Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas

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IX Congreso Estatal de Mujeres Abogadas - Alicante 1995

“Discriminación y género en el derecho”

 

Conclusiones aprobadas en el taller:

1ª.- El ordenamiento jurídico es un medio para la formación de género.

2ª.- El derecho ha sido usado históricamente para conservar la posición hegemónica de un género sobre el otro.

3ª.- El derecho, instrumento de poder, ha sido utilizado por los hombres para controlar a las mujeres

4ª.- La aplicación del derecho es diferente según el género al que pertenezca la persona destinataria de la norma

5ª.- Hasta que las mujeres no participemos de manera paritaria en la toma de decisiones en la sociedad civil y en todas las instituciones, no habrá igualdad entre ambos géneros. Sólo entonces el derecho regulará las relaciones entre hombres y mujeres en condiciones de iguales.

 

FISCALIDAD EN LAS CRISIS MATRIMONIALES

Conclusiones:

1ª.- Que los distintos organismos de igualdad de las Comunidades Autónomas y el Instituto de la Mujer, así como las distintas Haciendas, realicen campañas informativas respecto el alcance de responsabilidad tributaria de los cónyuges en los distintos regímenes matrimoniales y en los distintos tipos de tributación.

2ª.- Solicitar a la Fiscalía General del Estado que dicte una circular ordenando a las fiscalías perseguir la falsificación de firma del cónyuge en las declaraciones de renta.

3ª.- Adecuar el derecho fiscal de forma que el sujeto pasivo del impuesto coincida con el titular de los bienes frutos y rentas según la normativa civil.

4ª.- Que Hacienda debe facilitar la información fiscal solicitada por la persona casada en régimen de gananciales respecto de su cónyuge.

Modificar el Art. 113 L.G.T., incluyendo una nueva excepción que establezca la obligación de Hacienda de responder a los mandamientos judiciales en procedimientos civiles facilitando toda la información solicitada.

5ª.- Exención de responsabilidades tributarias desde el auto de medidas previas o coetáneas derivadas del incumplimiento de las obligaciones fiscales por el otro cónyuge, hasta sentencia definitiva de separación, divorcio o nulidad.

6ª.- Que el cónyuge que tuviera que salir por decisión judicial y continuara abonando la hipoteca, tenga derecho a la correspondiente deducción en la Renta.

7ª.- Con la presentación a Hacienda del auto de medidas o de la demanda de separación, nulidad o divorcio, se pueda obtener el reparto de las cantidades a devolver derivadas de declaraciones de I.R.P.F. conjuntas.

8ª.- Que no tributen las transmisiones que se produzcan para compensar excesos de adjudicación en las liquidaciones de gananciales y particiones de bienes comunes, criterio ya existente en distintas Haciendas y debería hacerse extensivo a todas las demás.

9ª.- En los casos de liquidación de gananciales o partición de un bien común, siempre que se produzca un incremento o disminución del patrimonio en un plazo no superior a dos años, repercutirá a ambos cónyuges en proporción a su cuota de participación.

 

DEMOCRACIA PARITARIA

Conclusiones:

"La democracia se basa en la participación de todas las personas en la toma de decisiones políticas. Las mujeres constituyen al menos la mitad de cualquier población y deben estar representadas proporcionalmente".

"Las cifras y estadísticas que indican la virtual exclusión de las mujeres de los puestos de poder en nuestra sociedad denuncian un profundo déficit democrático".

"El déficit democrático plantea, además, el problema de la legitimidad de las estructuras existentes".

(Declaración de Atenas)

1ª.- Denunciamos el déficit democrático existente en nuestro país en todas las estructuras políticas y económicas, en detrimento de las mujeres.

2ª.- Exigimos la modificación de la legislación electoral, introduciendo en la misma las correcciones necesarias para que se garantice, a todos los niveles, la democracia paritaria.

3ª.- En particular, denunciamos la falta de representación de las mujeres en los Organos de Gobierno de la Abogacía es un claro ejemplo del déficit democrático existente en nuestra profesión. Por lo que exigimos la inmediata modificación del Estatuto General de la Abogacía y de los estatutos de gobierno de todos los Colegios de Abogados de España, incorporando a los mismos la obligatoriedad de representación de las mujeres abogadas en sus Juntas de Gobierno, al menos, en un porcentaje igual al de su colegiación.

