Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas

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XII Congreso Estatal de Mujeres Abogadas - Sevilla 1998

"El Derecho, ¿instrumento para erradicar la violencia contra las mujeres?

 

CONCLUSIONES EN DERECHO CIVIL

1ª.- Si estamos de acuerdo a que pese al reconocimiento adquirido en las leyes, este esfuerzo no ha servido para erradicar la discriminación que sufran las mujeres, hemos de acordar que el derecho no ha sido ni es hasta ahora un instrumento válido para erradicar la violencia contra las mujeres, bien al contrario es un vehículo que lo perpetúa y a la vez configura, en cada momento histórico, la posición de género, sosteniendo la supremacía de los valores e intereses androcéntricos.

2ª.- Si la discriminación que sufren las mujeres es inherente a su condición de mujer, con independencia del reconocimiento formal de nuestros derechos se hace necesario introducir el concepto de género, como categoría analítica, en el estudio e interpretación del derecho, tanto para descubrir los mecanismos que mantienen inalterable su entramado, como para avanzar en la consecución de la igualdad sustantiva.

3ª.- La abrumadora disparidad de sentencias en derecho de familia, y sobre todo la disparidad de criterios en la ejecución de las mismas, conlleva no sólo discrecionalidad, sino incluso arbitrariedad vulnerándose el Principio de Seguridad Jurídica, lo que hace inviable que el Derecho cumpla su verdadera finalidad.

4ª.- Pensamos que ante la disparidad de sentencia habría que introducir en el derecho de familia el recurso de unificación de doctrina como mecanismo adecuado para al menos acabar con la inseguridad jurídica y a la vez como instrumento de trabajo para hacer visibles las contradicciones y los criterios discriminatorios señalados frente a los que proponer soluciones que contribuyan a la erradicación de la violencia contra las mujeres.

5ª.- No consideramos necesario insistir en las medidas civiles que pudieran adoptarse frente a la violencia doméstica, pues creemos haber demostrado que el problema no está en la falta de normas (véanse los arts. 170 CC sobre privación patria potestad, art. 94 CC sobre limitación o suspensión régimen de visitas, el art. 103, 4º y 5º respecto de administración, entrega y vinculación de bienes a uno u otro cónyuge, etc.), sino la invisibilidad en que se encuentran las mujeres como sujeto y en la importancia capital y absoluta del "pater familia", ejemplo y referente único del Derecho, por lo que sólo produciéndose un cambio en la filosofía que informa nuestro ordenamiento jurídico sería posible adoptar normas más efectivas.

6ª.- Sin embargo, y como se requieren a corto plazo acciones para paliar la situación en que se encuentran las mujeres que sufren violencia, nuestra propuesta consiste en la creación en este congreso, de una Comisión en el seno de la Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas que unifique las medidas existentes y coordinen el seguimiento de la ejecución de los protocolos, planes, medidas, etc. con dotación presupuestaria para la ejecución de los protocolos, y medidas existentes.

 

CONCLUSIONES EN DERECHO LABORAL

1ª.- Exigir la transposición inmediata de la directiva 92/85

2ª.- Exigir que los contratos de sustitución de la mujer que disfruta del descanso por maternidad, se cubran por otra mujer para poder acogerse los empresarios a los beneficios de la bonificación en cuotas de Seguridad Social, modificándose en este sentido la reciente normativa

3ª.- Hacer de la negociación colectiva, el instrumento ideal para eliminar todas las formas de discriminación de la mujer en la empresa:

a) Detectar y eliminar cláusulas que contengan alguna forma de discriminación

b) Incorporar medidas de acción positiva que modifiquen la situación de desigualdad con que se encuentra la mujer

c) Establecer la participación sindical en los procedimientos de contratación de los trabajadores/as, proponiéndose a través de los Convenios Colectivos los sistemas de contratación y acceso, atendiendo a criterios de paridad

d) Promover la formación y promoción profesional de la mujer, siendo el tiempo de formación dentro de la jornada labora, teniendo acceso a la misma, la trabajadora en excedencia por cuidado y atención a los hijos.

