Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas

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I Congreso Estatal de Mujeres Abogadas - Barcelona 1987

“Las agresiones a las mujeres”

COMISIÓN DE MALOS TRATOS

PREÁMBULO

La Comisión hace hincapié en el criterio de que los malos tratos que sufren las mujeres son un reflejo de los mecanismos de poder existentes en la sociedad, y que a través de los procesos educacionales y de creación de hábitos culturales y sociales (publicidad, por ejemplo), llegan a ser asumidos no sólo por los hombres sino también, y lo que es peor, por las propias mujeres, quienes con su conducta en algunos casos ayudan a la perpetuación de tales situaciones.

Que las mujeres, por estar en el último escalón de valoración social siempre están sujetas, aún aquellas que gozan de un nivel económico y cultural medio, al mal trato por parte de su compañero quien en general ejercita sobre ellas en la vida privada, los mecanismos de presión, coacción y minusvaloración que se hallan implícitos en el trato social para con la mujer.

Que de las ponencias expuestas, de los casos examinados y del debate, se ha desprendido –al margen de las agresiones sexuales que son motivo de otro debate aparte- la existencia de dos grandes tipos de malos tratos: los psíquicos y los físicos. Siendo, de forma genérica, los primeros más frecuentes en las mujeres de un cierto nivel cultural, y los físicos más propios de aquellas situaciones en que la estrechez económica, la falta de cultura, y otros problemas complementarios (alcoholismo, por ejemplo) llevan a la mujer a una situación de víctima propiciatoria. Sin embargo, se ha constatado que en absoluto son excluyentes.

Que el perfil obtenido de los muestreos examinados (bajo nivel cultural, gran dependencia económica del marido, incapacidad para enfrentarse a la vida en solitario...) no es representativo de todos los casos de malos tratos sino sólo de aquellos en que, por falta de medios económicos o de otras salidas, se ven las mujeres obligadas a acudir a los servicios sociales, áreas de asistencia, casa de refugio, etc. Existiendo otro sector de mujeres que hallan su salida directamente por la vía judicial civil.

CONCLUSIONES

MODIFICACIONES LEGALES

PRIMERO.- Tipificación como delito específico los malos tratos físicos y psíquicos, cometidos dentro del ámbito de las relaciones de pareja, contemplándose expresamente la reincidencia.

SEGUNDO.- Tipificar como delito específico el incumplimiento fraudulento de la obligación de contribuir al levantamiento de las cargas familiares.

TERCERO.- Con el fin de poder obtener el máximo número de pruebas en el caso de agresiones domésticas, propugnamos que inmediatamente a la denuncia, se requiera a la presencia judicial al denunciante y denunciado al objeto de tomarles declaración, se practiquen las diligencias de cargo, reconocimientos por parte del médico-forense, etc.

CUARTO.- Para evitar el seguir soportando una convivencia no deseada solicitamos se incluya como causa de separación la voluntad de cualquiera de las partes en finalizar la misma.

FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

PRIMERO.- Constatándose que en la práctica no prosperan ni las denuncias por abandono económico de familia -ya que se archivan si hay un procedimiento de separación en marcha- ni prosperan tampoco las incoadas por desobediencia a la resolución judicial que impone unas determinadas obligaciones económicas, solicitamos que en los casos en que exista una denuncia por abandono, no se archive por el hecho de que se tramite la separación o divorcio, así como que el Ministerio Fiscal vele para que se cumplan las resoluciones judiciales en cuanto a la contribución económica para los hijos se refiere.

SEGUNDO.- Se instrumentalice la prestación de servicios sociales a las mujeres maltratadas, asegurando la disponibilidad de refugios en proporción de un alojamiento familiar cada diez mil habitantes como medida de emergencia.

TERCERO.- Se practiquen las medidas cautelares necesarias para asegurar el cumplimiento de las condenas pecuniarias e indemnizaciones.

CUARTO.- Que las penas de arresto impuestas en sentencias por malos tratos se cumplan en depósitos municipales y nunca en el domicilio.

QUINTO.- Que los jueces de guardia retengan las 72 horas a los acusados de agresión doméstica que hubiesen causado lesión.

