Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas

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X Congreso Estatal de Mujeres Abogadas - Valladolid 1996

“Los derechos de las mujeres en la última década y cuestiones pendientes”

 

conclusiones del taller de la ponencia marco

ASPECTOS JURÍDICOS IDEOLÓGICOS

Después de 10 años de andadura en la consecución de la igualdad y tras el análisis de los resultados obtenidos, podemos afirmar en base al contenido del Artículo 9.2 de la C.E. y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:

A.- Que a pesar del esfuerzo legislativo operado en ese tiempo su reflejo en la realidad social es escaso y está en algunos aspectos en retroceso

B.- Las políticas de igualdad han incidido globalmente en favorecer la incorporación de las mujeres al ámbito de lo público, pero no han logrado consolidar la igualdad real, es decir las mujeres no han llegado a los puestos de toma de decisiones.

C.- En la aplicación del derecho, a pesar de la elaboración que el Tribunal Constitucional ha realizado sobre el concepto de igualdad jurídica los jueces, fiscales, forenses y demás colaboradores en la administración de justicia siguen aplicando el derecho desde una perspectiva androcéntrica y ahistórica.

Por ello:

1.- Denunciamos a los aplicadores del derecho por la interpretación sesgada de la norma

2.- Instamos a los Colegios de Abogados y al Consejo General de la Abogacía para que impulse la creación de agrupaciones de abogadas dotándolas de medios.

3.- Dado que el derecho es el instrumento que garantiza los intereses del que lo crea y que es quien tiene capacidad para establecer sus contenidos exigimos, desde una perspectiva de género reelaborar los conceptos en que se sustenta el derecho positivo para conseguir la norma que refleje las expectativas y conflictos de todos, mujeres y varones.

4.- Para la consecución de estos objetivos proponemos al congreso:

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Realizar un trabajo empírico sobre la interpretación de las normas concretas en las sentencias de los juzgados de primera instancia y audiencias.

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Trasladar las aportaciones de la teoría crítica feminista a la teoría jurídica.

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Estudiar la posibilidad de modificar la ley electoral para conseguir la democracia paritaria

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Que a fin de que la democracia paritaria alcance un pleno desarrollo, consideramos indispensable que se regule la participación paritaria en el ámbito privado.

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Constatamos que el ordenamiento jurídico vigente continua contribuyendo a la división sexual del trabajo, por lo que proponemos un análisis de género que ponga al descubierto todas las causas subyacentes que facilita la subsistencia de esta situación.

 

CONCLUSIONES DEL TALLER DE DERECHO CIVIL

Desde el escepticismo que nos produce la consideración de que el Derecho ha sido usado, históricamente, para conservar la posición hegemónica de un género sobre otro y que su aplicación es diferente según el género al que pertenezca la persona destinataria de la norma, el taller encargado del estudio del Derecho Civil ha llegado a las siguientes conclusiones:

PRIMERA.-

A pesar de que por la Ley 11/1990 el legislador pretendió, al parecer adecuar el Código Civil al principio de no discriminación por razón de sexo, se constata la persistencia en el mismo de normas discriminatorias tales como las referencias a la “diligencia del buen padre de familia”, “precauciones a adoptar cuando la viuda quede en cinta, etc.”: EXIGIMOS la erradicación de todo vestigio discriminatorio del Código Civil.

SEGUNDA.-

Puesto que no existe una justificación objetiva y razonable para mantener que el primer apellido sea el paterno, SOLICITAMOS que se establezca, de forma expresa en el ordenamiento Jurídico que, desde la inscripción de nacimiento, pueda utilizarse en primer lugar el apellido materno.

TERCERA.-

Por Ley 30/1981 el legislador puso de manifiesto la necesidad de una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para regular los procesos matrimoniales. Pasados 15 años, seguimos esperando...

EXIGIMOS la inmediata regulación de un procedimiento específico ágil, sobre esta materia, aplicable también a la resolución de los conflictos relativos a los hijos no matrimoniales, así como a la liquidación de la sociedad de gananciales.

CUARTA.-

Ante la inseguridad Jurídica que produce la falta de unificación de criterios por parte de las Audiencias Provinciales en la aplicación de la Ley en los procesos de familia; SOLICITAMOS que se establezca para las partes implicadas la posibilidad de acceder al Tribunal Supremo, a través del Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, regulado ya en los procedimientos laborales.

