Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas

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XX Congreso Estatal de Mujeres Abogadas - A Coruña 2007

“La hora de las mujeres: del trabajo al empleo”

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES DE LA PRIMERA PONENCIA “DESARROLLO LEGISLATIVO DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD”

PRELIMINAR:

1.- Son ya dos décadas a lo largo de las cuales, las abogadas de este país han hecho de la reflexión sobre la igualdad entre mujeres y hombres la trama sobre la que deben articularse las modificaciones legales y desarrollarse su aplicación. Durante estas dos décadas debemos destacar fundamentalmente, la riqueza de ideas, la profundidad de las reflexiones y el rigor argumental a través del cual muchas de las reclamaciones feministas han visto su concreción en iniciativas legislativas tanto estatales como autonómicas.

A lo largo de estos veinte años hemos reflexionado, debatido y discutido sobre todos los temas que afectan de manera profunda y determinante a la situación de desigualdad que todavía sufrimos las mujeres.

Desde la violencia al aborto, el divorcio y la separación, la inserción, permanencia o consolidación en clave de igualdad en el ámbito laboral, la salud reproductiva, o la esclavitud de la prostitución, han sido y son temas de trascendental importancia en los que el estudio y la reflexión de desde una perspectiva de género han mostrado la perversión de la supuesta neutralidad del derecho.

Sin duda, el objetivo de cualquier ley ha de ser el de resolver problemas sociales que suelen estar vinculados a determinados colectivos. Las leyes pueden estar presididas por principios de justicia, aunque después no tengan la eficacia deseada, o por el contrario, por principios de interés de determinados grupos sociales que se encuentran en una posición hegemónica.

Para la Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas, la característica fundamental de las leyes debe ser la de redistribuir recursos sociales y proponer medidas de reconocimiento para aquellos colectivos afectados por la desigualdad, con el objetivo final de destruir los sistemas que se asientan en el privilegio de unos pocos.

Las abogadas hemos percibido que esta distribución de recursos a través de las leyes o de otras medidas políticas públicas puede estar presidida por la aplicación de criterios de igualdad, o bien puede estar dirigida a reforzar a determinados grupos de interés que tienen posiciones económicas, políticas o ideológicas hegemónicas. Esto último es lo que hemos tratado de impedir durante los últimos veinte años, y en alguna medida se ha conseguido. Y para ello, creemos que es necesario conocer con precisión la situación del colectivo sobre el que se legisla y que este conocimiento debe estar avalado por análisis teóricos realizados desde la perspectiva de género. El concepto de género, así como otras nociones acuñadas para dar cuenta de la desventajosa posición social de las mujeres a lo largo de la historia forma parte de todo un instrumental conceptual y de un conjunto de argumentos construidos desde hace ya tres siglos y cuyo objetivo ha sido poner de manifiesto la subordinación de las mujeres, explicar las causas de la misma y elaborar acciones legales y políticas orientadas a desactivar los mecanismos de esa discriminación.

Este esfuerzo por desarrollar el principio de igualdad presente en nuestro ordenamiento jurídico y por incorporar la perspectiva de género en la aplicación efectiva que ahora está firmemente asentado en los ámbitos políticos, económicos y culturales ha sido hasta hace muy poco tiempo discutido, rechazado y en ocasiones, incluso desprestigiado. Sólo la persistencia en las vindicaciones de igualdad llevada a cabo por el movimiento de mujeres en el siempre hemos estado las mujeres juristas, ha permitido que este principio, imprescindible para el desarrollo democrática, se haya incorporado como el valor esencia de nuestra sociedad.

La lucha por la igualdad de las mujeres se ha convertido, por méritos propios, en el gran movimiento de la humanidad en el último siglo, habiendo utilizado como instrumentos la razón y la persuasión intelectual.

Sabemos que la igualdad no surge espontáneamente en las sociedades, que hay que crear las condiciones que la hagan posible, articulando todo un entramado jurídico que asuma la igualdad como principio rector de toda acción que aspire a la justicia. Sobre todo por el carácter profundamente civilizador que introduce la igualdad en aquellas sociedades en las que se le permitió desenvolverse.

La Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas cree que nada hay de inevitable en la historia y que las sociedades no están condenadas a repetirse perpetuamente en sus perversiones.

Por ello, RECLAMAMOS UN NUEVO CONTRATO SOCIAL.

PRIMERA.- Manifestamos nuestro reconocimiento a la iniciativa legislativa del Parlamento estatal y de los parlamentos de las Comunidades Autónomas que han aprobado leyes de Igualdad.

