Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas

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“Mujer y Nuevos Retos”

CONCLUSIONES DEL TALLER ”LA CUSTODIA COMPARTIDA”

EL VALOR DE LA PRUEBA EN CUSTODIA COMPARTIDA. EL INFORME PSICOSOCIAL.

A finales de abril de 2018 entrará en vigor en Cataluña una app para el teléfono móvil que, valorando la situación de los menores, recomendará el modelo de custodia.

DENUNCIAMOS LA RENUNCIA DEL SISTEMA A GARANTIZAR LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, AL COMPROBAR LAS ABOGADAS EN EL EJERCICIO DE NUESTRA PROFESIÓN, QUE LA PRUEBA UTILIZADA PARA JUSTIFICAR LA DECISIÓN DE LOS TRIBUNALES AL RESPECTO, VIOLA EL PRINCIPIO BÁSICO DE SEGURIDAD JURÍDICA QUE LA/EL JUSTICIABLE REQUIERE.

Y es que, aunque la finalidad de este dictamen sea proporcionar al Juez/a elementos de hecho que le ayuden a determinar con mayor adecuación a la realidad sus pronunciamientos relativos a los/las menores, en la práctica, nos encontramos con que, con relativa frecuencia y a pesar de no tener carácter vinculante, el criterio del Juzgador/a se basa casi en exclusiva en las valoraciones y consideraciones del referido informe, resultando muy difícil cuestionar las conclusiones obtenidas por el equipo técnico, lo que, en no pocas situaciones genera supuestos de indefensión a las partes. Con frecuencia vemos, que el resto de las pruebas, o bien no son admitidas o si se admiten no son tenidas en consideración y todo ello sin la preceptiva motivación en la resolución final.

De la puesta en común de las abogadas hemos detectado las siguientes anomalías:

1.- Excesiva dilación de las psicosociales en determinadas CCAA, lo que da lugar a que las situaciones de hecho conflictivas se consoliden. De este modo, la pericial pierde su propia virtualidad (Galicia, Canarias, Cantabria, Madrid). Tal situación de demora da lugar a que en algunos Juzgados, se ofrezca, como alternativa para no atender a los tiempos de espera, el acudir a servicios convenidos con costes elevados, que superan los 1.200 €, aplicando una cantidad supletoria en función de los hijos (Navarra). Esto supone una indeseable privatización de la Justicia, que genera desigualdades en las personas por razones económicas.

2.- Hemos constatado en algunas CCAA, que el equipo está formado por un solo profesional o bien psicólogo/a o bien trabajador/a social, lo cual vulnera las garantías de las partes (Cantabria…).

3.- Cuestionamos la metodología utilizada y esencialmente porque se desconoce cuáles son los criterios decisorios, lo que genera indefensión dado el elevado grado de subjetividad que conlleva. No existe un protocolo para las entrevistas y por lo tanto se impide “la contradicción”.

Estos informes tienen una absoluta falta de garantías para el usuario/a de estos servicios ya que el/la sujeto evaluado/a no tiene forma de acreditar sus afirmaciones, puesto que no se extiende ningún tipo de acta del resultado de las entrevistas, ni tampoco copia de los test realizados, por lo que no hay forma de protegerse frente a cualquier error u opinión sesgada que pudiera existir en el proceso evaluador.

Constatamos incluso un supuesto en Oviedo en que un psicólogo forense ha sido querellado por la Asociación de Abogadas para la Igualdad, ya que en sus informes periciales alcanzaba conclusiones que no se ajustaban a los métodos utilizados, en perjuicio de la víctima.

Prácticamente no existen mecanismos para poder impugnar los referidos informes, salvo la posibilidad de solicitar la comparecencia de los miembros del equipo para poder pedir aclaraciones, único momento en que el mismo puede ser sometido a contradicción.

4.- Con relación a la exploración al menor o la menor y respecto al informe psicosocial, observamos que en muchas ocasiones se convierten en pruebas excluyentes, de manera que algunos Juzgados acuerdan o bien una o bien otra.

5.- El último despropósito del que hemos tenido conocimiento en este Congreso es la implantación por el SATAF (EATAF) Servicio Asesoramiento Técnico Ámbito Familiar del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña de una APP, que teniendo en cuenta determinados parámetros concluye la modalidad de custodia más adecuada.

A la vista de lo expuesto, EXIGIMOS:

-CON RELACION A LA PRIMERA ANOMALÍA. Dotación de partidas presupuestarias reales para hacer efectiva la práctica de la prueba pericial en un plazo razonable, dotando a la Justicia de medios técnicos y humanos de calidad.

