivo del reconocimiento de la misma en las resoluciones judiciales sobre separaciones o divorcios.

Además, todas aquellas viudas que coyunturalmente han quedado sin cobertura de la misma como consecuencia de la Ley 40/2007, y las contrarreformas de 2009 y 2011, se les restaure el derecho a recibirla en virtud del principio de justicia material y el agravio comparativo.

IX.- Valoramos positivamente el incremento del porcentaje a aplicar a las pensiones de viudedad y la regulación de la orfandad, por la Ley de Reforma de Pensiones, y denunciamos la postergación sine die de la entrada en vigor del incremento del porcentaje operada por el Real Decreto Legislativo 20/2011 de 30 de diciembre de Medidas urgentes para la corrección de déficit público.

X.- Exigimos el cumplimiento estricto de la Ley Orgánica 1/2004, a fin de que por la Administración del Estado se supervise la concesión de las pensiones de viudedad causadas por víctimas de violencia de género a sus asesinos, suprimiéndose cualquier pensión de viudedad concedida a los asesinos por considerar que concurre causa espúrea en su consecución, por tratarse de pensión provocada y por ser necesaria la aplicación del principio de justicia material. Exhortando a los órganos de la Administración del Estado que lleven a cabo las actuaciones necesarias para reparar esa injusticia que se ha ocasionado por negligencia inexcusable del Estado, exigiendo la devolución de la totalidad de las cantidades percibidas.

XI.- Pese a las buenas intenciones incluidas en la disposición adicional vigésima novena de la Ley de Pensiones, respecto al compromiso de mejora de protección social del trabajo a tiempo parcial, reivindicamos de nuevo, tal y como lo hicimos en el XIII CEMA, que el día trabajado compute como día cotizado, a efectos de período de cotización para alcanzar el derecho a las prestaciones.

XII.- Consideramos positiva la nueva regulación del trabajo autónomo que puede beneficiar a las mujeres ya que fija prestaciones por cese de actividad y condiciones especiales para víctimas de violencia de género. Pero, DENUNCIAMOS: Los mismos defectos y carencias analizados en las prestaciones del régimen general, agravados en la medida en que no hay una equiparación completa en la protección social de los/las autónomos/autónomas.

XIII.- Constatamos que se perpetua la desigualdad entre el Régimen Especial Trabajadores Autónomos y las Mutualidades Profesionales alternativas, ya que pese a que la Ley de Reforma de las Pensiones obliga a establecer las prestaciones básicas, lo hace en cuantía sensiblemente inferior. Nuestra Mutualidad no diferencia las prestaciones que se refieren específicamente a las mujeres, como maternidad y riesgo durante el embarazo, de las establecidas con carácter general para todos los mutualistas, por lo que instamos que se lleve a cabo una redefinición que se ajuste a las previsiones legales.

Reivindicamos también, que las prestaciones de la Mutualidad que nos afectan directamente, se igualen al menos a las del RETA.

XIV.- Consideramos que la regulación de la cotización del cónyuge no titular del establecimiento familiar, que haya trabajado en el mismo sin alta en la Seguridad Social y cese como consecuencia de la ruptura matrimonial, es insuficiente al considerarse exclusivamente como cotizados los períodos no prescritos, exigiendo que se compute la totalidad del período trabajado.

XV.- Valoramos positivamente la integración de Régimen Especial de Empleados de Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social como llevamos muchos años reivindicando y que tiende a acabar con la invisibilidad de las miles de trabajadoras que hasta ahora realizaban el trabajo doméstico en precarias condiciones.

Pero, EXIGIMOS el avance en la equiparación de este sistema especial con el general del resto de trabajadores por cuenta ajena y especialmente la aplicación del sistema de integración de lagunas y la protección por desempleo, del que ahora están excluidas.

Además, para que el cambio legal se convierta en real instamos a la Seguridad Social y a la Inspección de Trabajo una actuación eficaz, decidida y firme para que el paso del Régimen Especial al Régimen General, sobre todo en el período transitorio, no genere un nuevo empleo sumergido de personas que en este momento están de alta en la Seguridad Social.

XVI.- La disposición Adicional Quinta de la Ley de Reforma de las pensiones, relativa a propuestas de actuación en relación con la recomendación decimoséptima del Pacto de Toledo, sobre protección social de la mujer, difiere a un estudio posterior las medidas a adoptar en esta materia.

No obstante, en cuanto a dicha recomendación, hacemos nuestras las reflexiones del XXI taller de política feminista, que señala que la recomendación decimoséptima tras abogar por una integración laboral acorde con las aspiraciones de las mujeres, y la configuración de derechos de pensión propios, frente a varias discriminaciones constatadas, no apunta a la igualdad en el empleo y la protección social, sino a algunas medidas específicas aparentemente proteccionistas, pero perpetuadoras del reparto desigual del empleo y el cuidado.

 

 

CONCLUSIONES DE LA PONENCIA "LAS DIFICULTADES EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN EL ÁMBITO PENAL"

El XXIV Congreso Estatal de Mujeres Abogadas, celebrado durante los días 3, 4 y 5 de febrero de 2012 en la ciudad de Salamanca, eleva a los poderes públicos, al legislativo y al judicial las siguientes conclusiones acerca de la aplicación de la ley relativa a la violencia machista que se perpetra contra las mujeres en el ámbito de las relaciones de pareja.

Después de más de 30 años de análisis en la aplicación de la legislación existente en cada momento, se pone de manifiesto que la legislación actualmente existente supone una mejora sustancial que permite avanzar para lograr la erradicación de la violencia contra las mujeres de nuestra sociedad.

