Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas

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XVII Congreso Estatal de Mujeres Abogadas - Valladolid 2004

“Efecto de la aplicación del derecho de familia en las mujeres y la infancia”

CONCLUSIONES DEL TALLER DE PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD EN EL DERECHO CIVIL

El Congreso Estatal de Mujeres Abogadas tras el análisis, desde la perspectiva de género, de 1000 sentencias de separación y de divorcio ha constatado:

1.- De la misma forma que los hombres y las mujeres no tienen la misma implicación en el proceso reproductivo humano, tampoco la tienen en la crianza de los hijos e hijas.

2.- Esta situación de la vida cotidiana tiene su proyección en las rupturas: el 93% de los varones no pactan para sí la custodia de los hijos e hijas, un 63% de ellos no acuerdan en los convenios más comunicación que los fines de semana alternos y sólo el 54% ha convenido tenerles la mitad de las vacaciones de verano.

El 77% de los hombres no solicitan la guarda y custodia de los hijos e hijas en los procedimientos contenciosos.

3.- La especial implicación de la mujer en la reproducción, su mayor apego a los/las menores y la previsión legal específica contenida en el artículo 39.2 de la Constitución Española exigen que la legislación civil contenga normas protectoras de la maternidad.

4.- Una solución respetuosa con la protección a la maternidad reforzaría el “interés de el/la menor” como criterio legal prevalente a la hora de decidir el destino de los hijos/as. Por ello la 14ª sesión Plenaria de Naciones Unidas de 20-11-1959 proclamó: “El niño para el pleno armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión.../... Salvo circunstancias excepcionales no debe separarse al niño de corta edad de la madre.”

La Convención sobre los Derechos del Niño anunció en su preámbulo dicha resolución como antecedentes de los que parte, lo que asegura su vigencia.

5.-A los efectos de concretar el criterio legal del “interés del menor y la menor” debería tenerse en cuenta:

-La edad del hijo/a.

-La asunción de responsabilidades y dedicación en relación al mismo.

En este sentido se entenderá inidóneo el progenitor que:

-Incumpla o hubiere incumplido los deberes inherentes a la potestad.

-Ejerza o hubiere ejercido violencia en el ámbito familiar.

6.- A los efectos de dotar de los máximos instrumentos procesales, el legislador deberá promover el establecimiento de protocolos de actuación y coordinación para los operadores jurídicos y sociales que intervienen. Especialmente regulará un protocolo para la actuación de los peritos psicosociales que introduzca la perspectiva de género y otro para el funcionamiento de los puntos de encuentro.

7.- Constatamos que la utilización de los puntos de encuentro se realiza mayoritariamente para padres violentos, cuando en realidad deberían suspenderse las visitas para proteger a los/las menores.

8.- La protección preferente del derecho de la menor y el menor en los procesos de familia es compatible con el respeto de la autonomía de la voluntad de los progenitores en la adopción de decisiones que afecten a los hijos/as menores. Consideramos que la intervención preceptiva del Ministerio Fiscal en la revisión de los términos expresados en Convenios Reguladores de separación o divorcio supone una limitación sin causa legal del ejercicio de la potestad sobre los/las menores.

El Ministerio Fiscal en el ejercicio de la función pública tutelar que al mismo corresponde, debería, sin embargo, intervenir en el proceso contencioso mediante una participación y presencia más activa.

9.- La guarda y custodia compartida nunca podrá acordarse por el/la Juez en un procedimiento contencioso por ser contraria al interés del menor y de la menor.

10.-La obligatoriedad de la exploración a los hijos/as mayores de 12 años en el procedimiento de mutuo acuerdo es contrario al interés de la menor y el menor, y supone también una restricción sin causa de la potestad de los padres.

11.-Los empujes dialécticos relativos a la supuesta discriminación existente hacia los hombres no tienen base real ni en la ley ni en la aplicación. Del mismo modo carecen de fundamento las presunciones sexistas que atribuyen a las mujeres intenciones perversas al tratar de ejercer sus derechos derivados de la maternidad.

Conclusión adicional.-

Constatada la desprotección a la maternidad de las mujeres abogadas exigimos que la Mutualidad General de Previsión de la Abogacía reconozca el derecho de las mismas a percibir prestaciones por maternidad y especialmente el derecho al periodo de 16 semanas de descanso maternal remunerado.

 

CONCLUSIONES APROBADAS EN EL TALLER DE FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA EN LOS PROCESOS DE FAMILIA

El congreso estatal de mujeres abogadas quiere poner en conocimiento tanto de los poderes públicos como de la opinión pública en general que, los procesos de separación y divorcio evidencian e incrementan la desprofesionalización y la desvalorización del trabajo doméstico que sufrimos las mujeres en el matrimonio y la maternidad, constituyendo una de las causas de feminización de la pobreza.

Las siguientes conclusiones se elaboran a partir del estudio de trescientas Sentencias de las Audiencias Provinciales, recaídas en procedimientos de separación y divorcio y seleccionadas todas ellas en función de la disputa sobre el derecho a pensión compensatoria:

1º En el 22,4% de los casos el litigio versa exclusivamente sobre el derecho y la cuantía de la pensión compensatoria, mientras que en el 78,6% restante versa sobre la cuantía tanto de la compensatoria como de los alimentos a favor de los hijos:

• Se constata que sólo en el 1% de las Sentencias estudiadas se determina que la separación y/o divorcio produce desequilibrio económico para el marido que le hace acreedor a pensión compensatoria.

