Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas

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XV Congreso Estatal de Mujeres Abogadas - Madrid 2001

“Estudio de la jurisprudencia desde la perspectiva de género”

CONCLUSIONES

El XV Congreso Estatal de Mujeres Abogadas, reunido en sesión plenaria en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, el día 8 de diciembre de 2001, ha aprobado las siguientes conclusiones, a propuesta de los distintos talleres de trabajo.

 

DERECHO PENAL

- Las sentencias estudiadas demuestran que los Tribunales discriminan por razón de género mediante la aplicación de la ley, tratando de forma desigual a las mujeres tanto si son autoras de delitos como si son víctimas.

- La declaración de la víctima es observada con mayor suspicacia en los delitos de género.

- La aplicación de atenuantes en estos delitos es más frecuente, dejando traslucir consideraciones de carácter ideológico, basadas en la justificación de los roles sexistas.

- Se constata que el entorno familiar es un factor de riesgo: en el 93 % de los delitos contra la vida de las mujeres que viven o han vivido en pareja el agresor es el hombre, el 32% de los delitos contra la libertad sexual son llevados a cabo por familiares y los varones son los autores de la violencia habitual en el 100% de los supuestos.

Para que la Justicia dé una respuesta efectiva a la violencia de género es preciso que se garantice la formación de los jueces en la no discriminación por razón de sexo en todas sus manifestaciones, tanto directas como indirectas, así como en los derechos de las víctimas.

La consecución del fin de prevención general del ordenamiento penal pasa, necesariamente, por que los jueces en la apreciación de la ilicitud de la acción y la determinación de la pena, valoren la gravedad objetiva del hecho y no otras consideraciones.

El Derecho Penal no puede permanecer de espaldas a quien sufre las consecuencias del delito. Por ello la Administración de Justicia debe modificar las actuaciones que se realizan, desarrollando un trato respetuoso y comprensible, personalizado y protector de su intimidad, aplicando los medios de separación visual también en las víctimas adultas.

Especial relevancia tiene la situación de los menores cuando son víctimas de delitos por lo que es precisa una reforma urgente de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que contemple que las declaraciones de los niños se efectúen a través de expertos, grabadas en vídeo en el momento más próximo posible al conocimiento de los hechos con intervención de todas las partes personadas y evitando nuevas y posteriores declaraciones.

A la vista del resultado interpretativo del Código Penal vigente creemos preciso modificar los siguientes aspectos:

a) Circunstancia mixta de parentesco (art.23 C.P.), contemplar de forma expresa que la modalidad agravada debe ser de aplicación para convivientes o ex-convivientes con independencia de la buena o mala relación que tengan o hayan tenido.

b) Privación de la patria potestad sobre los hijos para los autores de delitos contra las personas en el ámbito familiar, con independencia de que el delito se haya perpetrado directamente sobre cada uno de ellos.

c) Inclusión del domicilio familiar como circunstancia agravante de lugar: ya que al amparo del mismo el agresor actúa con mayor impunidad y dificulta las posibilidades de defensa de la víctima.

d) Eliminación de la figura de delito continuado en los atentados contra la libertad sexual equiparándolos al resto de delitos contra bienes jurídicos eminentemente personales, para una efectiva proporcionalidad en la aplicación de las penas.

e) Modificación del articulo 179 del C.P. incluyendo cualquier penetración con independencia del órgano u objeto que se utilice.

f) Restringir los requisitos de la atenuante de confesión en los delitos contra la vida perpetrados entre convivientes y ex convivientes de modo que sea sólo operativa si es inmediata.

g) Garantizar la aplicación del alejamiento de la localidad de residencia de la víctima de forma efectiva en los delitos de género.

h) Estipular un baremo objetivo de indemnizaciones por daños morales en estos delitos.