e) Establecer criterios para analizar la valoración de los diferentes puestos de trabajo y los trabajos de igual valor.

f) Creación de Comisiones de igualdad con facultades de intervención en el cumplimiento de lo establecido en Convenios Colectivos.

g) Definición en los Convenios Colectivos del Acoso sexual

h) Tipificación del Acoso sexual como falta muy grava

i) Atribuir competencias a la Comisión de igualdad en materia de acoso sexual, especialmente en la denuncia y prueba del mismo. Asegurando en todo momento la confidencialidad

4ª.- Incluir la I.T. causada por Acoso sexual, como contingencia profesional

5ª.- Exigir de nuestros tribunales que valoren en su justa medida, los perjuicios que sufre la mujer que ha sido víctima de acoso sexual en el trabajo, a la hora de establecer las indemnizaciones correspondientes.

6ª.- Promover la sindicalización de las trabajadores, de modo que participen más mujeres en las elecciones sindicales para formar parte de los Comités de Empresa o Delegadas de Personal.

7ª.- Exigir de los Sindicatos, la presencia de mujeres en las mesas de negociación de los Convenios colectivos, de modo que estas asuman las reivindicaciones de las trabajadoras.

 

CONCLUSIONES EN DERECHO PENAL

1ª.- Incluir la violencia psíquica dentro de las conductas tipificadas en el art. 153 del C.P.

2ª.- Ampliar el sujeto pasivo del delito del art. 153, al "cónyuge, excónyuge, exconviviente, persona con la que se mantiene o ha mantenido relaciones íntimas.

3ª.- Que el término habitualidad sea sustituido por actos repetidos en igual sentido con o sin condenas o denuncias previas.

4ª.- Eliminar la pena de multa de la falta de malos tratos del artículo 617.2 del Código Penal y en le caso del artículo 147.2 cuando las lesiones sean causadas a alguna de las personas recogidas como sujetos pasivos en el artículo 153.

5ª.- Exigir el cumplimiento estricto de las condiciones y procedimientos establecidos en el Código Penal para la suspensión, sustitución o remisión de la pena de prisión.

6ª.- Establecer como requisito necesario en todos los delitos contra las personas que previamente a adoptar cualquier medida relativa a la suspensión, sustitución o remisión de la pena, sea oída la persona ofendida o su representante legal una vez haya sido informada de la solicitud de la suspensión de la pena y de la posibilidad de oponerse a la misma o alternativamente solicitar la aplicación de cualquiera de las medidas previstas en el artículo 83 del Código Penal.

7ª.- Incluir expresamente dentro del artículo 57 del Código Penal el delito del artículo 153 como uno de los delitos a los que se les puede aplicar las penas accesorias mencionadas en dicho precepto.

8ª.- Incluir dentro del artículo 57 del Código Penal la posibilidad de penas accesorias para las faltas del artículo 617. 2 del Código Penal con un límite temporal de seis meses.

9ª.- Ha de eliminarse el requisito de procedibilidad en los delitos de agresiones sexuales, abusos y acoso sexual (artículo 191.1º del C.P.) no debiendo exigirse en el caso de que las víctimas sean personas con capacidad de obrar propia, las denuncias o querellas de las mismas.

10ª.- En cuanto al delito de violación ha de presumirse que toda penetración anal, bucal o vaginal de una persona menor de 12 años se hace con intimidación, por lo que ha de volverse a la antigua tipificación de la violación por el mero hecho de la penetración anal, bucal o vaginal de una menor de 12 años.

11ª.- Debe eliminarse la posibilidad del delito continuado en los delitos contra la libertad sexual(art. 74), siendo injustificada que la reiteración delictiva (a veces durante largos años) pueda unificarse en un solo delito con un efecto atenuante importante, dejándolo además al arbitrio judicial (según "la naturaleza del hecho y del precepto infringido"), con peor tratamiento que para los delitos continuado contra el patrimonio, en los cuáles la continuidad delictiva, en determinados supuestos, permite elevar las penas en 1 o 2 grados.

