Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas

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XXIII Congreso Estatal de Mujeres Abogadas - Bilbao 2010

“De profesión: Abogadas”

CONCLUSIONES DEL TALLER “DE PROFESIÓN: ABOGADAS. ESTADO DE LA CUESTIÓN”

PREÁMBULO

                   La abogacía es una profesión que históricamente ha sido ejercida por hombres, ya que hasta 1920 las mujeres no fueron admitidas en el ejercicio de la profesión, y no en todos los Colegios. Este hecho explica el sesgo androcéntrico que la profesión ha tenido y aun sigue manteniendo, a pesar de que en la actualidad casi el 50% del colectivo somos mujeres.

                   No obstante lo anterior, la equiparación en cifras no es sinónimo de una efectiva equiparación en todos los niveles del ejercicio, y en toda la extensión de la profesión en lo que se refiere a las abogadas: menor peso económico, menor reconocimiento social, menor prestigio profesional, menor presencia y participación institucional. Basta comprobar el escaso número de mujeres que ejercen como  decanas y consejeras no decanas en la actualidad.

                   Asimismo, el número de socias de grandes despachos no supera el 13%, pese a la excelente y continua preparación y competencia demostrada día a día por las abogadas.

                   Constatamos la explotación laboral que padecen las mujeres abogadas más jóvenes quienes desarrollan su profesión en condiciones precarias de tiempo y retribución.

                   Nosotras las abogadas, como la mayoría de las mujeres en la sociedad, seguimos soportando las responsabilidades familiares, lo que nos obliga a multiplicar los esfuerzos para nuestro desarrollo profesional. Muchas compañeras, cuando son madres, limitan el ejercicio a media jornada, centrando su trabajo, sobre la base de los turnos de oficio y, en algunos casos, incluso, se producen abandonos de la profesión. Tampoco se facilitan las cosas desde los Tribunales y Juzgados, negándose frecuentemente a la suspensión de los juicios por causa de los permisos de maternidad, pese a la previsión de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

                   El propio Presidente del CGAE, Carlos Carnicer, en el acto de presentación del Estudio “La abogacía en datos y cifras 2008”, afirmó que “….la mujer en España sigue tendiendo más inconvenientes que los hombres para el ejercicio de la Abogacía”. (sic).

                   En consecuencia es necesario actuar para corregir y evitar esta desigualdad, y a tal fin proponemos las siguientes medidas:

1. Eliminación del uso sexista del lenguaje en todas las formas y actos de comunicación en el ejercicio de la abogacía, lo que implica:

-         1.1 Adaptación de las normas del Ordenamiento Jurídico al contenido de la Ley de Igualdad, eliminando la utilización genérica del género masculino.

-          1.2 Adaptación de toda la normativa específica de la abogacía al contenido de la Ley de Igualdad: Estatuto General de al Abogacía Española, Estatutos de los Colegios de Abogados y Abogadas, Reglamento de la Mutualidad, Circulares etc….

-         1.3 Adaptación de la denominación  “Colegio de Abogados” por otra que visibilice también al colectivo de mujeres abogadas.

-         1.4 Incorporación de la perspectiva de género a las normas deontológicas de los Colegios de Abogados y Abogadas.

2. Incorporación de la perspectiva de género en todos los niveles de la estructura organizativa de la abogacía institucional: Colegios de Abogados y Abogadas, Consejos Autonómicos, Consejo General de la Abogacía Española y Mutualidad de la Abogacía Española.

3.Aplicación de la ley de Igualdad entre mujeres y hombres (Ley 23 de marzo de 2007) en cuanto a la composición y funcionamiento de los órganos de gobierno de la Abogacía, posibilitando la efectiva participación y promoción de las abogadas en igualdad con los abogados.

4.Incorporación de la perspectiva de género a todas las campañas publicitarias de la abogacía institucional, evitando aquellas que reproduzcan roles tradicionales y relaciones desiguales de poder entre los géneros.

5. Promoción de estudios e investigaciones  sobre las mujeres y la  Abogacía, a cargo de mujeres expertas en estudios de género y abogacía.

6. Desagregación de datos por sexos en todas las estadísticas referentes a los abogados y abogadas.

7. Exigir a todos los Colegios de Abogados y Abogadas que adopten los acuerdos necesarios que garanticen la suspensión de los juicios por causa de maternidad.

8. Reconocimiento expreso de que la incorporación de la perspectiva de género al ejercicio de la abogacía resulta ineludible para lograr el respeto, promoción y protección de los Derechos Humanos y, en particular, el derecho a la igualdad de todas las personas. 