 

DERECHO CIVIL

Tras los debates mantenidos y previo examen de un gran número de resoluciones judiciales, hemos llegado a las siguientes conclusiones:

EN MATERIA DEL EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD Y DEL DERECHO DE VISITAS

Las resoluciones de los Juzgados y Tribunales presentan una interpretación arbitraria a la hora de valorar qué conductas representan un incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones derivas de la patria potestad, observándose que los incumplimientos en los que incurren los padres son tratados con mayor benevolencia y tolerancia que los supuestos en que el incumplimiento procede de la madre.

El ejercicio de la violencia de género, el impago reiterado de las pensiones de alimentos o el incumplimiento del régimen de visitas no son considerados por los tribunales causa suficiente que motive la privación o suspensión de la patria potestad o del régimen de visitas.

La violencia ejercida directamente sobre las/los hijas/os, a lo sumo, conlleva una limitación al régimen de visitas.

Un alto porcentaje de las resoluciones judiciales se amparan en una supuesta protección de los menores para no aplicar las consecuencias previstas en la ley.

Las resoluciones judiciales, a pesar de los cambios legales - Ley 13 de mayo de 1981- siguen presentando una interpretación patrimonializada de la patria potestad, lo que determina que los fallos judiciales expresen un gran nivel de tolerancia y condescendencia hacia los incumplimientos de los padres.

Frente al criterio que reflejan las resoluciones judiciales, entendemos:

1) Que la violencia sobre las/los hijas/os o el progenitor es causa suficiente para suspender el "régimen de visitas" y para privar al agresor de la patria potestad por ser una conducta que compromete gravemente el desarrollo emocional y psicológico de las/los hijas/os, así como su formación integral.

2) Que tanto el impago de las pensiones alimenticias a las/los hijas/os como el incumplimiento grave e injustificado del régimen de visitas establecidas en resolución judicial, son causas legales de suspensión del ejercicio de la patria potestad o de su privación, así como del propio régimen de visitas, que deben ser aplicadas por los tribunales.

3) Que instamos al Ministerio Fiscal una participación activa en la solicitud de la aplicación de las anteriores medidas.

4) Por último, expresamos nuestro contundente rechazo al Acuerdo del Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de fecha 26 de mayo de 2000, sobre restricciones a la privación de la patria potestad, por ser contrario a la Ley.

DERECHO DE ALIMENTOS

Tanto nuestro derecho como los convenios y tratados internacionales ratificados por España proclaman una enérgica protección de las/los hijas/os durante su minoría de edad.

Frente al criterio que mantienen los órganos jurisdiccionales, entendemos:

5) Que la norma que sirve de cobertura a los órganos judiciales para negar carácter retroactivo a los alimentos – art. 148 CC.- es una previsión normativa aplicable exclusivamente a los alimentos debidos entre parientes pero no a los debidos a las/los hijas/os durante su minoría de edad.Que la obligación de alimentos de las/los hijas/os durante su minoría de edad nace desde el momento de la filiación, y en consecuencia, esta obligación ha de ser reconocida desde que se produce el incumplimiento por parte del progenitor, con independencia del momento en que se efectúe la reclamación judicial.

Resultando, por otro parte, esta interpretación más acorde con los principios de protección de los menores que inspiran nuestros textos legales.

6) Que siendo las obligaciones paterno filiales las de mayor contenido ético que pueden existir en una sociedad, este criterio es difícilmente compatible con el breve plazo de prescripción que establece el CC. En consecuencia pedimos al legislador que equipare el plazo de prescripción de los alimentos al plazo de prescripción de las acciones personales.

 

DErecho LABORAL

I.- Igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres

1. Es un hecho constatado que a los Tribunales les cuesta mucho declarar determinadas conductas empresariales como discriminatorias, dictando, en numerosas ocasiones Sentencias que

- o bien recurren a argumentos formales para no entrar a resolver la cuestión de fondo

- o niegan dicha discriminación

- o justifican la diferencia para concluir que no es discriminatoria la práctica empresarial

2. En las empresas, las conductas discriminatorias indirectas o de impacto adverso son patentes, evitando la contratación de mujeres para cubrir determinados puestos de trabajo, así como una vez contratadas limitando su promoción profesional.