Sin embargo, año tras año seguimos constatando el alto nivel de impunidad derivado de la actuación jurisdiccional encargada de la persecución de los delitos relativos a la violencia machista en el ámbito de las relaciones de pareja, puesto que se sobreseen el 49% de las denuncias que se interponen, existiendo un 11,6% de renuncias al procedimiento, según datos del Observatorio Estatal contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial relativos al año 2010.

Igualmente constatamos que la persecución de los delitos relativos a la violencia contra las mujeres se efectúa en un 61% de los procedimientos por violencia ocasional, suponiendo tan solo un 12,3% los procedimientos que se instruyen por violencia habitual.

Por último, los datos del Informe de cinco años de aplicación de la Ley Integral relativo a los periodos entre junio de 2005 y junio de 2010 ofrecidos por el Observatorio estatal contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial, arrojan que el porcentaje de Sentencias condenatorias es del 79,5% para los procedimientos por faltas y en los que existe conformidad por parte de los agresores enjuiciados en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Este porcentaje disminuye considerablemente en cuanto a las Sentencias condenatorias obtenidas en los Juzgados Penales, disminuyendo a un 53%.

Por todo ello, y tras reiterarnos en todas y cada una de las propuestas efectuadas durante los Congresos Estatales de Mujeres Abogadas respecto de la Ley Integral 1/2004, celebrados en Almería, Cuenca, Oviedo, Madrid y Bilbao, proponemos las siguientes

CONCLUSIONES:

PRIMERA.- Con el fin de garantizar el acceso a los derechos de las víctimas de violencia machista se propone:

a) la adición de un inciso al artículo 17 de la Ley 1/2004, de 28 de diciembre sobre medidas de protección integral contra la violencia de género quedando redactado del siguiente modo: “Todas las mujeres (…) tienen garantizados los derechos reconocidos en esta Ley, sin que los mismos se encuentren supeditados a la interposición de denuncia y posterior tramitación de un procedimiento penal.”

b) la inclusión en los artículos 23, 26 y 27 de otras formas de acreditación de la situación de violencia, además de la orden de protección o informe favorable del Ministerio Fiscal:

- Resolución judicial acordando medida cautelar a favor de la víctima atinente a causa criminal por violencia de género.

- Sentencia firme de cualquier orden jurisdiccional que declare que la mujer padeció violencia.

- Certificación o informe de los servicios sociales o sanitarios de la administración pública autonómica o local.

- Informe de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social.

SEGUNDA.- Reiteramos la necesidad de garantizar, que el derecho a la asistencia letrada especializada reconocido en el artículo 20 de la Ley Integral 1/2004, incluya el asesoramiento jurídico previo a la interposición de la denuncia y durante todos los trámites del procedimiento penal, y en especial en el momento del ofrecimiento de acciones, así como en los demás procedimientos que se deriven del mismo.

TERCERA.- Exigimos el cumplimiento de la Disposición Adicional Segunda de la Ley Integral 1/2004, creando Unidades de Valoración Forense Integral en aquellos territorios donde aún no existan sin mayor demora, debiendo ser integrados por equipos multidisciplinares e interdisciplinares con profesionales especializados.

Dichas Unidades de Valoración Forense Integral elaborarán en todos los procedimientos relativos a la violencia de género informes que contengan al menos los siguientes pronunciamientos: la valoración del riesgo, el diagnóstico de la violencia, la existencia de los distintos tipos de violencia sufridos por la mujer. Igualmente deberán recabar todos los informes emitidos por parte de otros profesionales que hayan intervenido previamente con las víctimas.

CUARTA.- Denunciamos que en los procedimientos penales sobre violencia contra las mujeres, con carácter general, la fase de instrucción se limita a tomar declaración a la víctima y al denunciado, sin cumplir con la función investigadora de dicha fase. Por ello exigimos que el/la Juez de Instrucción practique de oficio, o a instancia del Ministerio Fiscal o la Acusación Particular, aquellas diligencias de investigación encaminadas a determinar la existencia o no de violencia habitual del artículo 173.2 del Código Penal, en aras de evitar el alto grado de impunidad existente en la actualidad.

QUINTA.- Exigimos a los Tribunales de Justicia que la valoración del testimonio de la víctima de violencia machista, con los requisitos que señala la jurisprudencia, sea suficiente como prueba de cargo para enervar la presunción de inocencia en la misma medida que es tenida en cuenta para otros delitos y faltas.

SEXTA.- Instamos al legislador a incluir la dispensa a declarar prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal “a quien sea o haya sido cónyuge, o persona que esté o haya estado ligada por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia”.

SÉPTIMA.- Para conseguir una mejor protección de las víctimas de violencia machista, solicitamos la atribución de la competencia para la instrucción de los delitos de quebrantamiento de medida cautelar o de condena a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

OCTAVA.- Igualmente solicitamos la atribución de la competencia para la instrucción de los delitos de abandono de familia, cuando el sujeto pasivo sea la mujer y/o sus hijos.

NOVENA.- Desde hace años venimos solicitando y ahora reiteramos la necesaria inclusión en el artículo 227 Código Penal, como pena accesoria, la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, así como la supresión en el artículo 228 del Código Penal del requisito de perseguibilidad.

DÉCIMA.- Ante el anuncio de posibles modificaciones legislativas en materia de interrupción voluntaria del embarazo exigimos que los poderes públicos garanticen el derecho a abortar en el sistema público de salud.

En Salamanca, a 5 de febrero de 2012.