 

DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO DEL DERECHO PENITENCIARIO

Del presente estudio sobre la situación de las mujeres presas sobre los establecimientos penitenciarios españoles, podemos extraer las siguientes

Conclusiones propuestas:

A) Cuestiones generales:

a.- Opacidad en la información tanto en los centros penitenciarios en particular como en la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, ello conlleva el desconocimiento de la situación general de las internas a la vez que imposibilita su estudio crítico y provoca indefensión.

b.- La existencia de lagunas en la regulación penitenciaria provoca discriminaciones prácticas. Así por ejemplo en el derecho de la mujer presa al aborto, etc...

c.- En términos comparativos entre legislación vigente y anteproyecto de R.P. de septiembre de 1995, entendemos que el principio de sujeción especial que vincula al interno con la Administración Penitenciaria constituye un atentado a los Derechos Fundamentales constitucionalmente reconocidos.

d.- En cuanto a establecimientos penitenciarios se refiere la escasez de módulos o departamentos de mujeres en las diferentes provincias y la creación de prisiones de mujeres en sólo algunas provincias provoca una ruptura de la interna con su núcleo familiar y laboral así como de su derecho a la defensa especialmente las preventivas proponiéndose la creación de tales módulos de preventivas y penadas en todas las provincias así como la creación de centros penitenciarios mixtos.

Por otro lado respecto de las internas madres queremos destacar que solo podrá primarse, el interés de los menores que con ellas conviven creándose unidades dependientes.

B) Organización general:

a.- Ingreso en prisión: se propone la realización de analíticas a las internas y a los hijos que con ellas convivan a la entrada y salida de los Centros Penitenciarios.

b.- Conducciones y traslados: denunciamos su utilización como medida de presión a las internas que quieran tener con ellas a sus hijos.

Y puesto que los menores no están sometidos al régimen penitenciario proponemos que tanto sus traslados como cuanto les afecte sea dispensado por instituciones estatales fuera del Establecimiento Penitenciario.

C) Relaciones con el exterior:

a.- El derecho a la dignidad se ve infringido especialmente en los bis a bis familiares e íntimos, a desnudarse; siendo la institución quien discrecionalmente vulnera este derecho.

b.- Abolición de las circulares de II.PP. que constituyen un plus de castigo, especial las que atentan a los Derechos Fundamentales reconocidos en la Constitución

* Interceptación de comunicaciones escritas y telefónicas.

* Control de las comunicaciones con los abogados

* Control de las visitas, etc... por atentar todos ellos al principio de legalidad

D) Informaciones, quejas y recursos.

a.- Información de las normas de régimen interior del centro han de resultar comprensivas para las internas.

b.- Información en su idioma para las extranjeras.

c.- Facilitar interpretes por la administración a las internas extranjeras para posibilitar su derecho a la defensa penal y penitenciaria.

d.- Regulación definitiva que contemple la intervención letrada en el procedimiento penitenciario, sometido al principio de contradicción y garantizando el derecho de defensa.

E) Régimen de Establecimientos Penitenciarios.

a.- Régimen cerrado:

- Se critica que a efectos clasificatorios en primer grado y Art. 10, se adopte como criterio "la acumulación de faltas disciplinarias leves" que el anteproyecto del nuevo reglamento recoge expresamente.

- Se denuncian criterios de discriminación y discrecionalidad en la aplicación de las causas de "inadaptación", siendo más riguroso en las mujeres.

- Que el régimen cerrado no se aplique de forma automática por el tipo de delito cometido, por contradecir el principio de igualdad ante la ley.

b.- Régimen abierto:

Se propone la asimilación del trabajo doméstico al trabajo exterior, como criterio legal para la obtención del régimen abierto, por el Art. 45 del R.P.

c.- Régimen general:

Reivindicaciones:

1ª - Aumento de la cantidad y calidad del equipamiento entregado a las reclusas respetando su derecho a optar por un tipo u otro de vestimenta.

2ª - Alimentación. Solicitamos que las madres gestantes, en período de lactancia, y los niños a su cargo reciban la dieta adecuada a tales situaciones, en lugar del "racionado de enfermería", a la que se refiere la actual regulación penitenciaria contemplada en el Art. 227 R.P.

F) Tratamiento penitenciario

El incremento de la reincidencia demuestra que la preparación de la mujer para la vida en liberta es totalmente insuficiente debido a la carencia de educación efectiva proponiéndose por ello lo siguiente:

a.- Talleres ocupacionales:

- Solicitamos la ampliación de la oferta, en términos de igualdad numérica, de interés, calidad y salida laboral, con los ofrecidos a los internos varones.