 

CONCLUSIONES DEL TALLER DE "FORMACIÓN Y ACCESO A LA ABOGACÍA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO"

I.-El art. 4.7 de la Ley Integral contra la Violencia de Género señala que “las universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación de forma transversal”. Advertido que los nuevos planes de estudios de grado en Derecho ignoran este mandato,

1.-EXIGIMOS que se establezcan las herramientas necesarias para que quienes cursen el grado en Derecho adquieran las competencias y habilidades imprescindibles e idóneas para el conocimiento y aplicación del Derecho desde una perspectiva de género.

Por esta razón nos adherimos al Manifiesto suscrito por profesoras de universidad, cátedras de género y centro de estudios de género denominado “POR LA INCLUSIÓN DE LOS ESTUDIOS DE GÉNERO EN LOS NUEVOS PLANES DE ESTUDIO” que señala entre otras cosas, las siguientes: “La amplia trayectoria de los Estudios de las Mujeres, Feministas y de Género consolidados ya en casi todas las Universidades, la progresión de la investigación desarrollada por estos colectivos en las últimas décadas, ha dado como resultado un vasto conocimiento sobre la desigualdad, discriminación y sesgos de género que se está poniendo de manifiesto constantemente en todo tipo de congreso y reuniones en los que se debaten estos temas. En el último Congreso que reunió a profesoras e investigadoras de Estudios de las Mujeres, de Género y Feministas de diversas áreas de conocimiento, se acordó proponer que en las directrices que el Gobierno elabore y remita a las universidades para el diseño de todas las titulaciones de grado se incorporen materias especializadas en Estudios de Género al objeto de garantizar el necesario aprovechamiento del conocimiento acumulado y que entre los indicadores de evaluación de la calidad de las universidades públicas y privadas, se incluyan aquellos parámetros que den cuenta de la aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres en la universidad. La consolidación de los Estudios de las Mujeres, de Género y Feministas en las instituciones académicas no es un acto de reconocimiento académico sin más, es el aprovechamiento de una contribución científica importante a la construcción de un mundo más igual y solidario. La institucionalización de estas líneas de investigación y la docencia pertinente es un acto de coherencia política con las leyes promulgadas recientemente y que además aportan legitimidad a las mismas. La ley 30/2003 sobre Medidas de Valoración de Impacto de Género en las disposiciones normativas del gobierno, la Ley Orgánica 1/2004 sobre Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género o la Ley para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres no pueden ser aplicadas y desarrolladas eficazmente sin contar con la formación necesaria de los diferentes agentes y responsables. La Ley Integral contra la Violencia de Género en su art. 4.7 establece que “las universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en igualdad de genero y no discriminación de forma transversal”.

La Ley para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres contiene en su Preámbulo la explicación y justificación de esta ley, a la que se remite en apoyo de esta solicitud. Y su articulado refiere las actuaciones en el ámbito de creación y transmisión de conocimientos necesarios, igualmente, para la eficacia de la Ley. El Art. 20 “adecuación de estadísticas y estudios”, el Art. 23 “la educación para la igualdad de mujeres y hombres”, el Art. 24 “integración del principio de igualdad en la política de educación”, el Art. 25 “la igualdad en el ámbito de la educación superior” explicita en el 25.1 “en el ámbito de la educación superior, las administraciones públicas competentes fomentarán la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres. A) la inclusión en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres. B) la creación de postgrados específicos. C) la realización de estudios e investigación especializada en la materia”. Y en relación con las Administraciones públicas, en el Art. 61 “formación para la igualdad” en el apartado 1 establece que “las pruebas de acceso al empleo público de la Administración General del Estado y los organismos públicos o dependientes de ella contemplarán el estudio y la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en los diversos ámbitos de la función pública”. Ante ello, es necesario destacar que, los nuevos planes de estudios no pueden eludir la inclusión de enseñanzas que permitan conocer las causas de la desigualdad, buscar soluciones para lograr la igualdad de mujeres y hombres. Como se ha señalado, existe en nuestras universidades y centros de investigación, bastantes estudios que acumulan conocimientos sobre todas estas cuestiones que no se han incorporado, hasta ahora, a los diferentes curricula más allá de su presencia simbólica en asignaturas optativas. Como se ha señalado, existen numerosas experiencias docentes en grado y postgrado en muy diversas titulaciones, pero, por lo general, tales conocimientos están siendo apartados de las asignaturas tradicionales de la ya extinta licenciatura o el nuevo grado de derecho. Es por todo ello que pedimos firmemente que en los títulos universitarios, en coherencia con el principio de igualdad entre los sexos, se garanticen los conocimientos, las destrezas y las competencias esenciales para el desarrollo de la igualdad entre hombres y mujeres. De este modo se dará cumplimiento efectivo al deseo de que la Universidad sea “transmisora esencial de valores ante el reto de la sociedad actual para alcanzar una sociedad tolerante e igualitaria, en la que se respeten los derechos y libertades fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres” (Preámbulo de la LOU)”.