QUINTA.-

Ante las dificultados probatorias originadas por el Art. 113 de la vigente Ley General Tributaria, EXIGIMOS su urgente modificación así como de los similares en vigor en las distintas Comunidades Autónomas y territorios históricos, obligándose a las Administraciones Públicas a facilitar, en todo caso, los datos fiscales solicitados por los Organos Judiciales.

SEXTA.-

Si bien por la Ley 11/1981 se estableció formalmente la administración conjunta de la sociedad de gananciales, detectamos graves dificultades prácticas por parte de las mujeres para ejercer este derecho, por ello EXIGIMOS la supresión del Art. 1.384 del Código Civil, eliminando así la excepción establecida en el mismo a la administración conjunta de la sociedad por ambos cónyuges.

SÉPTIMA.-

Ante la grave situación padecida por muchas mujeres y sus hijos, a consecuencia del incumplimiento de las resoluciones judiciales en las que se establecen obligaciones económicas para la familia, SOLICITAMOS del gobierno la urgente remisión al Congreso de los Diputados de un Proyecto de Ley de creación del Fondo de Garantía de Pensiones, por el que el Estado adelante a los acreedores, no sólo las pensiones alimenticias de los hijos, sino también las pensiones compensatorias establecidas en resolución Judicial.

 

CONCLUSIONES DEL TALLER DE DERECHO PENAL

PRIMERA.-

PENA DE MULTA

Resulta positiva la introducción de pensas alternativas a la pena de prisión, como los trabajos en beneficio de la comunidad, pero estas resultan insuficientes y siguen teniendo un peso excesivo las penas privativas de libertad.

En el nuevo Código Penal las penas de multa adquieren un gran peso y amplitud y su aplicación en muy buena medida se deja al arbitrio judicial.

Las penas de multa pueden resultar más gravosas para las personas con menos recursos económicos por lo que en un contexto de feminización de la pobreza las mujeres pueden resultar perjudicadas si en su aplicación los jueces no tienen un gran rigor al valorar su situación económica.

SEGUNDA.-

MEDIDAS ALTERNATIVAS GENÉRICAS A LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD.

1.- CONCILIACIÓN VÍCTIMA-DELINCUENTE

2.- RESARCIMIENTO A LA VÍCTIMA

Estas medidas, que funcionan con éxito en algunos países de nuestro entorno, sirven para acercar al infractor y a la víctima, compensar a ésta en la medida de lo posible, y evitar el coste aflictivo de la prisión, cuando el daño causado por el delito pueda repararse por otras vías.

Que los trabajos en Beneficio de la comunidad sean aplicados como pena principal y no como sustitutiva en los delitos en que el bien jurídico afectado sea la colectividad, como en el delito de daños en bienes públicos.

TERCERA.-

Y en cuanto medidas alternativas específicas para las mujeres, se propone:

SUSPENSIÓN de la pena de prisión para mujeres gestantes y hasta 6 meses después del parto

SUSTITUCIÓN de las penas privativas de libertad de hasta 3 años, por arresto domiciliario, con posibilidad de salidas para el autogobierno doméstico, para mujeres con hijos menores a su cargo

CUARTA.-

LEY DEL JURADO

Exigir la modificación del Art. 1º. Párrafos 1º y 2º de la Ley Orgánica 5/95 del Tribunal del Jurado para incluir los Delitos contra la Libertad Sexual en la competencia del Tribunal del Jurado. Preservando en toda la medida de lo posible en estos como en otros delitos, la intimidad de las personas y especialmente de los menores.

QUINTA.-

ABORTO

Una vez más el legislador mantiene la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

Además, se aumenta la pena prevista para los facultativos que lo realicen, con el consiguiente riesgo para la vida y salud de las mujeres, a las que se aboca al aborto clandestino

El derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, y a disponer sobre su propio cuerpo, no puede estar limitado por razones éticas y/o religiosas de terceros.

Esperamos que sea éste el último Congreso en que tengamos que incluir, entre nuestras conclusiones, la exigencia de la despenalización del aborto voluntario.

Debe suprimirse el artículo 145 del vigente Código Penal.