- Que se creen talleres de autoestima y género, a fin de que las propias presas demanden en el futuro las clases de actividades que desean llevar a cabo.

b.- Trabajo Penitenciario

- Solicitamos la gestión por las propias reclusas

G) Trabajo Penitenciario

Se solicita que se equipare la suspensión del trabajo por embarazo y parto, que aparece en la L.G.P., con la baja por maternidad regulada en el estatuto de los trabajadores.

H) Permisos de salida

Hacer especial mención a las limitaciones de los derechos de las reclusas extranjeras, a la hora de disfrutar de los permisos al carecer de domicilio estable, conculcando el principio de igualdad consagrada en nuestra Constitución.

I) Prestaciones de la Institución penitenciaria

Debido a la obligación que tiene la administración de facilitar trabajo a las presas, la carencia del mismo nunca podrá faltar a los derechos pasivos laborales de aquellas.

Solicitando se reconozca como situación asimilada al alta en la Seguridad Social el período de prisión sufrida, con los derechos inherentes a dicho régimen (ej.: pensiones de viudedad, orfandad,...).

J) Sanidad

Solicitamos:

- Medicina preventiva

- Educación sanitaria e higiénica

- Creación, en todos los módulos de mujeres, de programas especiales de drogodependencia

- Adecuación o creación de departamentos en los hospitales civiles, con todos los servicios y derechos ajenos a los mismos, a fin de atender a las internas.

K- Conclusión final

Finalmente, mostramos conformidad con los planteamientos sobre las medidas alternativas a la prisión, apuntadas en la comunicación sobre “discriminación por razón de sexo en el derecho penitenciario”, no obstante precisar un estudio monográfico que dejamos pendiente para posteriores encuentros.

Asimismo, mostramos conformidad con la ponencia que sobre “desigualdad y discriminación en el ámbito penal y penitenciario”, nos ha sido presentada por cuanto se refiere a la introducción de elementos, para hacer un análisis global del contenido discriminatorio de los conceptos jurídico-penales; partiendo del código penal vigente.

Por último, queremos dejar constancia de nuestra absoluta y unánime repulsa al anteproyecto del nuevo reglamento penitenciario.

 

PROPUESTA

Queremos manifestar nuestra indignación ante las reflexiones contenidas en las memorias elaboradas por los Fiscales Jefes de la Comunidad Foral de Navarra y del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, por considerar que contienen juicios de valor de signo claramente sexista, en el caso de la Fiscalía de Navarra, y contrarios al ordenamiento jurídico vigente en el T.S.J. del País Vasco.

En concreto, denunciamos y rechazamos el que se impute a las mujeres que determinadas agresiones sexuales vengan provocadas por sus propias conductas indumentarias, mayor presencia en la calle y ausencia de control de los padres, tal y como manifiesta el Fiscal Jefe del T.S.J.. del País Vasco, se haya manifestado contrario al divorcio, al aborto, incluso en los supuestos actualmente regulados, y a las relaciones homosexuales, y todo ello amparándose en una presunta ley natural.

Tales opiniones que podrían ser respetables, en su condición de ciudadanos particulares, en el ejercicio de la libertad de expresión, en modo alguno pueden admitirse en quien se ve obligado, por su propio Estatuto, a defender el Principio de Legalidad y a actuar con imparcialidad en el marco del ordenamiento jurídico.

Siendo esto lo que nos mueve a INSTAR LA DIMISIÓN de los Fiscales Jefes de la Comunidad Foral de Navarra y del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco


El IX Congreso Estatal de Mujeres Abogadas, que ha reunido en Alicante a 250 profesionales los días 2, 3 y 4 de noviembre de 1995, ha llegado tras sus sesiones a un sin número de conclusiones que, unidas a una serie de reflexiones pasamos a enumerar en sus aspectos fundamentales, o mejor en sus grandes ejes informarán la actuación de este gran colectivo profesional.

En la ponencia de democracia paritaria:

Denuncian el déficit democrático existente en nuestro país en todas las estructuras políticas y económicas en detrimento de las nuestras por lo que exigimos:

- La modificación de la Legislación electoral para que se garantice la democracia paritaria.

- La representación de mujeres en los Organos Superiores de la Administración de Justicia, teniendo en cuenta de que a pesar de constituir las mujeres más del cuarenta por ciento de profesionales sin embargo es nula su presencia en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Supremo, situación que también se mantiene en el Organo de Gobierno de la Abogacía y de los estatutos de Gobierno de todos los Colegios de Abogados de España, incorporando a los mismos la obligatoriedad de representación de las mujeres abogadas en sus juntas de Gobierno, al menos, en un porcentaje igual al de su colegiación.

