Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas

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XXI Congreso Estatal de Mujeres Abogadas - Oviedo 2008

“El reto de la maternidad en un mundo globalizado”

CONCLUSIONES del taller “LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO. PROPUESTAS PARA SU REGULACIÓN LEGAL”

Esta Coordinadora estatal de mujeres abogadas ha venido manteniendo desde 1992 que toda la regulación del aborto debe estar basada en el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad. A estos efectos proponemos las siguientes conclusiones:

Instar al Gobierno a que en el Anteproyecto de Ley de modificación del Código Penal, que se está elaborando en este momento, se incorpore la despenalización del aborto efectuado con el consentimiento de la mujer, y en consecuencia se suprima el art. 145 del Código Penal vigente y el art. 417 bis del CP de 1973, todavía en vigor en virtud de la Disposición Derogatoria 1ª del CP de 1995.

En coherencia con lo anterior:

1º) Se proceda a la modificación de la Ley 41/02 de Autonomía del Paciente suprimiendo el apartado 4 del art. 9.

2º) Se garantice el derecho de las mujeres a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo en el Sistema Publico de Salud y en consecuencia se tomen las medidas adecuadas para disponer de personal sanitario suficiente como en cualquier otro acto médico o prestación sanitaria.

3º) Se incorpore la educación afectivo-sexual en el currículo escolar, a fin de que sea materia obligatoria tanto en primaria como en secundaria, para promover unas relaciones igualitarias, placenteras y basadas en el respeto mutuo y para evitar los embarazos no deseados.

Por ello instamos a todos los Poderes con competencia en la materia a que hagan efectivas las conclusiones anteriormente acordadas.

CONCLUSIONES DEL TALLER “LA VIOLENCIA ECONÓMICA Y PATRIMONIAL SOBRE LA MUJER EN SITUACIONES DE RUPTURA”

IMPAGO DE PENSIONES

El excesivo número de incumplimientos de sentencias que fijan prestaciones económicas como consecuencia de la ruptura familiar, constituye UNA VIOLENCIA ECONÓMICA HACIA LA MUJER, destinataria fundamental de tales prestaciones. Por ello, se ha de concienciar a la sociedad de que el impago de prestaciones económicas es un DELITO y el que incumple UN DELINCUENTE.

1.- INSTAMOS que se lleven a cabo las modificaciones legislativas necesarias para:

a) Que sea preceptiva la intervención efectiva y activa del Ministerio Fiscal en los procedimientos civiles de ejecución de sentencias en reclamación de pensiones de alimentos de menores, dotando de los recursos necesarios a los Juzgados que tramiten estas ejecutorias.

b) El impulso de oficio para la averiguación de los recursos económicos del obligado al pago.

2.- EXIGIMOS que cuando se inste el procedimiento de ejecución de sentencia por impago de prestaciones económicas, se deduzca testimonio de particulares, dando traslado al Ministerio Fiscal si se dan los elementos del tipo del art. 227 del Código Penal.

Como consecuencia de lo anterior, EXIGIMOS la supresión del requisito de perseguibilidad del art. 228 del C.P.

3.- EXIGIMOS la inclusión en el art. 227 del C.P. y como pena accesoria, la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, en aquellos casos en que se vean afectados los intereses de los hijos e hijas sujetos a patria potestad.

4.- EXIGIMOS que tanto la Judicatura como la Fiscalía cumplan con la Ley, y que el resarcimiento del daño no extinga la acción penal y en consecuencia, se continúe el procedimiento hasta su conclusión mediante Sentencia y su posterior ejecución efectiva.

5.- Consideramos un escarnio la regulación del Fondo de Garantía de Pensiones, mediante Real Decreto 1618/07 de 7 de diciembre, porque no se ajusta a lo exigido y no resuelve las carencias provocadas por los impagos, máxime cuando establece incompatibilidades con ayudas sociales, ofreciendo prestaciones insuficientes a cambio de una tramitación especialmente complicada, por lo que EXIGIMOS su urgente modificación.