SEXTA.-

Dentro de los delitos contra la integridad relativos a la violencia habitual entre personas, con relación de parentesco regulado en el artículo 153 del N.C.P. se PROPONE:

Contemplar junto a la violencia física también la violencia psíquica.

Que la pena principal prevista para este delito lleve aparejada, en todo caso, la de privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, recogida en el Art. 39,F del N.C.P.

SÉPTIMA.-

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL

La Ley Orgánica 3/89 de Reforma del Código Penal, en el terreno de los Delitos contra la libertad sexual resolvió los problemas más graves que se venían planteando, al configurar claramente el bien jurídico protegido como la libertad sexual y eliminar aquellos conceptos como “la honestidad” que resultaban más arcaicos y perjudiciales para las mujeres.

En el nuevo Código Penal si implanta una nueva configuración y estructuración de los tipos delictivos y sus denominaciones, que resulta injustificada, de difícil comprensión y su ambigüedad y lagunas crean inseguridad jurídica… Y significan en muchos aspectos una vuelta atrás.

Por lo anterior proponemos:

1.- Que se defina la conducta tipificada con carácter básico como todo acto atentatorio de la libertad sexual realizado sin el libre consentimiento de la víctima, recibiendo todas ellas la denominación de Agresiones Sexuales y eliminando el término abusos.

2.- Es necesario tipificar la conducta constitutiva de violación, recuperando este término, tal y como estaba redactado en el Art. 429 del Código derogado, precisando que la conducta delictiva consiste en caso carnal, anal o bucal y la introducción de objetos por vía vaginal y anal. Habrá violación siempre que la víctima sea menor de 12 años.

3.- En todo caso se entenderá que no media consentimiento cuando la víctima sea menor de 12 años.

4.- Que se castigue con pena de prisión, la conducta del que sin violencia o intimidación, pero sin consentimiento, realice actos contra la libertad sexual de una persona, mayor de 12 años y menor de 18, prevaliéndose de superioridad originada por cualquier relación o situación.

5.- Se eliminará el requisito de procedibilidad en los delitos contra la libertad sexual (del Art. 191)

OCTAVA

PROSTITUCIÓN Y PORNOGRAFÍA INFANTIL

Proponemos añadir un epígrafe al Art. 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que puedan perseguirse los actos de pornografía infantil, y explotación sexual de menores cometidos por españoles en el extranjero, que hasta la fecha quedan impunes en nuestro país.

El epígrafe que proponemos es el siguiente Art. 23.4 LOPJ.

H.- Pornografía y explotación sexual de menores

En cuanto a los delitos relativos a la prostitución infantil, existen importantes lagunas. Si bien gozan del principio de extraterritorialidad, quedan impunes tanto las conductas de corrupción de menores, que inexplicablemente se han despenalizado, como la conducta del cliente sexual de menores.

En este sentido proponemos que en el Art. 187.1 se añada la corrupción como conducta típica. Así:

Art. 187.1 el que induzca, promueva, favorezca o facilite la corrupción o la prostitución de una persona menor de edad o incapaz…

Y se añada un nuevo párrafo al artículo 187 que penalice a quien mediante precio, recompensa o promesa obtuviese los servicios sexuales de un menor.

En relación con la pornografía infantil, se ha mostrado insuficiente, no sólo ante los avances de la informática, sino por no aparecer descrita la conducta de quien comercie con material pornográfico infantil.

Proponemos que estas conductas sean castigadas con penas privativas de libertad y que se incluya como conducta punible la representación, reproducción, difusión, transporte, venta o exhibición de material pornográfico infantil, o imágenes de niños con contenidos explícitamente sexual.

Así mismo en los delitos de pornografía infantil de los Arts. 185 y 186 del Código Penal debe incluirse como modalidad comisiva el que la conducta pueda efectuarse por un medio electrónico, por soporte informático o de otro tipo.

NOVENA.-

ACOSO SEXUAL

1.- Que se suprima del Art. 184 que regula el acoso sexual, la expresión “relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación”. Entendemos que este es un requisito innecesario.

2.- Que se regule como ilícito penal el acoso sexual en el trabajo, realizado sin el prevalimiento de una relación de superioridad.

