Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas

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XVI Congreso Estatal de Mujeres Abogadas - Albacete 2002

“Solidaridad de Género: Reto del Siglo XXI”

CONCLUSIONES

A. OBTENIDAS EN EL TALLER DE LA PONENCIA SOBRE UNIVERSALIZACIÓN DEL DERECHO DE “GÉNERO”.-

1ª. Dado que la primera definición legal de género, recogida en el art. 7.3 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional, especifica que:

“Género se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término género no tendrá más acepción que la que antecede”.

Advertimos de la necesidad de replantearnos la utilización sistemática de la palabra “género” para referirnos a las mujeres. En lo sucesivo, proponemos utilizar la expresión “género femenino” o, simplemente, mujeres.

2ª. En relación a las Leyes de Paridad Electoral:

• Felicitar a las Comunidades Autónomas de las Islas Baleares y Castilla La Mancha por la promulgación de las Leyes de Paridad Electoral.

• Instamos al Gobierno de la Nación a la retirada inmediata del recurso de inconstitucionalidad presentado contra las Leyes de Paridad Electoral de las Islas Baleares y Castilla La Mancha, en cumplimiento de los Acuerdos Internacionales asumidos por el Estado Español.

• Instamos tanto a las Presidencias de las Comunidades Autónomas como a sus Asambleas Legislativas para que promuevan la promulgación de Leyes de Paridad Electoral.

• Exigimos la modificación de la legislación electoral estatal, introduciendo en la misma las correcciones necesarias para que se garantice la democracia paritaria.

• Nos comprometemos a dar traslado urgente de estas conclusiones al Presidente del Tribunal Constitucional expresando nuestra profunda preocupación por las graves repercusiones que la suspensión de las Leyes de Paridad Electoral de las Comunidades Autónomas de las Islas Baleares y de Castilla La Mancha tiene para la igualdad de oportunidades de las mujeres y recordarle, en estrictos términos de defensa, que la Justicia emana del Pueblo.

3ª. En relación al Convenio de Derechos Políticos de la Mujer de 20 de Diciembre de 1952, instamos al Gobierno de la Nación a que retire las reservas efectuadas en su día, que si bien están derogadas tácitamente por la disposición derogatoria tercera de la Constitución, siguen formalmente recogidas en el Convenio, con la consiguiente confusión de cara a la comunidad internacional.

4ª. Denunciamos la violencia contra las mujeres ejercida o tolerada por los Estados -mutilación genital femenina, asesinatos por cuestión de honor, casta, dote, violaciones de guerra- y exigimos al Estado Español y a la Unión Europea que:

• Condicionen la prestación de ayudas a otros Estados y de cooperación al desarrollo respecto de los derechos humanos de las mujeres.

• Insten a los Estados a reconocer el estatuto de víctimas a las mujeres violadas en conflictos armados, y su derecho a ser indemnizadas.

5ª. Una vez constatadas las violaciones de derechos humanos de las mujeres -recogida en los informes de la Relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias- es inadmisible que los Estados sigan excusando las actitudes tolerantes por parte de los Estados frente al incumplimiento de otros Estados.

6ª. En relación a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y constatando que es el Tratado de derechos humanos que cuenta con más reservas, que además afectan a su contenido y objetivos,

• Instamos al Gobierno a que lleve a cabo las actuaciones diplomáticas y legales necesarias para que tales reservas sean retiradas por los respectivos Estados.

• Instamos al Gobierno y a la Unión Europea a que cumpla con los compromisos asumidos en la Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Pekín en 1995.

• Manifestamos nuestro apoyo y solidaridad con todas las asociaciones de mujeres que en sus respectivos Estados luchan por la ratificación sin reservas de esta Convención y denunciamos especialmente la no ratificación de la misma por parte de los Estados Unidos de América.

7ª. En relación al Protocolo Facultativo a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer:

• Constatamos el logro que ha supuesto su adopción, al instaurar un procedimiento de quejas individuales y de investigación de oficio.

• Instamos al Gobierno para que divulgue la existencia del Protocolo.

• Denunciamos la falta de recursos asignados al Comité de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que son necesarios para el efectivo funcionamiento, ante la sobrecarga de trabajo que supone las nuevas funciones establecidas en el Protocolo.

8ª. Denunciamos la falta de previsiones legales para ejecutar las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en España:

• Por lo que instamos al Parlamento a que adopte las medidas legislativas adecuadas para que estas resoluciones judiciales se puedan ejecutar en sus propios términos.

9ª. Constatamos la falta de representación de las mujeres en todas las instancias internacionales y, muy especialmente en la composición de los Tribunales. Sin embargo, destacamos como un logro la previsión de “representación equilibrada de magistrados mujeres y hombres”, así como la mención expresa a que se incluyan entre los mismos juristas especializados en la “violencia contra las mujeres y los niños” (Art. 36.8 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional).