2.-EXIGIMOS al Consejo General de la Abogacía y a los Colegios de Abogadas/os que la formación que se imparta, fundamentalmente en violencia de género, acceso al turno de oficio y formación continua de los abogados y de las abogadas incluyan la perspectiva de género de manera obligatoria. Para ello es necesario que se de cabida en la formación a las Comisiones o Agrupaciones de Mujeres de los Colegios de Abogados/as, o abogadas expertas en materia de defensa de los derechos de las mujeres.

II.-DENUNCIAMOS el planteamiento global del proyecto de R.D. de fecha 21-9-2010, para el desarrollo reglamentario de la Ley sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, que no ofrece unos criterios de formación concreta,específica y especializada para el acceso al ejercicio de la abogacía (pendiente de dictamen ante el Consejo de Estado).

-Resulta incomprensible que, en las alegaciones efectuadas al proyecto de Reglamento, el CGAE haya perdido la oportunidad de establecer un marco claro de acceso al ejercicio de la profesión, por ello le instamos a que en el trámite de desarrollo del mismo Reglamento (art. 10.1del proyecto de Reglamento):

      - Concrete el marco de acceso.
      - De traslado a la Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas a los efectos de informar y/o alegar sobre la
        introducción de la perspectiva de género en los contenidos formativos.

III.-CRITICAMOS que la abogacía sea la única profesión jurídica cuyo acceso se deja en gran parte en manos de “la Universidad”, en lugar de encomendarse exclusivamente a las /os profesionales en ejercicio, lo que implica la exclusión de una formación práctica efectiva. Y, por ello:

1.-DENUNCIAMOS, la infracción del principio de jerarquía normativa, por parte delproyecto de R.D. de desarrollo reglamentario de la Ley de Acceso.Se incluye en el último inciso del apartado a) del art. 2 del proyecto de Reglamento, laposibilidad de acceso a la profesión desde otros grados o licenciaturas que no son lasprevistas en el art. 2.1 de la Ley 34/2006 de Acceso (licenciatura o grado en derecho).Por tanto, interesamos su supresión.

2.-DENUNCIAMOS la previsión que establece el art. 3 a) del proyecto de Reglamento, respecto a la posibilidad de combinar créditos de diferentes planes de estudios de enseñanzas conducentes a la obtención de un titulo oficial de posgrado, así como el reconocimiento de créditos obtenidos en otras enseñanzas distintas de la licenciatura o grado en Derecho, por lo que exigimos su supresión.

3.-EXIGIMOS, además, que en el art. 10 del proyecto de Reglamento y en posterior desarrollo, se incluya necesariamente la formación jurídica desde la perspectiva de género, dando cumplimiento al art. 4.7 de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Y se incluya, como formadoras, a las abogadas integrantes de las Comisiones o Agrupaciones de Mujeres de los Colegios de Abogados /as, o abogadas expertas en materia de defensa de los derechos de las mujeres.

IV.-Las Escuelas de Práctica Jurídica de los Colegios de Abogados/as deben ser los únicos centros autorizados para impartir la formación práctica necesaria para acceder a la abogacía; en su consecuencia, el título habilitante para el acceso a la profesión deberá ser expedido por el CGAE.

EXIGIMOS que la formación práctica que se imparta en las Escuelas de Práctica Jurídica incluya obligatoriamente la perspectiva de género en todas las materias.


CONCLUSIONES DEL TALLER DE "DEFENSA ESPECÍFICA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES. EL SUFRIMIENTO DE LAS MUJERES"

Este taller ha llegado a las siguientes CONCLUSIONES, en materia de FILIACIÓN:

1ª En los años 2005 y 2006,· el Tribunal Constitucional dictó 4 sentencias (138/2005,156/2005, 273/2005 Y 52/2006) declarando la inconstitucionalidad de los plazos establecidos en los artículos 136 y 133 del vigente código civil, por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva de los varones, instando al legislador a que modificara los plazos establecidos. Habiendo desoído, hasta la fecha, tanto el ejecutivo como el legislativo este llamamiento, la falta de regulación al respecto, ha sumido a la ciudadanía -mujeres, niñas, niños y varones-en el más completo caos. Más si tenemos en cuenta las diferentes regulaciones autonómicas al respecto.

2a._ La presunción legal de paternidad del marido regulada en la legislación vigente, produce una discriminación por razón de sexo y estado civil a las madres, una discriminación por estado civil a los padres y una discriminación por razón de filiación o nacimiento a las hijas e hijos.

3a._ En consecuencia, EXIGIMOS la supresión de la legislación estatal y autonómica de la distinción entre filiación matrimonial y no matrimonial, debiendo entenderse como tipos de filiación, únicamente: por naturaleza, adoptiva y mediante técnicas de reproducción asistida. Los tres tipos de filiación deben tener el mismo tratamiento legal, no siendo admisible presunciones legales diferenciadas.

