Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Imprimir

XVIII Congreso Estatal de Mujeres Abogadas - Almería 2005

“Inmigración, Violencia e Impacto de Género”

CONCLUSIONES DEL TALLER I “ESTUDIO DEL IMPACTO DE GÉNERO EN LAS LEYES”

El Congreso Estatal de Mujeres Abogadas ha realizado el seguimiento del desarrollo legislativo llevado a cabo por el Gobierno del Estado, desde la entrada en vigor de la Ley de Gobierno, 30/2003 el 15 de octubre de 2003 y hasta el pasado 1 de octubre de 2005, habiendo constatado:

1.- Que el Gobierno ha incumplido radicalmente el mandato legal dado por el poder legislativo al no acompañar, ni hacer siquiera mención, al preceptivo informe de impacto de género en 6 de los 52 Proyectos de Ley tramitados (11,54 %).

2.- Que de los 46 informes emitidos, 21 (45,65 %) se limitan a la escueta aseveración de que las medidas o disposiciones contenidas en la norma carecen de cualquier impacto por razón de género.

3.- Que en 18 de los informes (39,13 %), se confunde la discriminación por razón de sexo con el impacto de género, al afirmar reiteradamente que no se produce ningún impacto de género, por no contener la norma medidas discriminatorias, lo que implica un total desconocimiento del concepto jurídico de discriminación, y de las graves consecuencias que para las mujeres tiene la existencia de discriminación indirecta.

4.- Que en las leyes referidas a órganos colegiados, entre otros, el Consejo de Estado (no se acompañó informe al proyecto) y el Consejo General del Poder Judicial (informado en el proyecto como no discriminatorio), órganos cuya composición supone un grave déficit democrático por falta de presencia de mujeres en los mismos, lejos de establecerse criterios correctores para conseguir la paridad, se perpetua el actual estado de cosas.

5.- Que la reforma efectuada en el Código Civil por la Ley 13/2005, en materia de derecho a contraer matrimonio (proyecto informado como no favorecedor de situaciones de discriminación entre mujeres y hombres), supone la total invisibilidad legal de las parejas formadas por dos mujeres, al referirse a ellas, reiteradamente, como “los cónyuges”, “los padres”, “los progenitores” ó los que ejercen la patria potestad, quedando patente la concepción androcéntrica tanto del Gobierno como de las Cortes Generales.

6.- Que el informe sobre impacto de género al Anteproyecto de Ley, origen de la vigente Ley 15/2.005, por la que se modifica el Código Civil en materia de separación y divorcio, indica que las medidas establecidas en el mismo son neutras y no contemplan ninguna discriminación entre ambos géneros. Los datos sociológicos y judiciales muestran que la situación de hombres y mujeres en el matrimonio es muy diferente, diferencia que de no tenerse en cuenta al momento de la ruptura puede producir una vulneración del principio de igualdad.

7.- Que ni la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 ni el Proyecto de Ley de presupuestos para el año 2.006 han ido precedidos del preceptivo informe de impacto de género, siendo especialmente grave este incumplimiento del mandato legal porque la política económica de ingreso y gasto público debería contribuir, decisivamente, a la eliminación de la situación actual de discriminación de las mujeres.

8.- Sólo existe legislación al respecto en cinco Comunidades Autónomas: Cataluña, Extremadura, Andalucía, Galicia y País Vasco.

9.- Que el propio Consejo de Estado (expediente 1125/2005), a la vista del informe sobre la valoración de impacto de género acompañado al Proyecto de Ley Orgánica de Educación que se limitó a explicitar que las medidas en él contenidas no conllevan impacto alguno por razón de género, ha conminado al Gobierno a cumplir y dar la relevancia debida a la Ley 30/2.003 poniendo de manifiesto que lleva camino de convertirse en un trámite formal y sin contenido.

Por todo ello, INSTAMOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO:

1.- El riguroso cumplimiento de la Ley 30/2003, en cuanto a la emisión de informes para la valoración del impacto de género de las medidas que se establecen en todos los proyectos de ley y reglamentos que elabore.

2- La urgente creación de “unidades de género” en todos los Departamentos Ministeriales, compuestas por personal con formación necesaria para poder detectar si las normas a informar producen un impacto favorable o adverso por razón de género en la población, y motivar adecuadamente los informes preceptivos, atendiendo a las directrices marcadas por la Unión Europea.

3.- Facilitar el acceso al contenido íntegro de los informes a todas las personas y entidades interesadas, mediante su publicación en las páginas webs de los Ministerios implicados y del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Instituto de la Mujer).

4.- Desterrar el uso sexista y androcéntrico del lenguaje en las normas que promueva, así como llevar a cabo los oportunos proyectos normativos para erradicar del ordenamiento jurídico vigente, impregnado de dicho lenguaje, todo vestigio del mismo.