3. Para evitar las situaciones descritas es preciso arbitrar mecanismos de actuación inmediata a través de la figura del/la agente de igualdad, integrada en la Inspección de Trabajo con las mismas competencias que los controladores laborales; para una vez detectada la discriminación, esta cese de inmediato, aunque sea de manera cautelar, en tanto se pronuncian los Tribunales, sin perjuicio de las responsabilidades que de tal conducta deriven.

Asimismo imponer en las mesas de negociación colectiva la figura del agente de igualdad.

II.- Discriminación salarial

1. En la gran mayoría de los supuestos estudiados, las diferencias salariales entre hombres y mujeres parten de los propios Convenios Colectivos, que, siguiendo una dinámica histórica, continúan manteniendo (descaradamente o mediante denominaciones neutras) categorías profesionales "masculinas" y "femeninas".

2. Sistemáticamente las mujeres son contratadas única y exclusivamente en categorías tradicionalmente "femeninas". Sólo esporádicamente pueden ser promocionadas a categorías tradicionalmente "masculinas".

3. En todos los casos, las categorías "feminizadas" tienen establecido un salario inferior a las categorías "masculinizadas". Las diferencias salariales habitualmente se plasman en el salario base y a veces en complementos de dudosa justificación (calidad o cantidad de trabajo, incentivos... etc.).

4. La justificación de las diferencias salarias es siempre el desarrollo de una superior fuerza física por parte de los varones, disfrazada en ocasiones mediante las denominaciones de "mayor esfuerzo" y/o "penosidad".

5. En muy pocos supuestos se realiza una valoración técnica del trabajo por Organismo especializado (Inspección de Trabajo). Los Tribunales no utilizan los medios establecidos en el artículo 95.3 de la Ley de Procedimiento Laboral, que dice: "Cuando en el proceso se haya suscitado una cuestión de discriminación por razón de sexo, el Juez o Tribunal podrá recabar el dictamen de los organismos públicos correspondientes". Tampoco las partes solicitan como prueba la valoración por organismos especializados de los trabajos.

6. Durante los últimos 10 años la Jurisprudencia ha ido evolucionando desde una posición decidida en pro de la no discriminación salarial por razón de sexo, hacia una postura regresiva que permite e incluso alienta la pervivencia de estereotipos basados en las diferencias meramente biológicas, entre hombres y mujeres, con hipervaloración de las características de fortaleza física típicamente masculinas.

7. Denunciamos la infravaloración que se hace en los Convenios Colectivos de las tareas que exigen cualidades; en términos del propio Tribunal Constitucional "predicables de ambos géneros".

III.- Acoso Sexual

Los asuntos sobre acoso sexual, siguen planteándose escasamente ante los Tribunales, siendo pocas las denuncias, olvidándose por las Instituciones que es una forma de violencia contra las mujeres. Es necesario por tanto instar a las Instituciones para que en las campañas contra la violencia de género se incluya el acoso sexual, creando mecanismos de defensa para las mujeres trabajadoras que lo sufran.

Siguen sin existir en los convenios colectivos mecanismos de denuncia frente al acoso sexual, así como cláusulas de garantía frente al mismo, para que de ese modo, los Tribunales laborales estén obligados a tipificar este tipo de conductas como se merecen, protegiendo la libertad de la mujer, y exigiendo las responsabilidades que correspondan al acosador.

Habitualmente se declara la improcedencia de los despidos de los acosadores, minimizando la trascendencia del acoso, lo que revela la falta de formación y conocimiento por los Tribunales, contribuyendo así a la no erradicación de este tipo de conductas.

Los Tribunales señalan indemnizaciones de cuantía muy reducida, no teniendo en cuenta que existe la lesión de los derechos fundamentales a la intimidad; a la libertad y a la integridad física y moral. Tampoco se valoran las secuelas psíquicas que estas conductas provocan.