En concreto, habiendo sido objeto de estudio en este XX Congreso la Ley 2/2007, de 28 de marzo, Lei do traballo en igualdade das mulleres de Galicia, y la Ley 4/2005, de 28 de febrero, Ley de Igualdad de mujeres y hombres del Parlamento Vasco, manifestamos nuestro expreso reconocimiento.

SEGUNDA.- No obstante, en el ámbito del empleo y las relaciones laborales es necesario reafirmar que la desigualitaria segmentación del trabajo en función del sexo, no es sólo una cuestión económica o un juego de voluntades individuales libres; es algo más. En modo alguno los hombres y las mujeres deciden, desde su autonomía, su posición en el trabajo remunerado o no, o en su caso en el desempleo. Estas decisiones se toman dentro de marcos sociales y políticos en los que los trabajadores y trabajadoras no pueden decidir ni modificar por ellas o por ellos mismos. En los últimos años, además, en las sociedades occidentales hemos percibido el reforzamiento de las corrientes neoliberales, la potenciación del concepto de equidad y el debilitamiento del principio de igualdad, que expropiando el valor del mérito y del esfuerzo, y prescindiendo de su carácter emancipador, obvian que la medición de las capacidades de los individuos no puede hacerse de la misma forma entre grupos que parten de posiciones diferentes.

TERCERA.- Ahora bien, las iniciativas legislativas por si mismas resultan claramente insuficientes para alcanzar el objetivo de la igualdad real y efectiva.

No cabe duda de que esa labor corresponde en primer lugar a los poderes públicos, pero el poder no está aislado del conjunto de la sociedad, sino que es causa y efecto del sistema social en el que está inscrito. Es un hecho irrefutable que las instituciones políticas sólo tienen una autonomía relativa en su capacidad de transformación social, pues son las relaciones económicas las que poseen en última instancia el control del sistema social.

En consecuencia, la Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas EXIGE a las organizaciones empresariales y sindicales un mayor esfuerzo, atendiendo a la capacidad transformadora de la negociación colectiva, para que los instrumentos que la ley ha puesto en sus manos, no queden vacíos de contenido. Se hace imprescindible, además, la introducción de la perspectiva de género en todas las leyes puestas en marcha con la necesaria participación del movimiento de mujeres en la concreción del mismo.

CUARTA.- La igualdad como valor superior del ordenamiento, como derecho fundamental y principio inspirador de toda actuación pública, no puede hacerse depender del desarrollo económico del país. Por ello, exigimos a los poderes públicos:

- la dotación de recursos que sean necesarios

- su cuantificación anual presupuestaria - su temporalización

- el establecimiento de los mecanismos precisos para su evaluación, y

- la implantación de las medidas correctoras que permitan el cumplimiento del objetivo constitucional de la igualdad

QUINTA: Una sociedad fundamentada en el principio de igualdad no puede permitir que las políticas de desregularización y flexibilización del mercado laboral, y su adaptación de los tiempos de trabajo a los requerimientos, tradicionalmente entendidos, de mayor eficacia y eficiencia, siga teniendo efectos negativos sobre la calidad de vida de las mujeres, con la consiguiente degradación de la calidad de vida de toda la sociedad.

Consideramos imprescindible la implantación de un nuevo modelo de gestión del tiempo y exigimos la introducción en la agenda política de los mecanismos y dotación presupuestaria necesarios para el cumplimiento de este objetivo.

La desactivación de la aún vigente estructura social que impone hacer compatible a las mujeres la flexibilización con las responsabilidades del sostenimiento de la vida, solo será posible a través de la interrelación dinámica de los pilares compuestos por familias, mercado laboral y estado social y de derecho.

Por el contrario, los enfoques parciales del mercado de trabajo que relegan las tareas de cuidados a una categoría sin valor social y económico e ignoran que el único camino está en la corresponsabilidad, resultan manifiestamente insuficientes como instrumento de implantación de la igualdad efectiva.

La reproducción humana y su vinculación con el trabajo remunerado se constituye en mucho más que un problema privado de las mujeres, por lo que debe ser objeto de contratación y negociación política y sus posibles soluciones deberán ser colectivas y públicas.

CONCLUSIONES DE LA SEGUNDA PONENCIA: ACOSO SEXUAL

A. CONCLUSIONES DEL TALLER DE ACOSO SEXUAL LABORAL

1.- Exigimos que se consideren contingencias profesionales las incapacidades, tanto temporales como permanentes, derivadas de acoso sexual o acoso por razón de sexo.