PENSIÓN COMPENSATORIA Y PENSIÓN DE VIUDEDAD:

La reforma producida en la L.G.S.S. que modifica el art. 174 respecto de la pensión de viudedad, supone la práctica desaparición de ésta en los supuestos de ruptura matrimonial.

Por ello y considerando que las mujeres son mayoritariamente las destinatarias de las pensiones, entendemos que es un supuesto de discriminación indirecta prohibida por la Ley de Igualdad. En consecuencia EXIGIMOS que se sigan reconociendo las pensiones de viudedad en los supuestos de ruptura matrimonial, porque:

a) Su supresión genera inseguridad jurídica.

b) Suprime derechos adquiridos en virtud de cotizaciones ya efectuadas por el causante.

c) Produce el empobrecimiento de las mujeres y de sus hijos e hijas, a cambio del enriquecimiento injusto de la Entidad Gestora.

LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES:

1.- DENUNCIAMOS que la interpretación de las normas sustantivas sobre regímenes económicos matrimoniales, que de forma mayoritaria han venido haciendo los Tribunales de Justicia, perjudica a las mujeres y a la prole y contribuye a perpetuar desde los Poderes del Estado la violencia patrimonial de género.

2.- ACOGEMOS FAVORABLEMENTE las Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2007, número 715/2007, y de 28 de mayo de 2008, número 429/08, (Sala de los Civil, sección 1ª, de las que ha sido ponente la Excma. Sra. Dña. Encarnación Roca Trias), en cuanto aclara, matiza y unifica criterios y propicia un mayor equilibrio de patrimonios tras la ruptura matrimonial de lo que los pronunciamientos anteriores venían ocasionando.

3.- RECOMENDAMOS por ello, la difusión y utilización de las Sentencias mencionadas en los procedimientos en los que intervengamos como profesionales.

4.- DENUNCIAMOS que la interpretación del Tribunal Supremo conculca el Derecho Constitucional a la tutela judicial efectiva del art. 24 de la C.E., en cuanto que impide el acceso a casación de los procesos de Liquidación del Régimen Económico Matrimonial en la fase de formación del inventario, al estar configurados como procedimientos incidentales, lo que de nuevo imposibilita un criterio unificado en la doctrina discrepante o contradictoria de la Audiencias Provinciales.

Y así mismo constatando que en la interpretación de las normas sustantivas aplicadas en las resoluciones judiciales analizadas se produce en la mayoría de los casos discriminación hacia la mujer y perjuicios en su patrimonio, EXIGIMOS que se cumpla con lo establecido en el art. 3 del C.C. y que en los casos de duda predomine la presunción de ganancialidad de los bienes discutidos.

CONCLUSIONES DEL TALLER “FEMINISMO, GLOBALIZACIÓN Y MUJERES INMIGRANTES”

Conscientes de que la globalización se ha convertido en un proceso que pretende hacer del planeta un espacio único y sin fronteras para el capital, un gran mercado, y que esta realidad ha permitido crecer el empleo de las mujeres, si bien de ínfima calidad, pues se demanda empleo temporal, domiciliario, flexible, mal pagado, muy vinculado al cuidado de las personas y al servicio doméstico.

Siendo igualmente conscientes, desde la óptica feminista, de que las necesidades de las personas dependientes son un problema de todos y todas que no pueden quedar subordinados a su vez a las necesidades económicas del mercado, las abogadas que hemos trabajado en este grupo llegamos a las siguientes conclusiones:

1º.- La incorporación al mundo laboral de las mujeres madres es una realidad y la estrategia fundamental para desempeñar el trabajo y garantizar el cuidado de la prole ha sido utilizar mecanismos de sustitución de unas mujeres por otras (abuelas, mujeres inmigrantes).

2º.- Las mujeres seguimos asumiendo el cuidado como una obligación femenina, enmarcada en una situación de opresión y en las relaciones de género.