El Tribunal Constitucional muestra una tendencia regresiva, hasta el punto que no basta la mera afirmación de discriminación o lesión de un derecho fundamental, sino que ha de reflejarse en unos hechos, atemperando con ello la carga de la prueba sobre el empresario y condicionando el contenido de la Ley de Procedimiento Laboral.

En este mismo sentido se desdibuja el contenido del acoso sexual ambiental.

IV.- Conciliación vida familiar y laboral

Embarazo

1. Es preciso que los Tribunales apliquen la nulidad del despido en supuestos de embarazo, así como que éste no sea obstáculo para la contratación de la mujer, según criterios claramente establecidos por la Sentencia del TJCE de 4/10/2001.

Reparto de responsabilidades familiares

Reducción de jornada

1. Hasta ahora y por ser muy reciente, los Juzgados y Tribunales están accediendo a las modificaciones horarias pretendidas, destacando que en los supuestos analizados todas las demandas son interpuestas por mujeres.

Resulta asimismo prioritario la introducción en los Convenios colectivos de un tratamiento adecuado de las modificaciones horarias y flexibilización de jornadas, de forma que deje de ser consideradas una problemática exclusiva de las mujeres.

Permiso por maternidad

1. Tras considerar las sentencias analizadas y la nueva regulación establecida en el R.D. 1251/2001, puede afirmarse que el tratamiento dado a trabajadoras de determinados regímenes especiales y/o a tiempo parcial, para acceder a las prestaciones de maternidad y riesgo durante el embarazo, es claramente discriminatorio con respecto al que se da a otras prestaciones "neutras" o no específicamente predicables de uno de los géneros.

2. En relación con el descanso por maternidad se debería establecer el mismo tratamiento para la maternidad/paternidad biológica respecto de la adoptiva.

3. Volvemos a denunciar la situación discriminatoria que se produce en los casos en que las mujeres están incluidas en una mutualidad profesional en la situación de maternidad.

 

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A pesar de que la Constitución Española de 1978 consagra en su artículo 14 el principio de no discriminación por razón de sexo y que en el 9.2 se proclama la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, es un hecho que no vivimos en una sociedad igualitaria.

Reiteramos la denuncia del déficit democrático existente en todas las estructuras políticas y económicas en detrimento de las mujeres, siendo especialmente grave la nula presencia histórica de las mujeres en nuestro Tribunal Supremo.

Opinamos que iniciando el camino de la reclamación de responsabilidades por la situación en que nos encontramos el colectivo de mujeres, conseguiremos avanzar en el largo camino hacia la igualdad de derechos.

El daño puede ser producido por cualquiera de los Poderes del Estado; ejecutivo, legislativo y judicial.

Estudiada la Jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, así como la de nuestro Tribunal Constitucional, concluimos que los daños causados a las mujeres por parte de cualquiera de los Poderes del Estado deben ser reparados mediante la oportuna indemnización.

Ejecutivo

Las Administraciones Públicas están obligadas a adecuar sus actuaciones al principio de igualdad y su incumplimiento lleva aparejada, necesariamente, la obligación de resarcir los daños causados a las mujeres afectadas.

Legislativo

El daño ocasionado a las mujeres por una Ley declarada inconstitucional por vulneración del principio de igualdad, entre otros, permite la reclamación de indemnización por los perjuicios causados.

Judicial

El daño que produce a las mujeres el funcionamiento de la Administración de Justicia, por ejemplo, las dilaciones indebidas en los procesos judiciales, da derecho a las afectadas a reclamar al Estado el oportuno resarcimiento económico.

Instamos a los poderes públicos a que procedan a la revisión y adecuación de las normas para evitar cualquier tipo de discriminación por razón de género y a las mujeres a que ejerciten las oportunas acciones contra el Estado por los daños sufridos.

Por último, exigimos al Poder Legislativo la elaboración de normas que permitan la ejecución inmediata de las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Madrid, 8 de diciembre de 2001