• Instamos al Gobierno a que presente candidaturas de mujeres.

10ª. Los derechos humanos, tanto en su formulación moral y filosófica como de Derecho Positivo, son universales, indivisibles, inviolables e imperativos, por lo que en cuanto a la solicitud de asilo basado en la persecución por razón de sexo o género femenino y su concesión:

• Denunciamos la cicatera interpretación por parte de la Oficina de Asilo y Refugio al no admitir, tan siquiera, a trámite dichas solicitudes, de la Ley 5/1984 y de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo.

• Exigimos al Gobierno que dicte directrices acordes con las del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), teniendo en cuenta las diferentes formas de persecución hacia las mujeres.

11ª. Como retos del siglo XXI nos planteamos como abogadas:

• Conocer y utilizar los instrumentos que el Derecho Internacional nos proporciona para la defensa de los derechos de las Mujeres, y nos proponemos invocarlos en todas las instancias.

• Conocer y utilizar las Recomendaciones Generales del Comité de eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

 

B. OBTENIDAS EN EL TALLER “ACABAR CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO ES POSIBLE”.

12ª. El Congreso de Mujeres Abogadas ha venido reivindicando el tratamiento global de la violencia de género, por ello instamos al Parlamento Español a la elaboración de una ley global que afronte la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, en todas sus manifestaciones.

13ª. Dicha Ley Global debe contemplar todas las competencias exclusivas del Estados y unas bases mínimas para su desarrollo por las Comunidades Autónomas, debiendo incluir:

A. Como medidas generales:

a) Medidas que garanticen la educación en la igualdad.

b) Medidas policiales y judiciales que garanticen la persecución de los actos de violencia contra las mujeres.

c) Medidas sociales y económicas que garanticen la integración familiar, social y laboral de las víctimas de la violencia contra las mujeres.

B. Como medidas específicas:

a) La creación de un registro de todos los hechos que constituyen actos de violencia contra las mujeres.

b) La creación de los mecanismos necesarios para el efectivo control del cumplimiento de las medidas adoptadas.

c) La coordinación y formación específica de los operadores que intervienen en la problemática de la violencia contra las mujeres.

d) La coordinación entre el ámbito civil y penal.

14ª. Exigimos la previsión en la Ley global contra la violencia contra las mujeres una partida presupuestaria propia y suficiente, para garantizar su eficacia.

15ª. El Congreso de Mujeres Abogadas exige las siguientes medidas legislativas en relación con el delito previsto en el art. 152 del Código Penal:

• Reubicación del art. 153 del Código Penal dentro del Título VII del Libro II del Código Penal “De las Torturas y otros delitos contra la integridad moral”.

• Modificación de la pena prevista para el delito de maltrato doméstico, estableciendo un límite mínimo de la pena superior a dos años, dado que, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud sobre violencia de género, la esperanza de vida de las mujeres que sufren violencia doméstica se ve disminuida de 5 a 10 años, lo que permite afirmar que la actual pena no es proporcional con la gravedad del hecho.

16ª. El conocimiento empírico que las Abogadas hemos adquirido respecto de la violencia contra las mujeres nos obliga a exigir que todas las denuncias y querellas se inicien con la instrucción por delito.

17ª. Instamos a los órganos judiciales para que la distancia acordada en la medidas de alejamiento no permitan, en ningún caso, el seguimiento visual de la víctima por parte del agresor, por constituir acoso moral y provocar la doble victimización de las perjudicadas.

18ª. Recordamos a los órganos judiciales la obligación que tienen de aplicar los criterios jurisprudenciales marcados por las Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de Junio de 2000 y de 7 de Julio de 20000 respecto del concepto de habitualidad del art. 153 del Código Penal.

19ª. Dado que la gran mayoría de los episodios de violencia doméstica son calificados como faltas, exigimos que se lleven a cabo las modificaciones legislativas necesarias para que el establecimiento de medidas cautelares y de protección de la víctima sea posible en las faltas.

20ª. Consideramos que la ley global contra la violencia de género tendrá que garantizar que las víctimas reciban indemnizaciones, como reconocimiento del derecho a una reparación por el mal sufrido, estableciendo, para ello, la responsabilidad civil subsidiaria del Estado.

21ª. El Congreso estatal de Mujeres Abogadas manifiesta su preocupación ante la publicación de la Ley 38/2002, de 24 de Octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas y de modificación del procedimiento abreviado, puesto que la brevedad del procedimiento previsto en el Titulo III del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su nueva redacción, resulta incompatible con la valoración necesaria de la entidad del daño sufrido por la víctima.

22ª. Destacamos la aportación de la Ley 5/2001 de 17 de Mayo, de Prevención de Malos Tratos y Protección a las Mujeres Maltratadas de Castilla La Mancha, dentro del conjunto de posibles soluciones a la erradicación de la violencia doméstica, porque:

• La mujer es el centro a partir del cual se articulan todas las medidas.