SEXTO.- Que por los Juzgados de Familia se adopten las medidas oportunas para la agilización de los procedimientos y la efectiva ejecución de las sentencias.

SÉPTIMO.- Que el juez de Familia libre el correspondiente tanto de culpa por desobediencia cuando las partes incumplan lo dispuesto en la resolución judicial.

OCTAVO.- Se lleve a la práctica el principio de inmediatez judicial, ordenado en la LOPJ, tanto en los Juzgados de Familia como en los Penales.

NOVENO.- Que la Fiscalía intervenga para evitar que se sigan como faltas, lesiones que son delito.

DÉCIMO.- Que se unifiquen los criterios de actuación del Ministerio Fiscal en materia de malos tratos: tanto en la acusación, investigación, interposición de recursos y en el cumplimiento de la ejecución de sentencias.

DECIMO-PRIMERO.- Intervención real del Ministerio Fiscal en los procesos de familia tanto en lo referente a los derechos de los menores, como en el cumplimiento de resoluciones en procesos contenciosos, así como en el cumplimiento del principio de legalidad.

ASPECTOS QUE SE DENUNCIAN

El excesivo derecho de porte de armas por parte de los agentes de la autoridad o de aquellos, que sin serlo, se les otorga tal consideración (servicios privados de seguridad), derivado de la redacción del art. 4 de la Ley 2/86, de 14 de marzo LOFCS en cuanto a los primeros y a una total falta de normativa respecto de los segundos.

La comisión, coincide en valorar que dado que la problemática familiar generada por los malos tratos, en un porcentaje muy alto se acoge a la jurisdicción de los juzgados de la Instancia, resulta necesario un análisis detallado del colapso judicial, de las resoluciones inefectivas, y en resumen, de la falta de tutela efectiva de los Derechos de la Mujer, a través de otras jornadas sobre la Ley 30/81 y los Juzgados de Familia.

 

VIOLACIONES

1.- MODIFICACIONES LEGALES

Creación de una Comisión Redactora de un texto alternativo de modificación del Código Penal en materia de delitos sexuales según los siguientes criterios:

a) Supresión de la denominación "delitos contra la honestidad" en el Título IX por la de "delitos contra la libertad e indemnidad sexual".

b) Nueva redacción del tipo del delito de violación que abarque los siguientes aspectos:

- sustitución del término "yacer" por otro definitorio de cualquier conducta que comporte penetración física, tanto por medios corporales como a través de cualquier instrumento u objeto.

- contemplación de la violación con lesiones como agravante genérica del tipo.

c) En relación al nº 2 del artículo 429 una nueva redacción que suponga el respeto a la libertad sexual de los disminuidos psíquicos.

d) Conveniencia de no alterar el tope de doce años del nº 3 del artículo 429 para evitar constreñir la libertad sexual de los adolescentes, pero deberán tenerse en cuenta las circunstancias en cada caso.

e) Supresión del delito de estupro.

f) Eliminación del perdón de la víctima en los delitos contra la libertad sexual (actualmente existente en cuanto a los abusos deshonestos).

g) Inexistencia del requisito de procedibilidad que exige denuncia de la agredida para el inicio de la acción penal y que se aplique igual normativa que la de los delitos perseguibles de oficio.

2.- FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

a) Que se encarguen funcionarias mujeres de los trámites judiciales y policiales en los casos de agresión sexual y que estos se realicen en dependencias adecuadas y aisladas del resto con el trato correcto. En caso contrario, denunciar a los responsables de haber infringido un trato vejatorio a la denunciante.

b) Que en tanto no se modifique y se dote de infraestructura las clínicas forenses, los hospitales públicos realicen reconocimientos médicos exhaustivos en los que se analicen o congelen los restos de semen así como de cualquier otro rastro dejado por el agresor. Y en el medio rural carente de hospitales, el médico forense actúe de inmediato, remitiendo al hospital que corresponda.

c) Que en ningún caso de denuncia por violación se archiven las actuaciones sin el reconocimiento del médico forense (que deberá ser inmediato y detallado) y la ratificación de la agredida.

d) Que en todos los casos en los que exista reconocimiento de la víctima, el Ministerio Fiscal mantenga la acusación.