5.- A realizar con rigor y a tomar en consideración la valoración efectuada en los informes de impacto de género, en la elaboración de todos los Proyectos de Ley y Reglamentos, dando así cumplimiento al mandato constitucional de remover los obstáculos que imposibilitan la igualdad real entre mujeres y hombres.

Por último,

INSTAMOS A TODOS LOS PODERES EJECUTIVOS Y LEGISLATIVOS ESTATALES Y AUTONÓMICOS:

A “legislar mejor” en consonancia con el Acuerdo Interinstitucional adoptado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, el 31 de diciembre de 2003 (pfo. 30), referido a la importancia de evaluar el impacto social (de género) previo a la aprobación de cualquier norma.

CONCLUSIONES del TALLER DE TRABAJO II “TRÁFICO DE MUJERES Y EXPLOTACIÓN SEXUAL”

El taller de trabajo sobre TRÁFICO DE MUJERES Y EXPLOTACIÓN SEXUAL ha aprobado por unanimidad las siguientes conclusiones:

PRIMERA: La trata de personas con fines de explotación sexual constituye una de las modalidades más expansivas y en continuo crecimiento de las actividades criminales organizadas, siendo las mujeres y las niñas las víctimas más vulnerables de esta actividad.

Por lo que DEMANDAMOS AL MINISTERIO Y DEPARTAMENTOS DE INTERIOR COMPETENTES:

Que sea considerada como una prioridad de política criminal, con la misma importancia que el terrorismo, la lucha contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual cursándose a tal fin las oportunas instrucciones a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que traten con prioridad la persecución e investigación de estos delitos, incrementándose los medios personales y económicos destinados a este fin.

SEGUNDA: Que el término “tráfico” y “trata” no son expresiones equivalentes o idénticas en el lenguaje jurídico internacional por lo que, PROPONEMOS:

La adopción de un lenguaje común y uniforme en nuestra actividad reservando el término “TRATA” para designar y aludir aquellas modalidades delictivas que tengan por objeto la captación y traslado de mujeres con fines de explotación sexual.

TERCERA: Que habiendo comprobado, tras el examen de numerosas sentencias, que el Ministerio Fiscal no tiene criterios homogéneos ni uniformes a la hora de sostener la acusación en procesos que afectan a mujeres en situación de explotación sexual,

PROPONEMOS Y EXHORTAMOS al FISCAL GENERAL DEL ESTADO:

1º. A que dicte la oportuna circular que unifique la posición del Ministerio Fiscal en orden a la persecución de los delitos relativos a la trata de mujeres con fines de explotación sexual, ordenándose que las acusaciones se mantengan por todos los tipos penales posibles ya sea con carácter principal o subsidiario a fin de evitar la impunidad de los tratantes.

2º. Y asimismo a que no califiquen como continuidad delictiva las infracciones del artículo 188.1 del CP.

CUARTA. Constatando la falta de información estadística fiable relativa a los delitos de tráfico y especialmente de trata y considerando que el conocimiento cuantitativo y cualitativo de esos delitos permitirá un mejor diseño de las políticas públicas de intervención frente a este fenómeno, RECLAMAMOS:

Que dentro del OBSERVATORIO CONTRA LA VIOLENCIA DEL CGPJ se cree una sección encargada de reportar datos relativos a esta cuestión, que contenga cuanto menos:

El número de procedimientos incoados por los Juzgados y Tribunales de los delitos de tráfico con expresión separada de aquellos relativos a la trata de mujeres con fines de explotación sexual, la nacionalidad y procedencia de las víctimas, las características de las tramas implicadas así como relación detallada del número de mujeres que hayan gozado de medidas de protección de testigos y si el otorgamiento de esta situación ha suspendido las procedimientos de expulsión de las víctimas.

QUINTA. Comprobando la falta de medidas y recursos destinados a la protección de las víctimas de los delitos que nos ocupan, INSTAMOS:

La creación de un FONDO ASISTENCIAL para las víctimas de la trata y la explotación sexual a cuyo fin interesamos que todos los bienes y capitales obtenidos de la explotación sexual de las mujeres incautados en los procedimientos judiciales pasen a dicho fondo y constituyan una de las fuentes o medios de financiación del fondo asistencial.

SEXTA: Considerando que la demanda masculina de mujeres para su uso sexual constituye un factor esencial y determinante que anima y estimula la actividad de las redes de mujeres con fines de explotación sexual, DEMANDAMOS:

La implantación de políticas públicas encaminadas a romper la complicidad y tolerancia social con los prostituidores y sus prácticas, que debe abarcar desde campañas públicas que continuadas en el tiempo evidencien la responsabilidad que se derivan de esas prácticas, hasta la implantación de medidas de penalización de la compra de servicios sexuales.