DÉCIMA.-

DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO PÚBLICO O PRIVADO POR RAZÓN DE SEXO. ORIENTACIÓN SEXUAL O SITUACIÓN FAMILIAR

La conducta de discriminación en el empleo por razón de sexo, orientación sexual o situación familiar sin ningún tipo de condicionantes o requisitos por lo que en la actual regulación del Art. 314 ha de suprimirse “que no se restablezca la situación de igualdad ante la ley tras requerimiento o sanción administrativa, reparando los daños económicos que se hayan producido”.

UNDÉCIMA

PROVOCACIÓN A LA DISCRIMINACIÓN

Que se introduzcan en el Art. 510, referente a la provocación, al odio, a la violencia, la palabra “persona” junto a las asociaciones y grupos. Sustituir incitar por provocar.

DUODÉCIMA

IMPAGO DE PENSIONES

Ante las distintas interpretaciones realizadas por los fiscales de diversas Audiencias Provinciales, exigimos que:

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->La Fiscalía General del Estado dicte una circular por la que en aplicación del Derecho transitorio respecto al vigente Art. 227 del Código Penal y el 487 bis del Código derogado, manifieste explícitamente que en estos delitos se aplicará como norma más favorable por conllevar menor pena la del Código Penal vigente completo, es decir incluyendo el régimen de responsabilidad civil y obligación de pago de las cantidades adeudadas como requisito para la obtención de la suspensión de la pena.

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Se elimine el requisito de denuncia previa del Art. 228 del Código Penal.

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Incluir en la protección jurídico-penal del Art. 227 del Código Penal los alimentos acordados en todo tipo de procedimiento judicial.

 

CONCLUSIONES DEL TALLER DE DERECHO PENITENCIARIO

El número de mujeres internas en nuestro Centros Penitenciarios ha venido incrementándose de modo espectacular desde los años ochenta hasta nuestros días, con una tasa de crecimiento anual muy superior al de los varones, un índice de crecimiento relativo rayando al 800% y un envejecimiento igualmente progresivo.

Pero no sólo su número, también su perfil socioeconómico y criminal ha experimentado variaciones de notable consideración en tanto que la normativa penitenciaria, básicamente contenida en la L.O. 1/1979, del 26 de septiembre, General Penitenciaria, y su Reglamente de 1.981, permanecía invariablemente anclada en una realidad político-criminal que ya nada tiene que ver con la realidad socio-penitenciaria a la que ha intentado acomodarse a golpe de Circulares e Instrucciones de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

En definitiva, contamos con más reclusas adultas, caracterizadas por una mayor tasa de analfabetismo labora; más seropositivas y con mayor porcentaje de factores de riesgo para la transmisión de enfermedades por vía parenteral y de transmisión sexual; más reincidentes y, naturalmente, más madres, incluso más extranjeras, aunque no sólo ellas han disparado la “incorporación de la mujer” al mundo criminal, en donde, paradójicamente, los delitos contra la salud pública siguen siendo los mayoritariamente cometidos junto con los delitos contra la propiedad.

Partimos pues de una realidad que, una vez más, se adelanta el derecho e impone su reforma, protagonizada por la entrada en vigor el pasado 25 de mayo del R.D. 190/96, de 9 de febrero, por el que se aprueba el nuevo Reglamento Penitenciario.

Sin embargo, ni la proclamación de los fines contenida en su Exposición de Motivos, ni las especialidades normativas contenidas en su articulado pasarán de mera declaración de intenciones, inútil por ineficaz mientras la Administración Penitenciaria no dote a sus Establecimientos de la infraestructura necesaria para llevarlos a la práctica, y ésta es, desgraciadamente, la cruda realidad, en absoluto modificada por el nuevo Reglamento.

A la vista de lo expuesto el Plenario del Congreso, constituido en Asamblea General, aprueba por unanimidad las siguientes CONCLUSIONES DE LA PONENCIA SOBRE DERECHO PENITENCIARIO:

PREVIA

DENUNCIAMOS que continúa la violación sistemática de los derechos humanos de las reclusas desde su ingreso en la prisión, con prácticas atentatorias a su dignidad personal tales como desnudos integrales, aislamiento, hacinamiento en las celdas, falta de condiciones higiénico-sanitarias, revisiones ginecológicas en presencia de la policía, falta de propuestas de salidas al mercado laboral, etc. y EXIGIMOS la persecución penal de los responsables.