e) Que la denunciante de una agresión sexual pueda acudir al servicio de asistencia social del Juzgado de Guardia.

f) Que se cree un turno de asistencia letrada inmediata para las personas víctimas de agresiones sexuales.

g) Que la Administración Pública establezca una ayuda financiera especial para las mujeres víctimas de agresión sexual que les permita cubrir los gastos de asistencia jurídica y psicológica.

h) Que las diferentes Administraciones, aseguren la disponibilidad de refugios para mujeres en la proporción de un alojamiento familiar cada diez mil habitantes, como medida de emergencia.

g) Que en los casos de denuncia por violación se informe y suministre en su caso a la víctima, de los medios anticonceptivos pertinentes.

3.- ASPECTOS QUE SE DENUNCIAN

a) Que pese a que la violación conyugal, cabe en la tipificación actual, en la práctica queda en la total impunidad.

b) Que existen criterios diferenciales en la valoración de la prueba para los delitos de agresión sexual lo cual supone una discriminación para las víctimas de los mismos.

c) Que el Ministerio Fiscal demuestra dejación de funciones en la persecución de estos delitos.

d) Que existe un trato privilegiado para los encarcelados por delitos de violación.

e) Que existe un excesivo derecho de porte de armas en el caso de los agentes de la autoridad o de aquellos que sin serlo se les otorga tal consideración (servicios privados de seguridad) derivada de la redacción del artículo 4 de la Ley 2/86, de trece de marzo.

LOFCS en cuanto a los primeros y de una total falta de normativa respecto a los segundos

 

CONCLUSIONES NUEVAS TÉCNICAS REPRODUCTORAS (NTR)

PRIMERO

Entendemos que la maternidad debe ser una opción más para la mujer, totalmente libre.

La actual demanda de acceso a las nuevas técnicas reproductoras viene muy condicionada por la presión social que sigue exigiendo a la mujer el rol de madre.

También debe desvincularse totalmente la relación de maternidad con sexualidad.

Consideramos altamente sospechosa la desmesurada importancia que se está concediendo a las nuevas técnicas de fecundación asistida como solución a los problemas de esterilidad (con un no satisfactorio índice de éxito) estando indicado sólo para pocos casos, y con otras necesidades sanitarias urgentes de la mujer, incluso en el terreno de la investigación de la fertilidad. Sólo parece explicarse si se tiene en cuenta que las NTR son una puerta abierta para la manipulación genética y las consecuencias económicas, políticas y sociales que ello conlleva.

SEGUNDO

Distinguimos entre las NTR lo relativo a la inseminación artificial de lo referente a la "Fecundación in vitro con transferencia de embriones (FIVTE)".

En cuanto a la inseminación artificial consideramos criticable la proposición de Ley socialista, en medida que contiene elementos de discriminación para la mujer y que no vela suficientemente por ella que es el sujeto pasivo fundamental. Cualquier regulación sobre el tema debería contemplar:

a) En caso de inseminación artificial por donante en mujer casada, no debería exigirse el consentimiento de su esposo, en todo caso, si se presta de modo expreso, la filiación será matrimonial, y en caso de ausencia quedará destruida la presunción de paternidad conyugal que establece el Código Civil, siendo entonces filiación extramatrimonial.

b) En el caso de la mujer sola deberá tener acceso a la inseminación artificial sin restricción alguna, ni formal, ni económica, ni en virtud de su opción sexual.

c) En cuanto a los hijos "post-mortem" de mujer casada en la técnica de inseminación artificial con semen del marido, entendemos que la donación de esperma del marido debería ir acompañada del cumplimiento de un protocolo en el que se exprese su voluntad al respecto. De todos modos debería fijarse un plazo para la destrucción del semen congelado no superior a 5 años.

d) En cuanto a las parejas de hecho debería entenderse que el consentimiento expreso a la inseminación post-mortem por parte del compañero equivale a su reconocimiento.

e) Consideramos aconsejable el anonimato del donante.

f) Deberían prohibirse las prácticas de alquiler de útero y mantenerse la nulidad de contratos sobre ello.