Respecto a la discriminación y género en el Derecho, comprobamos:

- Que el ordenamiento jurídico es un medio para la formación y mantenimiento de la formación de los géneros prerrogativas/subordinaciones, principios/carencias en que uno y otro se encuentran.

- Que el Derecho ha sido históricamente un instrumento para conservar la posición hegemónica del genero masculino sobre el femenino y como tal instrumento de poder todo nos sirve en la práctica para que los varones puedan controlar a las mujeres.

Así la aplicación del derecho es diferente según el género al que pertenezca la persona destinataria de la norma. Porque nada, ni siquiera la administración de Justicia, es neutra o insensible.

De tal manera que hasta que las mujeres no participemos al cincuenta por ciento en la toma de decisiones tanto en la sociedad civil como en todas y cada una de las instituciones no habrá igualdad entre ambos géneros, solo entonces los derechos de las mujeres serán recogidos y regulados, solo entonces se emitirá el derroche que supone el hecho de que el “mundo” del cincuenta y uno por ciento de la población, que lo componen las mujeres, está velado, condenado al silencio, a lo no nombrado.

LA SOLIDARIDAD ENTRE LAS MUJERES es hoy una cuestión de supervivencia.

 

CONCLUSIONES SOBRE DISCRIMINACIÓN INDIRECTA DE LA MUJER EN MATERIA SALARIAL Y EN EL ACCESO AL EMPLEO.

En el ámbito de las competencias atribuidas a las administraciones públicas exigimos:

1.- Elaboración de documentos estadísticos adecuados para detectar la existencia de discriminaciones indirectas al modo de la Unión Europea

2.- Impulsar la creación y consolidación de organismos para la igualdad de oportunidades.

3.- Control de legalidad de convenios colectivos en el cumplimiento estricto del principio de no discriminación posibilitando su impugnación de oficio (Ley de Procedimiento Laboral)

4.- El cumplimiento de las competencias que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene atribuida por ley en materia de discriminación por razón de sexo.

5.- Que las empresas públicas y las subvencionadas den cumplimiento estricto al principio de no discriminación por razón de sexo.

PROPUESTAS DE RAZONES LEGISLATIVAS:

1.- Modificación del art. 28 del E.T. sustituyendo el término “salario y complemento salariales” por “retribuciones”.

2.- Reconocimiento normativo expreso de la facultad de los convenios colectivos para establecer medidas de acción positiva.

3.- Pronunciamiento en contra de las empresas de selección de personal y agencia de colocación por entender que significan precarización del mercado de trabajo. Ante su realidad regular legalmente sus obligaciones en materia de igualdad y en el mismo sentido dirigir la actuación del INEM.

4.- Respecto a las normas procesales proponemos: reforma de la Ley de Procedimiento Laboral - proceso de tutela de derechos fundamentales -, ampliación de la legitimación activa a sujetos distintos de los propios afectados (sindicales, asociaciones de mujeres...), el establecimiento como reparación de los actos empresariales discriminatorios en el acceso al empleo, elaboración de un plan de acción positiva con seguimiento a cargo de las autoridades laborales y representantes de los trabajadores.

 

CONCLUSIONES DE LA PONENCIA: ALTERNATIVAS A LA LEY DEL DIVORCIO QUE CONTRIBUYAN A ELIMINAR DESIGUALDADES

1.- Acceso directo a la separación y al divorcio sin causa, por la mera solicitud de uno de los cónyuges.

2.- Modificación del Art. 96 del D.D. en cuanto a atribución de la vivienda y ajuar conyugal al cónyuge en cuya compañía queden los hijos.

3.- Supresión del párrafo segundo del Art. 96 C.C. por tener un contenido extraño al Código e innecesario en una regulación general.

4.- En caso de vivienda en propiedad y existencia de hijos, recoger que tal uso y disfrute durará hasta que el último de los hijos se independice económicamente.

5.- En caso de vivienda en propiedad y no existencia de hijos o que éstos ya se hayan independizado económicamente, establecer legalmente los requisitos para considerar el interés más necesitado de protección (edad, salud, dedicación a la familia, falta de preparación laboral, etc.) y una vez reconocido el derecho, no limitar tal uso temporalmente salvo que se modifiquen las circunstancias.