• Es la única Ley que individualiza el criterio de proporción de los servicios en función del número de habitantes.

• Es la primera norma de derecho positivo que obliga a la previsión específica en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma con independencia de quien gobierne en cada momento.

 

C. OBTENIDAS EN EL TALLER “LA PROSTITUCIÓN NO ES UN FENÓMENO SOCIAL LEGALIZABLE”.

23ª. Que la Ley penal debe dirigir el reproche en materia de prostitución contra proxenetas y prostituidores.

24ª. Denunciamos el perverso lenguaje que viene siendo utilizado para designar a los sujetos que intervienen en el fenómeno prostitucional y, en consecuencia, proponemos:

• Que no deben ser utilizados los términos de “usuarios” o “clientes” de la prostitución, debiendo ser sustituidos dichos términos por el de “prostituidor”, al designar esta expresión más certeramente la responsabilidad que se deriva de su demanda y de su conducta. De ahí, que la definición de prostituidor deba ser entendida como aquel que realiza las conductas que hasta ahora se designaban como del “cliente” o “usuario”.

• Que se establezca como definición de “proxeneta” la de todo aquel que promueve, facilita, induce, explota, favorece o mantiene la prostitución ajena medie o no consentimiento de la persona prostituida con ánimo de lucro y/o cualquier beneficio.

• Que se sustituya el término utilizado por los grupos económicos organizados autodenominados “empresarios del sexo” por el de “proxenetismo organizado”, remitiendo a la definición acordada en el apartado anterior.

25ª. Denunciamos que el Código Penal de 1995, vulnera las prescripciones del Convenio Internacional de Naciones Unidas de 2 de Diciembre de 1949, para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, al despenalizar varias de las modalidades de proxenetismo previstas en el Convenio, representando ello una violación unilateral de los compromisos adquiridos por nuestro país ante la Comunidad Internacional.

Y por ello, proponemos la modificación del actual Código Penal, para que se incorpore la tipificación y sanción punitiva e los delitos de “rufianismo”, “tercería locativa” y del “proxenetismo no coercitivo”.

26ª. Resaltamos que la regulación que contiene el actual Código Penal ha favorecido el proxenetismo organizado en nuestro país, convirtiendo nuestro territorio en un lugar de destino y no de tránsito de mujeres prostituidas.

27ª. Reclamamos a los poderes autonómicos y locales, en especial al Ayuntamiento de Bilbao y al Gobierno de la Generalitat de Cataluña, la inmediata derogación de las normas publicadas en 1999 y 2002, respectivamente, que reglamentan la prostitución acuartelada, en asombrosa sintonía con los intereses del proxenetismo organizado.

28ª. Instamos a las autoridades competentes para que interpongan el oportuno procedimiento para la declaración de nulidad de pleno derecho de la inscripción en el Registro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne, dado que son los representantes del proxenetismo organizado en nuestro país.

29ª. Exigimos al legislador que introduzca un nuevo tipo penal específico para la figura del “prostituidor”.

30ª. Denunciamos la incorrecta ubicación de los delitos relativos al ejercicio de la prostitución en el Título “Delitos contra la Libertad Sexual”, por entender que no es el bien jurídico protegido. Al tiempo que reclamamos que dichos tipos penales sean ubicados bajo la rúbrica “De la Tortura y otros Delitos contra la Integridad Moral”, sin perjuicio de la regulación de los supuestos de concursos reales, que en la mayoría de las ocasiones concurren con estas conductas.

31ª. Demandamos de los Poderes Públicos que, en cumplimiento del Convenio Internacional de Naciones Unidas de 2 de Diciembre de 1949, para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, desarrollen políticas de prevención de la prostitución e implementen las medidas previstas en los artículos 16, siguientes y concordantes del mencionado Convenio, en apoyo a las supervivientes de la prostitución.

Instamos al Instituto de la Mujer y Organismos de Igualdad de las Comunidades Autónomas, para que inicien campañas sostenidas en el tiempo de deslegitimación del prostituidor, cuya demanda y comportamiento favorece esta modalidad de explotación.

Y por tanto concluimos, elevando nuestras propuestas a la Comisión Especial para el Estudio de la Prostitución, constituida el 21 de Marzo de 2002 en el Senado; al Congreso de los Diputados, al Gobierno del Estado y de las Comunidades Autónomas; a los Parlamentos Autonómicos, y en especial al de Cataluña y Valencia; a las Corporaciones Locales, significando de manera expresa al Ayuntamiento de Bilbao, para que las asuman y adopten las medidas que en cada caso correspondan, derogando las normativas que contravienen las prescripciones del Convenio Internacional de Naciones Unidas de 2 de Diciembre de 1949, para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena.

Albacete, 31 de Octubre, 1 y 2 de Noviembre de 2002.