EXIGIMOS la creación de más Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, uno por cada centro penitenciario, contando todos ellos con un equipo independiente de la administración penitenciaria, adscritos al departamento del Juez para que le auxilien y asistan en su labor.

EXIGIMOS la creación en todos los Ilustres Colegios de Abogados del Estado de un turno de oficio especial penitenciario con dotación presupuestaria suficiente.

EXIGIMOS que el cumplimiento de las penas se lleve a cabo dentro del entorno social y/o familiar de los/las reclusas.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- Instar a la administración penitenciaria a transformar los Centros de cumplimiento existentes en las diversas Provincias en establecimientos polivalentes donde coexistan departamentos preventivos, penados y mujeres, a fin de conseguir la plena efectividad de los derechos reconocidos de las reclusas.

Las madres reclusas con hijos menores, cumplirán las penas en pisos (Unidades Dependientes) para respetar y proteger los derechos de los menores.

SEGUNDA.- Denunciar la carencia de medios materiales y de personal necesarios en los establecimientos donde existan Departamentos de mujeres, como medio de potenciar y diversificar la oferta de actividades y acceso de las reclusas a programas específicos de tratamiento.

TERCERA.- Exigir que se aplique el artículo 196 del Reglamento Penitenciario en sus estrictos términos, poniendo en libertad a los enfermos graves e incurables aunque no se dé la inminencia de la muerte, puesto que la ley no lo contempla.

 

CONCLUSIONES DEL TALLER DE DERECHO LABORAL

EN CUANTO AL ACOSO SEXUAL LABORAL:

1.- Que a través de la negociación colectiva se introduzcan en los Convenios las premisas necesarias para que se sancionen las conductas de acoso sexual en el ámbito laboral, determinando su concepto y estableciendo la sanción correspondiente.

2.- Instar al legislador para que acometa la modificación legislativa precisa para dotar de legitimación activa a los organismos de igualdad, en orden a ser parte en los procesos laborales de tutela del derecho fundamental de no-discriminación por razón de sexo.

3.- Instar a los sindicatos para que potencien la presencia de la mujer en la negociación colectiva.

4.- Que también a través de la negociación colectiva se potencie la figura del “agente de igualdad”, para luchar contra las conductas discriminatorias por razón de sexo.

5.- Instar a los órganos superiores de la Inspección de Trabajo estatales y autonómicos para que, dentro del marco de sus competencias, destinen personal especializado, con objeto de dotar de mayor eficacia la persecución y sanción administrativa de las conductas discriminatorias por razón de sexo.

EN EL ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD SE PROPONEN LAS SIGUIENTES ACTUACIONES:

Que se acometan las correspondientes modificaciones legislativas en orden a:

A.- Que se amplíe de 8 a 16 semanas el descanso por maternidad de las personas que adopten hijos menores de 9 meses (Art. 48.4 ETT) último párrafo.

B.- Que se amplíe a 20 semanas el descanso por maternidad de forma que las cuatro últimas deban ser obligatoriamente disfrutadas por el padre, que en el caso de no hacerlo no dará derecho a la madre a su disfrute, simultáneas o sucesivas a las de la madre.

C.- La propuesta que se enuncia a continuación no ha obtenido el refrendo mayoritario de las componentes del taller sí bien se lleva al plenario en aplicación del artículo 7 último párrafo del reglamento de este Congreso: Que el período de descanso por maternidad pueda disfrutarse por el padre o la madre a partir de la sexta semana, a elección de la madre y preservando siempre la salud de la misma.

SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS EMPLEADAS DE HOGAR.

1.- Denunciamos la precariedad del trabajo de las empleadas de hogar: economía sumergida, desprotección social, retribuciones inferiores al salario mínimo interprofesional, producto todo ello de la dificultad que encuentran las mujeres para acceder al mundo laboral, lo que, en muchas ocasiones, les lleva a aceptar el desempeño de estas tareas en las condiciones que se les impone.

2.- Para intentar corregir la situación que hemos descrito, proponemos la inclusión de las empleadas de hogar en el Régimen General de la Seguridad Social, con derecho a todas las prestaciones de dicho régimen si bien, teniendo en cuenta las especialidades de este colectivo para que su inclusión en el mencionado régimen no suponga un desproporcionado gravamen de los costes para el empleador/a y para el empleado/a.

PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LA REMUNERACION.

En orden a la realización efectiva del principio de igualdad en la remuneración, y para consolidar en la práctica este principio ya plasmado en la normativa laboral se proponen las siguientes actuaciones:

1.- Exigir que la negociación colectiva defina y valore los puestos de trabajo con criterios objetivos, a fin que desaparezcan las discriminaciones directas o indirectas por razón de sexo en materia de retribución salarial.

2.- Organizar campañas de sensibilización y de información sobre la igualdad de retribución para un trabajo de igual valor, destinadas a los empresarios trabajadores/as, sindicatos y, en general a todos los participantes en la negociación colectiva.

EN ORDEN A ELIMINAR LA DISCRIMINACION EN EL ACCESO AL EMPLEO SE PROPONEN LAS SIGUIENTES ACTUACIONES:

1.- La Administración, a través de los Institutos de la Mujer y demás organismos de igualdad, deberá corregir los estereotipos existentes con el fin de promover una nueva cultura del reparto de los diferentes tipos de trabajos, incluso entre la propia población femenina.

2.- Organizar en el marco de la acción positiva, cursos de formación para permitir el acceso a puestos en los que predomina uno de los dos sexos, tales como cursos de formación que permitan a las mujeres realizar un aprendizaje de empleos mecánicos o técnicos que hasta ahora atraen sobre todo a los hombres.

3.- Que se organicen cursos de formación y reciclaje profesional dirigidos a las mujeres con bajo nivel de estudios y sobre todo para las que pretenden entrar en el mercado laboral tras haberse dedicado principalmente a su familia.

Estimular la promoción empresarial y profesional entre las mujeres, de manera que la Administración establezca ayudas al fomento empresarial femenino, como medida de acción positiva.

 

RESOLUCIONES

I- RESOLUCIÓN

El décimo Congreso Estatal de Mujeres Abogadas, expresa su preocupación ante la sistemática obstaculización de la aplicación de las resoluciones 658, 690 y 809 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sobre el Plan de Paz para el Sahara Occidental, y solicita:

1.- La aplicación inmediata del Plan de Paz de la ONU para el Sahara Occidental y con la celebración de un referéndum libre, justo y transparente para el pueblo Saharaui.

2.- El respeto total de los derechos humanos en el Sahara Occidental ocupado. Asimismo, el X Congreso Estatal de Mujeres Abogadas manifiesta su apoyo a la Constitución de la Plataforma Internacional de Juristas por el Sahara.

3.- Dese cuenta de este acuerdo al Secretario General de la ONU, al Ministro de AA.EE. de España y al Parlamento Europeo.

II-RESOLUCIÓN

Reunidas en León el día 1-11-1.996 (en el seno del X Congreso de la Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas).

ACUERDAN:

1.- Constituir una Coordinadora Internacional de Mujeres por la solidaridad, cuyo principal objetivo será ejercer la solidaridad a escala mundial con aquellas compañeras que tengan en peligro su vida, su autonomía personal, su derecho a la total libertad de conciencia así como su derecho a su propia imagen y a su dignidad como seres humanos.

2.- Se constituye una comisión gestora que tendrá su sede en Valladolid, hasta el primer Congreso constituyente. Estando encargada la A.M.A.V. (Asociación de Mujeres Abogadas de Valladolid).

III-RESOLUCIÓN

GUERRA ZAIRE – RUANDA

Ante la grave situación de guerra abierta entre Ruanda y Zaire, y la inercia y pasividad de la ONU y demás organismos internacionales exigimos una intervención rápida y eficaz para frenar el conflicto y evitar la muerte y el sufrimiento inútil de miles de personas.

El derecho internacional y las instituciones creadas para mantener su orden deben demostrar su eficacia para salvaguardar la paz universal, sin discriminaciones en función de intereses económicos o geoestratégicos. En este sentido queremos denunciar las diferentes actitudes de la ONU y de los llamados países de primer mundo según sean unos u otros países o zonas en conflicto.

Queremos recordar también a estas instituciones que es la población civil la que de forma indiscriminada sufre las consecuencias de estos conflictos bélicos y que los más débiles, mujeres y niños siguen siendo utilizados como botín de guerra y la violación y secuestro de las mujeres como arma bélica.

Valladolid, noviembre de 1996