En caso de que no obstante la prohibición, se produjera cualquier práctica de este tipo solo se reconocerán derechos y deberes paterno-filiales para con la madre portadora.

TERCERO

FIVTE

Mostramos nuestra disconformidad y preocupación porque el legislador tiene más en cuenta los intereses de la comunidad científica, intereses que frecuentemente colisionan con los de los propios sujetos receptores, en este caso, la mujer y el embrión.

Creemos que la protección jurídica debe tomar el camino inverso: Vigilando primero el interés primordial de la mujer, sujeto de derecho, teniendo en cuenta al embrión y finalmente a la ciencia, necesaria en tanto en cuanto su crecimiento desordenado o sin control no suponga a la larga un perjuicio aún no considerado suficientemente para la mujer y el embrión.

Denunciamos que el FIVTE no es lo que se presenta ya que comporta riesgos físicos y psíquicos para la mujer de los que no se informa a la opinión pública.

Tampoco son válidas las cifras dadas de éxito, ya que parten de criterios triunfalistas ocultándose deliberadamente los altos índices de fracasos que se sitúan entre el 85% y el 90% y el abandono asistencial de las mujeres que habiendo confiado en ellas no sólo no consiguen su objetivo sino que quedan doblemente frustradas.

Se planteó la posibilidad de proponer una moratoria, y como primer paso:

a) Información pública y contrastada de las contraindicaciones y riesgos que comporta.

b) Participación y control de las usuarias sobre las mismas.

c) Participación y control activo de los colectivos de mujeres como sector social fundamentalmente afectado, y que exigimos sean tenidas en cuenta en la regulación legal

 

AGRESIONES EN EL ÁMBITO LABORAL

Tras analizar las discriminaciones y agresiones que surgen la mujer en el ámbito laboral hemos constatado que, a pesar de las grandes declaraciones de igualdad y no-discriminación por razón de sexo propugnadas por la Constitución y Estatuto de los Trabajadores, continúan existiendo normas laborales con contenidos discriminatorios. Denunciamos que, no obstante, es en la práctica cotidiana en donde siguen existiendo mayores trabas y dificultades para que la igualdad y la no-discriminación sean efectivas.

Nos interesa especialmente recalcar que no existe una voluntad política para que se hagan realidad esas declaraciones de principios que tan graciosamente nos han querido regalar

EXIGIMOS:

- Derogación del Decreto de 26 de julio de 1957 que impide el acceso a determinados trabajos a las mujeres. Denuncia de la Carta Social Europea.

- Derogación de la Ley de Empleados de Hogar y equiparación al resto de trabajadoras y trabajadores.

- Nulidad efectiva de aquellos convenios o cláusulas que directa o indirectamente puedan discriminar a las mujeres.

- Prohibición de la especificación del sexo en las ofertas de empleo.

- Prohibición de toda discriminación en el acceso y promoción a un puesto de trabajo.

- Control de las reestructuraciones de plantilla así como exigencia de porcentajes mínimos de mujeres en las plantillas de la Administración y empresas públicas así como en las empresas privadas.

- Eliminación del concepto "responsabilidades familiares" en el reparto de empleo, las prestaciones por desempleo, etc. como requisito para la percepción de cualquier tipo de prestación.

- Programas específicos de contratación para aquellos colectivos de mujeres que han tenido que abandonar, o no han podido ingresar, al mercado laboral potenciando su formación y experiencia profesional.

- Modificación de la educación básica y formación profesional. Desaparición de los aspectos que orientan y limitan el futuro laboral femenino o ciertas profesiones y sectores. Programas específicos para las mujeres que quieran reintegrarse al mercado de trabajo.

- Política encaminada a la desaparición del empleo clandestino y creación de puestos de trabajo.

- Equiparación de la excedencia por cuidados de hijos a la excedencia forzosa.

DENUNCIAMOS:

- El creciente número de despidos encubiertos por razón de embarazo.

- Los abusos, el hostigamiento y las agresiones sexistas que sufren las mujeres en el ámbito laboral que por temor y miedo a perder el puesto de trabajo, en la mayoría de ocasiones, quedan en la más absoluta impunidad.

Recomendamos la denuncia de las conductas descritas, denuncia que nos comprometemos a respaldar.

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