• El porcentaje total de los ingresos familiares destinado al pago de pensiones tanto alimenticias para los hijos como compensatoria para la esposa es del 32%.

• A pesar de que el artículo 97 del Código Civil, hoy por hoy, no establece limitación temporal alguna para las pensiones compensatorias entre cónyuges, en el 22% de los casos, las Audiencias Provinciales establecen la limitación temporal de la pensión compensatoria acordada.

• La edad media de las mujeres a las que se reconoce el derecho a percibir pensión compensatoria temporal es de 37 años, y ha dedicado una media de 15 años exclusivamente al cuidado y atención de la familia.

2º Reiterar la solicitud de creación de un fondo de garantía de pensiones que garantice el pago de éstas, fijadas en resolución judicial.

3º Instar al Gobierno del Estado español para que requiera al Consejo Superior Bancario a fin de que remita las oportunas instrucciones a todas las entidades para que garanticen el acceso a la información bancaria disponible de cualquiera de los cónyuges casados en régimen de gananciales con independencia de la titularidad de los bienes muebles depositados.

4º Constatamos que prácticamente en la mitad de las sentencias estudiadas no constan datos económicos del obligado al pago que permitan evaluar la cuantificación de las pensiones acordadas en sentencia. Denunciamos que esta falta de motivación de las sentencias dificulta el acceso al recurso de casación para la unificación de la doctrina e impide además la elaboración de estudios sociológicos fiables que permitan fundamentar políticas públicas adecuadas para combatir la feminización de la pobreza.

5º Constatamos la necesidad de informar con carácter previo de los efectos jurídicos y económicos del matrimonio o unión de hecho, así como de las consecuencias de la eventual ruptura. A tal efecto el Juez encargado del Registro Civil o el encargado del Registro de parejas de hecho, deberán informar a los futuros contrayentes también de las consecuencias económicas de dicho acto.

CONCLUSIONES DEL TALLER SOBRE DESPROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS MUJERES

1ª.- Llamar la atención a los jueces y juezas acerca de los efectos perversos que se están produciendo, en los procesos penales, a las mujeres víctimas de malos tratos y otros delitos, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la Constitución), con manifiesta desprotección de los otros derechos fundamentales de las mismas.

Específicamente, que se facilite el ejercicio de la Acusación Particular, desde el primer momento, a las víctimas, y así se contemple por la legislación procesal. (Aprobado por mayoría)

2ª.- Que se procure a los jueces y juezas la formación en valores antidiscriminatorios desde una perspectiva de género en la aplicación de las leyes, profundizando en el conocimiento de las causas que dan lugar a la violencia de género.

3ª.- Que se procure la misma formación al resto de los operadores jurídicos (Ministerio Fiscal, Abogadas/os, Personal Facultativo Forense, Equipos Psico-Sociales y demás personal de la administración de justicia).

4ª.- a) Que se tramite y apruebe de forma inmediata la despenalización de la interrupción de embarazo decidida por la mujer, y que el aborto sea gratuito con cargo a la sanidad pública.

b) Que se reforme la Ley Básica reguladora de la Autonomía del Paciente, Ley 41-02, de 14 de Noviembre, en el sentido de derogar el consentimiento por representación para las mujeres de 16 a 18 años, reconociéndoles plena capacidad para decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

5ª.-Que se articulen los medios personales y materiales necesarios para evitar la discriminación de las mujeres en el cumplimiento de la pena privativa de libertad, producida por la inadecuación de los centros penitenciarios a las necesidades específicas de las mujeres.

6ª.-Que se destinen recursos económicos, sociales y personales para evitar la entrada en prisión de las mujeres condenadas a penas privativas de libertad en los delitos no violentos, habida cuenta el castigo añadido que supone privarles del cuidado y contacto con los hijos, y cumplir las penas en centros inadecuados para sus necesidades específicas.

7ª.-Denunciamos que la explotación de la prostitución y tráfico de mujeres son una gravísima violación de los derechos humanos de las mismas. Igualmente denunciamos que el tráfico de mujeres y menores con fines de explotación sexual no deja de extenderse como gran negocio y parte del crimen organizado, siendo la Unión Europea uno de los destinos principales de ése tráfico. Así, la prostitución también se ha globalizado y estamos asistiendo a un proceso de conversión de los seres humanos (especialmente mujeres y menores) en factores de una economía que nada tiene que envidiar a la esclavitud, que ya creíamos abolida.

Por tanto, INSTAMOS la aplicación de todos los instrumentos jurídicos-legales de carácter internacional (artículo 6 de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer; la Convención para la represión de la Trata de Personas y de la explotación ajena, de 1.949) e interno en vigor en el Estado Español, para erradicar la explotación sexual y el tráfico de mujeres y, en particular, el artículo 188.1º del Código Penal.

8ª.- Denunciamos la complicidad y corrupción en los poderes públicos en relación con el tráfico de mujeres.

9ª.- Que se dé igual tratamiento económico a las mujeres víctimas de violencia sexista que a las víctimas de otros delitos que también violan los derechos fundamentales.

10ª.- Que se garantice la aplicación de las medidas de protección, previstas en las leyes, a las mujeres víctimas de violencia de género; y que dicha aplicación no suponga limitación alguna a sus derechos.

Valladolid, 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre de 2004.