2.- Solicitamos que los procedimientos de extinción del contrato de trabajo, a instancia de la trabajadora, con base en el art. 50 1 a) del Estatuto de los Trabajadores, motivados por violación de derechos fundamentales, incluido el acoso sexual y por razón de sexo, se consideren sumarios y preferentes, por lo tanto sin necesidad de conciliación previa.

3.- Igualmente, solicitamos que la indemnización correspondiente en estos procedimientos, sea de 60 días por año trabajado.

4.- Exigimos que durante la tramitación de los procedimientos en los que se alegue la vulneración de derechos fundamentales, incluidos el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, se exima a la trabajadora demandante de la obligación de permanencia en el puesto de trabajo, en tanto se obtenga sentencia firme, y sin necesidad de solicitud de medidas cautelares.

5.- Habiendo constatado las exiguas indemnizaciones que se siguen reconociendo en los procedimientos seguidos sobre acoso sexual en el trabajo, reiteramos la exigencia de que los Tribunales valoren objetivamente los perjuicios que sufre la mujer víctima de acoso sexual, estableciendo indemnizaciones adecuadas al daño efectivamente sufrido.

B. CONCLUSIONES DEL TALLER DE ACOSO SEXUAL ÁMBITO PENAL

1.- Habiendo evidenciado el anacronismo que supone la presencia en el Código Penal del Art. 191, en cuanto condiciona la perseguibilidad de los delitos de agresiones, abuso o acoso sexual a la denuncia de parte o querella del Ministerio Fiscal ( salvo que la víctima sea menor), instamos al Legislador a que proceda a derogar dicho articulo.

2.- Habiendo constatado la defectuosa redacción del tipo básico de acoso sexual, recogido en el Art. 184.1 del Código Penal, y dado que el Art. 7 de la Ley de Igualdad (LO 3/2007 de 22 de marzo), actualmente vigente, contiene una definición del acoso sexual acorde con al legislación europea mucho más claro, instamos al Legislador a que modifique la redacción del Art. 184.1 en los siguientes términos:

“el que realice cualquier comportamiento de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona creando un entorno intimidatorio degradante u ofensivo será castigado con la pena ……”

3.- Dado tanto el inexplicable privilegio penológico con el que actualmente se favorece al autor de delitos de acoso sexual, como los devastadores efectos que el acoso sexual produce en las victimas de este delito, comparables a los que sufren las victimas de abuso sexual, deviene imprescindible la modificación de la cuantía de las penas del tipo básico y de los dos subtipos agravados que a continuación proponemos:

184-1: de uno a tres años de prisión.

184-2: de dos a cuatro años de prisión.

184-3: de tres a cinco años de prisión.

4.- Se ha constatado una diferente valoración de la prueba cuando se trata de un delito de violencia de género respecto a los elementos que generan convicción en el enjuiciamiento de otros delitos.

La arbitrariedad judicial se esta convirtiendo en norma en los Tribunales de Justicia a la hora de valorar la prueba practicada, ya sea testifical (víctima u otros) ya sea pericial (aunque en menor medida).

Habiendo comprobado que esta situación no se produce en otros tipos delictivos, es evidente que solo puede deberse a una discriminación de estas víctimas, consciente o inconsciente, por parte del aplicador del derecho. Instamos por tanto:

a) la inmediata aplicación de la Ley Integral (LO 1/2004) para impulsar la formación permanente de los jueces en materia de violencia de género como cuestión prioritaria.

b) la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de forma que reconozca, de manera expresa, el derecho de la víctima a que, cuando se invoca la discriminación por razón de sexo, el tribunal ad quem pueda entrar a valorar la prueba, siendo obligatoria la grabación de la vista celebrada en primera instancia.

CONCLUSIONES DE LA TERCERA PONENCIA “LA RESPONSABILIDAD DEL DERECHO DE IGUALDAD”

A. LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DERIVADA DEL DERECHO DE IGUALDAD

La aprobación de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOI) permite intensificar tanto la acción administrativa para promover la igualdad, como su revisión en vía contencioso-administrativa, que hasta ahora ha incidido poco en esta materia. Para ello consideramos necesario que se aprueben los reglamentos pendientes y centrarnos en aspectos en que la Ley tiene un mandato imperativo hacia los poderes públicos, ya que, como señaló la Consideración 5ª.1 del Dictamen 803 del Consejo de Estado a su Anteproyecto, "Existen numerosos preceptos con proposiciones descriptivas o desiderativas (…) pero que carecen de fuerza normativa. Otros artículos tienen un marcado carácter programático, no crean derechos ni obligaciones para los particulares ni para