SÉPTIMA: Habiendo comprobado la multitud de ocasiones en que las sentencias se utiliza el término “chicas” para referirse a las víctimas de la explotación sexual, que consideramos que minimiza la gravedad de la situación en la que se encuentran, EXHORTAMOS:

A los Tribunales y Juzgados que en sus sentencias sustituyan tal expresión “chicas” por la de “mujeres en situación de prostitución” o la de “victimas de explotación sexual” por definir estos términos más certeramente la situación real de las mismas

OCTAVA: Considerando que las mujeres en situación de prostitución no ejercitan su libertad sexual y que la única autonomía sexual que se pone en práctica en el mercado prostitucional es la de los prostituidores, PROPONEMOS:

Que el delito de determinación coactiva a la prostitución y el proxenetismo lucrativo que tipifica el artículo 188.1 CP, deje de estar ubicado en el título dedicado a los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, siendo ubicado en el título denominado “De las torturas y delitos contra la integridad moral”.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN RELACIÓN CON EL CURSO DEL PROCESO:

PRIMERA.- Denunciamos la política cicatera y restrictiva de los poderes públicos en orden a garantizar a las victimas de la trata con fines de explotación sexual un Estatuto de derechos que permita a las mismas adoptar las decisiones pertinentes en relación con su situación y por ello DEMANDAMOS:

1º.- Que se habilite para las mismas un acogimiento temporal por un tiempo razonable, en condiciones de seguridad y protección que permita a la víctima reflexionar y adoptar las decisiones personales que le resulten pertinentes en cuanto a decidir entre el retorno al país de origen o la colaboración judicial.

2º.- Que la decisión de la víctima de colaborar con la investigación debe determinar con carácter automático la autorización de residencia por circunstancias excepcionales con independencia del resultado de la investigación.

SEGUNDA.- Que la protección de una mujer víctima de un delito de trata con fines de explotación sexual, deberá incluir al menos los requisitos que se establecen en el ámbito internacional por parte de los Convenios Internacionales suscritos por España.

TERCERA.- Que desde el momento en que se tenga constancia de la existencia de un delito de trata con fines de explotación sexual y se inicien las diligencias de investigación, se garantice a las mujeres víctimas de la trata el derecho a la información acerca del curso de todos los procedimientos en los que se vea afectada., GARANTIZANDO:

1º.- Que la información se de en la lengua que sea de su compresión.

2º.- Asistencia jurídica en todos los trámites.

3º.- Apoyo a las víctimas incluyendo medidas de reparación del daño.

4º.- La seguridad de las víctimas y de sus familiares tanto aquí como en sus países de origen.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN ASISTENCIALES

Constatando que los Organismos de igualdad estatales, autonómicos y locales han hecho dejación de sus funciones en el ámbito de la trata de mujeres con fines de explotación sexual a pesar del incremento del fenómeno y de la alarmante situación en la que se encuentran las mujeres víctimas de la trata, DEMANDAMOS:

1º.- Que en el ámbito de sus respectivas competencias arbitren políticas y habiliten en los Presupuestos partidas destinadas a:

a) Garantizar desde el primer momento alojamientos adecuados donde las víctimas puedan ser acogidas con carácter temporal y en donde reciban la oportuna asistencia psicológica, médica, jurídica y social.

b) Garantizar programas de formación que faciliten su incorporación al empleo y contribuyan a su futura autonomía.

2º.- Con el fin de que las medidas de protección judiciales y asistenciales demandadas sean efectivas, RECLAMAMOS:

La elaboración de Protocolos de actuación que coordinen a las distintas instituciones implicadas.

 

CONCLUSIONES DEL TALLER III SOBRE LA LOMPIVG

1ª.- La promulgación de una ley integral contra la violencia sobre la mujer ha sido la culminación de un largo proceso iniciado por las asociaciones de mujeres y es exponente de la concienciación social sobre esta violencia, impensable hace muy pocos años. No obstante, constatamos que no abarca todas las manifestaciones de la violencia sobre la mujer, al limitar su aplicación al ámbito de la pareja, omitiendo a otras víctimas de violencia sexista (otros miembros femeninos de la familia, o en el ámbito laboral o atentados contra la libertad sexual), por lo que instamos al legislador a que amplíe la protección.

2ª.- Instar al Estado y a las C.C.A.A. a que doten de partida presupuestaria suficiente para la aplicación de las medidas previstas en la LOMPIVG, evitando en cualquier caso que haya víctimas de distintas categorías, dependiendo de la Comunidad Autónoma a la que pertenezcan.