6.- No temporalidad de la pensión compensatoria, manteniendo la actual regulación

7.- Terminar con la discrecionalidad judicial en la fijación de medidas económicas, estableciendo la determinación de la cuantía de las pensiones mediante criterios de proporcionalidad pautada que permitan obtener su importe por meras reglas aritméticas, salvo circunstancias especiales en que se acordarán razonadamente.

Activar el uso de la institución de las litisexpensas en el caso que procedan sin que puedan ser sustituidas por el turno de oficio previsto para otros supuestos.

8.- Fijar una indemnización en concepto de resarcimiento de daños y perjuicios para el cónyuge custodio en el supuesto de que el otro cónyuge incumpla de modo grave y reiterado el derecho de visitas.

 

COMUNICADO SOBRE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA DE 17 DE OCTUBRE DE 1995

El IX Congreso Estatal de Mujeres Abogadas a propósito de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de octubre de 1995, sobre la interpretación de los apartados 1 y 4 del Art. 2 de la directiva 76/207 del 9 de febrero de 1976 relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de hombres y mujeres en el acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesional, y a las condiciones de trabajo, ha adoptado la siguiente conclusión:

Nos pronunciamos en contra de la sentencia, dado que la interpretación jurídica que realiza es contraria al contenido de la directiva, por cuanto su amplitud ampara y legitima la aplicación por los Estados miembros de acciones positivas para el empleo femenino.

Sorprende la decisión del Tribunal por varios motivos:

Se enfrenta de plano a su propia línea jurisprudencial anterior, que se asentaba de manera firme en una interpretación objetiva y no formalista del derecho a la igualdad de trato entre hombres y mujeres, entendida desde la perspectiva de la presente realidad social.

Pese a destacar que el apartado del Art. 2 de la directiva tiene un propósito finalista de corrección de las desigualdades que pudieran existir en la realidad de la vida social, y recordar que el consejo de la Unión Europea ha recomendado “emprender acciones tendentes a comenzar los efectos perjudiciales que resultan, para las mujeres en activo, de actitudes de comportamiento y de estructuras de la sociedad “, acaba por declarar que las medidas de acción positiva constituyen una “excepción a un derecho individual consagrado por la directiva”, por cuanto -concluye- deben interpretarse restrictivamente.

Ello supone olvidar inadmisiblemente la discriminación histórica de las mujeres como colectivo y hacer prevalecer formalmente los derechos individuales en contra de la realidad social actual que exige la corrección de las desigualdades desde la generalidad.

No cabe llegar a una conclusión jurídica como la de este fallo a partir del caso concreto que se somete al conocimiento del tribunal. No se trata al mismo de una medida de acción positiva consistente en un sistema de cuotas puro, sino en una norma legal que establece una promoción en las mujeres que teniendo la misma capacitación que sus competidores masculinos, gozan automáticamente de preferencia en los sectores en los que están infrarrepresentadas, esto es, que no cubran la mitad de los puestos de un servicio.

Por tanto, dicha medida de acción positiva se articula de manera relativa y sujeta a requisitos muy concretos. Sin embargo el Tribunal la califica de “presencia absoluta e incondicional”, y en consecuencia extrae la conclusión de que la misma entraña una discriminación por razón de sexo en perjuicio del varón.

Desde la óptica de nuestro derecho interno la sentencia se opone al Art. 9.2 de la Constitución que dispone un mandato a los poderes públicos para la consecución de la igualdad efectiva y real de los individuos y de los grupos en los que se integran.

El Tribunal Constitucional interpretando esta norma y la contenida en el Art. 14 de la Constitución, en el mismo sentido del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha declarado que dicho precepto “halla su razón concreta en la voluntad del constituyente de terminar con la histórica situación de inferioridad en la vida social y jurídica se había colocado a la población femenina, situación que, en el aspecto que aquí interesa se traduce en dificultades específicas de la mujer para el acceso al trabajo y su promoción dentro del mismo (sentencia (128/1987 de 16 de Julio)

La misma doctrina se reitera, entre otras, en las sentencias de 28/1992 de 9 de Marzo y 25/1993 de 25 de Marzo.

En la primera de las resoluciones citadas, se pronuncia el alto Tribunal a favor de las medidas de acción positiva, entendiendo que “... la referencia al sexo en el Art. 14 de la Constitución española implica también acabar con una histórica situación de inferioridad atribuida a la mujer en el ámbito del empleo y las condiciones de trabajo, por lo que son constitucionalmente legítimas aquellas medidas que tiendan a compensar una desigualdad real de partida”.

Alicante, noviembre de 1995