3º.- Es necesario que la sociedad asuma el cambio social que se ha producido y el cuidado se asuma como una responsabilidad colectiva.

4º.- Si bien han ido apareciendo leyes (como la ley de conciliación de la vida familiar y laboral, ley de dependencia, ley igualdad, etc.) su grado de aplicación es todavía muy escaso.

5º.- Consideramos imprescindible que el Estado oferte servicios públicos que garanticen el cuidado (guarderías, centros de ocio juvenil, comedores en centros públicos de enseñanza secundaria, etc.), evitando políticas, como las asignaciones económicas directas para el cuidado de la prole, que pueden perpetuar la feminización de las tareas de cuidado.

6º.- El servicio doméstico es un trabajo desempeñado prácticamente en su totalidad por mujeres inmigrantes, no valorado socialmente y mal remunerado, por lo que resulta imprescindible la derogación del Real Decreto 1424/85 de 1 de agosto, y el Decreto 2346/69 de 25 de septiembre, para que este trabajo pase a tener la consideración de relación laboral común.

7º.- Denunciamos la hipocresía en materia de reagrupación familiar regulada en la Ley 4/2000, de extranjería, que impiden el derecho a ejercer la maternidad y a vivir en familia a las trabajadoras inmigrantes.

8º.- Las mujeres empleadoras deberíamos efectuar una visión feminista del trabajo de las empleadas de hogar, orientada a la igualdad. Las mujeres vivimos unas situaciones comunes de opresión por lo que es posible la solidaridad de género.

Asimismo se han aprobado en este grupo de trabajo las peticiones formuladas en las comunicaciones relacionadas con esta ponencia, así:

A) En relación a la instrucción 14/2005 de la Secretaría de Estado de Seguridad:

1º.- La protección de los derechos humanos es prioritaria respecto al control de la inmigración irregular, por lo que es imprescindible la derogación de la Instrucción 14/ 2005 de la Secretaría de Estado de Seguridad.

2º.- Que se dicte nueva instrucción disponiendo expresamente que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no realicen controles de extranjería cuando atiendan a víctimas de un delito de violencia de género.

B) Respecto a las mujeres en las zonas en conflicto, en concreto en los territorios ocupados del Sáhara Occidental:

1º.- Denunciamos el estado de terror creado por Marruecos en el Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental, mediante el empleo de la fuerza permanente y la violencia contra la población civil saharaui.

2º.- Exigir el cumplimiento y aplicación de la legalidad internacional por parte de Marruecos en relación al Sáhara Occidental y el libre ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui tal y como se reconoce en las Resoluciones de Naciones Unidas (Resoluciones 658 de 1990, 690 de 1991 y 1495 de 2003) y en la resolución 1514 de la Asamblea General (XV).

3º.- Instar al Estado de España que exija a Marruecos el cumplimiento y respeto de la legalidad internacional.

4º.- Exigir la presencia de observadores internacionales (prensa, juristas,...) con cuya imparcialidad se pueda garantizar el testimonio real de la situación del Sáhara Occidental y la protección de los derechos humanos y libertados fundamentales.

5º.- Cooperar activamente con las mujeres saharauis en los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental y en los campos de refugiados de Tinduf, a través de la Coordinadora Internacional de Mujeres por la Solidaridad, constituida en el X Congreso de la Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas (León-Valladolid) y exigir el respeto a la vida de las mujeres, niñas, pueblo saharaui, el respeto a su autonomía personal, su derecho a la libertad de conciencia, así como su derecho a su propia imagen y a su dignidad como seres humanos.

6º.- Exigir la liberación de las presas y presos políticos saharauis en cárceles marroquíes.

7º.- Remitir las presentes conclusiones al Secretario General de Naciones Unidas, al Presidente del Gobierno de España, al Ministro de Asuntos Exteriores de España y al Parlamento Europeo.

Oviedo, 28,29 y 30 de noviembre de 2008.