3ª.- A fin de no caer en la frivolidad al tratar de la violencia de género exigimos a los medios de comunicación y en especial a todas las cadenas de televisión que no hagan de este tema un espectáculo y que en ningún caso haya remuneración económica para los participantes de los programas.

4ª.- Será necesaria la coordinación entre los distintos Servicios o Institutos Públicos de Empleo para la creación del programa de acción específico para las víctimas de violencia de género inscritas como demandantes de empleo, sin que exista diferenciación entre las víctimas según las distintas comunidades autónomas.

5ª.- Será necesario desarrollar reglamentariamente la privación de la condición de beneficiario de la pensión de viudedad que pudiera corresponderle al agresor dentro del sistema público de pensiones causada por la víctima, definiendo el término reconciliación y los requisitos de la misma para evitar dicha privación.

6ª.- Exigir que, previamente a cualquier actuación, exista asesoramiento legal especializado a la víctima por parte de abogada/o para evitar consecuencias jurídicas que perjudiquen a las víctimas.

7ª.- Exigir la inclusión de la designación urgente de Procurador/a de oficio en el art. 20.4 de la ley.

8ª.- Instar al Consejo General de la Abogacía para que exija una retribución adecuada al trabajo desarrollado por los abogadas/os de oficio que intervienen en los procedimientos de violencia de género, acorde con las exigencias de especialización que la Ley determina. Recae en el abogada/o de oficio toda la responsabilidad de lo actuado anteriormente, se le está exigiendo una especialización en muchas materias, y sin embargo la remuneración es mínima o ni siquiera está prevista.

9ª.- Exigir la creación de un Juzgado de VM como mínimo en cada capital de provincia y la formación especifica de los jueces y fiscales.

10ª.- Instar a los poderes públicos a que, como medidas de prevención y lucha contra la violencia de género se lleven a cabo campañas para potenciar:

1.- La plena integración de la mujer al mercado laboral que le permita obtener y mantener su independencia económica. Para ello consideramos necesario:

a) la corresponsabilidad de los hombres en el cuidado de los hijos/as, personas dependientes y trabajo doméstico.

b) la mayor implicación de los poderes públicos por medio de incremento del gasto público en el cuidado de menores y demás personas dependientes

2.- La participación de los hombres en la lucha contra la violencia de género y de cualquier tipo de discriminación por razón de sexo.

11.- Instar las reformas legislativas pertinentes para la inclusión en el Fondo de Garantía de Pensiones de las prestaciones judicialmente acordadas e impagadas a favor de los hijos e hijas mayores de edad y de las pensiones compensatorias por desequilibrio económico.

12.- A los efectos de acceder a las medidas de protección social previstas en la LOMPVIG podrá ser acreditada la situación de la violencia de género por cualquier medio probatorio.

13- En aplicación del principio de igualdad procede ampliar el alcance de las medidas de protección social, con las especificaciones que correspondan, a las mujeres incluidas en los Regímenes especiales de la Seguridad Social.

 

CONCLUSIONES DE LA PONENCIA LEGISLACIÓN BASICA SOBRE EXTRANJERÍA Y MUJERES INMIGRANTES

1.- Agilización de los procedimientos de reagrupación familiar y procedimientos de contratación laboral.

2.- Que las mujeres que obtengan autorización de residencia por reagrupación familiar puedan acceder simultáneamente a la autorización de trabajo.

3.- Flexibilización en la regularización de aquellas personas extranjeras que están ya en España.

4.- Denunciar que el procedimiento preferente vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y exigir que para todo expediente de expulsión se utilice el procedimiento ordinario.

5.- Que desde los poderes públicos españoles se soliciten recursos económicos a la Unión Europea para cursos de integración y alfabetización de las mujeres extranjeras.

6.- Introducción como causa de discriminación en el art. 23 de la L.O. 4/2.000 la discriminación por razón de sexo, así como la inclusión en toda normativa nacional y de la U.E.

7.- Fomentar la asociación y participación de las mujeres inmigrantes.

8.- Creación de organismos públicos a los que dirigirse para solicitar la legislación del tercer país con emisión de traducción jurada.

9.- Simplificación y agilización de los trámites de reconocimiento y homologación de los títulos académicos de terceros países.

10.- Modificar el art. 59.2 de la L.O. 4/2.000, en el sentido de eliminar la discrecionalidad administrativa que en la práctica se viene produciendo.

11.- Que se elimine la expulsión automática del art. 89 del C. Penal, excepto que sea expresamente solicitado por la persona interesada.

12.- La no aplicación de instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad núm. 14/05, sobre actuación de dependencias policiales en relación con mujeres extranjeras víctimas de violencia doméstica o de género en situación administrativa irregular.

Almería, 11,12 y13 de noviembre de 2005.