4a._ Entendemos que la determinación de la paternidad basada, exclusivamente, en la verdad biológica, no se corresponde con los nuevos modelos y conceptos de familias, dado que distingue de manera innecesaria los tres tipos de filiación antes referidos, priorizando los aspectos biológicos a los sociales, por lo que, INSTAMOS al legislador a modificar las acciones de filiación de forma y manera que, tal y como sucede en la adopción y en las técnicas de reproducción asistida, la paternidad venga determinada por el consentimiento en el momento del nacimiento y/o por la posesión de estado.

5ª.-En cuanto al Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Registro Civil en relación al orden de los apellidos y en consonancia con los artículos 14 y 39.2 de la CE, consideramos que, en caso de falta de acuerdo entre los Progenitores en la determinación de los mismos, debe prevalecer como primero, el apellido de la madre por las siguientes razones: 1. Por la seguridad jurídica que comporta el alumbramiento. 2. Por el cumplimiento del tratamiento no discriminatorio, al ser diferente le protagonismo en la reproducción de los dos sexos. 3. Por el mandato constitucional de protección de la maternidad. 4. Por un justo resarcimiento de la prevalencia patriarcal que ha tenido desde el Digesto el apellido paterno que permita, así mismo, la recuperación de la genealogía femenina en la familia.

6a._ Denunciamos el-fraude de ley, en concreto del artículo 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida que supone la Instrucción de 5 de Octubre de 2010 de la Dirección General de Registros y Notariado (Ministerio de Justicia) al dar cobertura legal a los contratos nulos de "vientre de alquiler".

y a las siguientes CONCLUSIONES respecto a la aplicación de la legislación vigente en materia de violencia doméstica y de género:

1ª) Constatada la falta de voluntad de aplicación de la ley en algunas Audiencias Provinciales en materia de violencia de género, en base a interpretaciones legales de estos preceptos que no se compadecen ni con la letra ni con el espíritu de la Ley, nos vemos en la obligación de denunciar la gravedad de esta situación y de exigir:

      a) la aplicación efectiva por parte de los Tribunales de Justicia del diferente trato penal en función del sexo de la víctima, que viene determinado en el artículo 153.1 y 2 del Código penal, reconocida la constitucionalidad del mayor desvalor de la conducta cuando la realiza el varón ( STTC nO 59/2008 de 14 de mayo de 2008).

      b) la calificación como delito de las agresiones mutuas (concretamente maltratos de obra sin causar lesión) sin que quepa aplicar la teoría de la riña mutuamente aceptada, para transformar en falta conductas previstas y penadas como delitos en el Código Penal.

      c) como mantiene la Circular de la Fiscalía General del Estado de fecha 4/2005 en las agresiones físicas o morales a la mujer está latente el sentimiento de superioridad en la pareja del que aquellas no son sino una forma de expresión, por tanto no es exigible un elemento intencional de dominación ( el llamado matiz machista) que no es un elemento del tipo y desvirtúa la eficacia de la figura penal.

      d) para entender cumplido el requisito de existencia de relación análoga a la matrimonial, tal y como ha declarado el Tribunal Supremo (STS 12 de mayo de 2009) solo cabe exigir "un cierto grado de compromiso o estabilidad, aún cuando no haya fidelidad ni se compartan expectativas de futuro", sin que quepan mayores requisitos.

2ª._ Habiendo constatado un déficit en la preparación de los jueces y las juezas de violencia sobre la mujer en materia civil y de género, instamos al Consejo General del Poder Judicial a que den pronto cumplimiento a lo establecido en la Ley Integral de Violencia de Género respecto a la formación especializada de, los operadores jurídicos en su ámbito cornpetencial.

3a._ Denunciamos que en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer pese a su doble competencia en materia civil y penal, la violencia continúa invisible en el procedimiento de familia sin que influya en los efectos relativos a las hijas e hijos negándose la práctica de pruebas encaminadas a la acreditación de los efectos devastadores de dicha violencia en los menores.

4a._ Hemos comprobado que en los Juzgados de Violencia no se presta la necesaria atención a los efectos económicos derivados del proceso civil. Por ello, instamos al CGPJ a realizar un estudio comparativo sobre la aplicación del criterio de proporcionalidad en la asunción de las responsabilidades económicas en las resoluciones de estos juzgados respecto a las dictadas por los Juzgados de Familia.

5a._ Ante el constatado incumplimiento de la Ley por parte de los diferentes órganos jurisdiccionales que intervienen, instamos al CGPJ a través del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género a realizar un seguimiento concreto del funcionamiento de estos órganos, del trato que dan a las víctimas, del cumplimiento de los plazos en el señalamiento de las vistas y en el dictado de las resoluciones y en la necesaria motivación de las sentencias.