12ª.- En el delito de acoso sexual, debe eliminarse del tipo el requisito de la superioridad jerárquica, siendo suficiente que se cometa la acción prevaliéndose de una situación laboral, docente o análoga. (El prevalimiento en estos casos no vendría dado por la superioridad jerárquica, sino por la seguridad que tiene el agresor de que la víctima no podrá escapar a ese marco donde debe trabajar, estudiar, o realizar el servicio militar, etc.).

13ª.- En los delitos de Agresión Sexual (arts. 178 y 179) y Abuso Sexual se hace necesario que la agravante de parentesco ya existente (arts. 178, 179 y 180.4º) "Respecto a ascendiente, descendiente o hermanos por naturaleza o adopción de la víctima", se amplíe al cónyuge, excónyuge, conviviente y exconviviente.

14ª.- Debe ampliarse expresamente la posibilidad de imponer como pena no privativa de libertad la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de patria potestad, tutela, curatela y guarda por tiempo de seis meses a seis años en los delitos de violencia doméstica (art. 153 del C.P.), y ello aunque las víctimas no sean los menores que se hallen bajo la patria potestad de la víctima o el agresor.

15ª.- Supresión del requisito de procedibilidad previsto en el último párrafo del art. 620.

16ª.- La Conspiración, la proposición y la provocación para delinquir, deben penalizarse expresamente en los delitos contra la libertad sexual.

17ª.- Los Colegios profesionales de Médicos y Psicólogos deberían incluir en su código deontológico el deber de remitir al Juzgado el dictamen relativo a las lesiones psíquicas de las mujeres víctimas de agresiones, que conocen a través de su actuación facultativa.

18ª.- El deber de poner en conocimiento de la justicia la comisión de un delito, adquiere en estos casos una especial relevancia y debe formar parte del compromiso de toda la sociedad en la lucha por erradicar la violencia de género.

19ª.- Exigir peritaciones integrales a cargo de profesionales Forenses con especial formación y sensibilización.

20ª.- Denunciamos la actuación del Ministerio Fiscal por considerar que intervienen en estos supuestos (malos tratos, independientemente de que sean constitutivos de delito o falta), en base a un principio de oportunidad no reglado, en vez de hacerlo con sujeción al principio de legalidad que le viene impuesto en el ordenamiento penal vigente, por su propio Estatuto. Muestra de ello es la Circular 7/98 de la Fiscalía General del Estado, que establece los criterios de intervención del Mº fiscal en la persecución de los malos tratos en el ámbito doméstico y familiar, como si los malos tratos no hubieran existido antes o no hubieran estado tipificados en el Código Penal, y respecto de los cuales, el Mº Fiscal ya estaba obligado a perseguirlos al igual que cualquier otro delito o falta.

21ª.- Exigimos el establecimiento de Protocolos de actuación para Malos Tratos al igual que se ha hecho en agresiones sexuales (Clínicas forenses, Centros Hospitalarios, Jueces, Fiscales, Abogados).

La pena accesoria del art. 57 del C.P. para determinados delitos, se extiende a las faltas (Modificaciones C.P.) con un límite temporal de 6 meses (art. 33 C.P.)

 

CONCLUSIONES EN NORMATIVA INTERNACIONAL

El taller encargado del estudio de la ponencia de normativa internacional ha adoptado las siguientes conclusiones:

1ª.- Ha sido reconocido en diversas Conferencias Internacionales por los propios Gobiernos que: la violencia contra las mujeres es el crimen encubierto más frecuente en el mundo y la Asamblea General de Naciones Unidas ha declarado que la violencia es, a veces, perpetrada o tolerada por el propio Estado. En España, su represión no encuentra la respuesta adecuada en los tribunales de justicia que, en contadas ocasiones aplican la normativa internacional que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno.

Ante esta reticencia y coincidiendo con el 50º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos consideramos sería útil que todas nosotras insistiéramos en invocar en nuestras demandas de justicia el cumplimiento de los Convenios Internacionales suscritos por España y, en especial, la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer.

2ª.- La Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer carece de un mecanismo de presentación de denuncias por parte de los particulares o las organizaciones no gubernamentales, siendo esta carencia un freno para el logro de su aplicación efectiva, por lo que instamos al Gobierno del Estado español para que, en cumplimiento de los acuerdos adoptados en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, realice las actuaciones necesarias para la urgente elaboración de un Protocolo Facultativo a la Convención que permita la denuncia de su incumplimiento.

3ª.- El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha reconocido en su informe de 19 de junio del presente año el incumplimiento, por su parte, del Acuerdo de 1.998 por el que se comprometió a incluir como capítulo diferenciado en los datos estadísticos que se elaboran sobre la actividad judicial, los procesos seguidos por malos tratos a mujeres. Los Organismos Internacionales reclaman sistemática e insistentemente a los Estados la aportación de datos estadísticos como instrumento imprescindible de conocimiento para la adopción de medidas eficaces que erradiquen la violencia contra las mujeres. La no remisión de estadísticas españolas al respecto contribuye, por tanto, al mantenimiento de la actual situación.

4ª.- El acoso sexual es la forma de ejercicio de la violencia contra las mujeres más frecuente en el ámbito laboral. Ante las graves dificultades que el acoso sexual en el trabajo representan para la plena incorporación de las mujeres al mercado laboral, exigimos el Estado Español que adopte una postura firme ante la Unión Europea para la urgente aprobación de la oportuna Directiva al respecto.

5ª.- Denunciamos la falta de instrumentos jurídicos internacionales para actuar contra la sustracción de menores por parte de los padres en los casos de ruptura de parejas de distinta nacionalidad, especialmente en aquellos Estados con políticas fundamentalistas y ordenamientos jurídicos que no respetan los derechos humanos de las mujeres.

Entendemos que estas prácticas constituyen una forma más de violencia ejercida contra las mujeres y de vulneración de los derechos de las madres, así como de sus hijos e hijas. Por ello instamos la Gobierno del Estado Español a que promueva ante los organismos internacionales competentes la firma de convenios eficaces que comprometan a los estados a arbitrar mecanismos de solución para estas situaciones.

6ª.- La persecución por motivos de sexo no está considerada de forma explícita por los instrumentos internacionales como motivo que justifique la concesión del estatus de refugiada. Esta persecución puede comprender situaciones tan graves como la mutilación genital, lapidación o prisión por adulterio.

Exigimos al Estado Español que incorpore a su práctica administrativa la consideración de la persecución a determinado grupo social, reconociendo así que es causa suficiente para la obtención de los derechos establecidos en la Convención de Ginebra, dando así cumplimiento a la Resolución del Parlamento Europeo de 11 de junio de 1.986.

7ª.- Denunciamos que la legislación de extranjería, tanto en los permisos ordinarios como en materia de asilo y refugio, reconoce el derecho de residencia a los solicitantes de los permisos, que suelen ser hombres y sólo de forma derivada a sus familias. Significa esto que las mujeres mantienen una situación de dependencia respecto a ellos y cuando sufren violencia familiar se enfrentan a otra violencia añadida: la pérdida de su derecho de residencia y la expulsión. La segunda es violencia ejercida por el propio Estado Español.

8ª.- Las mujeres inmigrantes que hayan sido objeto de trata y estén siendo objeto de explotación mediante la prostitución no deben recibir, como sanción añadida, la expulsión. El Estado Español está obligado por la normativa internacional humanitaria a dar la adecuada protección a las mismas. La actual situación es, una vez más, violencia ejercida contra las mujeres por el propio Estado.

Sevilla, octubre de 1998