-CON RELACION A LA SEGUNDA ANOMALÍA. Que los equipos sean multidisciplinares, formados por psicólogos/as y trabajadores/as sociales, con cualificación adecuada, debiendo ser inadmitidos los informes que no hayan sido elaborados por al menos dos profesionales.

-CON RELACION A LA TERCERA ANOMALÍA. Que se permita realizar pruebas periciales contradictorias utilizando los instrumentos empleados para la práctica del informe psicosocial: test, entrevistas e incluso la grabación a instancia del propio sujeto evaluado/a, mediando el preceptivo consentimiento del mismo/a.

-CON RELACION A LA CUARTA ANOMALÍA. Que a pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Sentencia de 11 de octubre de 2016, ha condenado al Estado Español por vulnerar el Art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al no haber acordado la exploración de una menor, ya que había sido oída por el equipo psicosocial, esta actitud se sigue manteniendo por los Tribunales, obviando el superior interés del menor o la menor a ser oído. Por lo tanto, exigimos que se practique siempre la audiencia al menor o la menor.

-CON RELACION A LA QUINTA ANOMALIA. Advertimos que de continuar ignorando nuestras reivindicaciones, un teléfono móvil acabará impartiendo Justicia.

 

CONCLUSIONES DEL TALLER ”MADRES DE ALQUILER”

1.- No existe un derecho a ser madre o padre en ningún texto jurídico internacional, y la Ley debe regular derechos y no deseos.

2.- No somos partidarias de regular la maternidad de alquiler, ya que creemos que es una forma de control de las mujeres y sus descendientes por el patriarcado, que se apropia de las consignas feministas de la libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo gestando un ser humano para otra persona.

3.- No compartimos la lógica neoliberal de que todo se pueda comprar o alquilar.

4.- Denunciamos que aunque la Ley 14/ 2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, establece la nulidad de los contratos de gestación por sustitución, no se sanciona a quien los lleva a cabo en el extranjero, logrando inscribir la filiación de los/as niños/as obtenidos por esta vía en la Registro Civil.

5.- Consideramos necesaria la prohibición Universal de la gestación por sustitución.

6.- Aplicación del Código Penal a las Agencias que intermedian estas actividades y prohibición de su publicidad.

7.- Nos oponemos a esta práctica, que convierte a los niños y niñas, en producto de mercado y favorece el tráfico de menores.

8.- Hacemos nuestras las siguientes manifestaciones de la Plataforma “No somos Vasijas”:

  • La capacidad de gestar y llevar un embarazo a término, no es una técnica reproductiva.
  • Que habilitar canales lícitos para un proxenetismo reproductivo legal, representaría un reclamo para el ilegal.
  • Que la maternidad por sustitución no es más que la ley del capitalismo abrazada por el patriarcado: alguien tiene el deseo y cuenta con el dinero, y alguien (una mujer) tiene la necesidad.
  • Que las mujeres no somos medios para satisfacer fines individuales de otra persona. Tampoco incubadoras ni máquinas reproductoras que fabrican hijos e hijas en interés de los criadores.
  • Que la maternidad por sustitución niega a las mujeres gestantes el derecho a decidir durante el proceso de embarazo y en la posterior toma de decisiones respecto a la crianza.
  • Que ningún contrato debería obligar a una mujer a que renuncie a su criatura.
  • Que en los países donde es legal, se confina a mujeres pobres en una especie de granja, como si fueran animales, para satisfacer a unos pocos.
  • Que la llamada gestación subrogada es un eufemismo, para dulcificar o idealizar un negocio de compraventa de bebés, mediante alquiler temporal del vientre de una mujer.

9.- Esta práctica es una forma de violencia contra las mujeres

 

CONCLUSIONES DEL TALLER ”NUEVOS MODELOS DE FAMILIA”

1.- Exigimos que se reforme el art. 7 de la Ley de Reproducción Asistida Humana, eliminando la discriminación que sufren las parejas de mujeres lesbianas en relación a las parejas heterosexuales, para el reconocimiento de la hija o hijo que su pareja haya concebido a través de las técnicas de reproducción asistida.

2.- Exigimos que en supuestos de parejas de lesbianas, la madre no biológica pueda reconocer a la hija o hijo de su pareja (cónyuge o conviviente), aun no habiéndose realizado la inseminación en un centro de Técnicas de Reproducción Asistida.

3.- Nuestro modelo cultural de familia es la formada por madre, padre, hijas e hijos. Existen sin embargo otros tipos de familia como las formadas por dos madres y un padre con determinadas funciones parentales.

Constatamos la necesidad de adecuar la legislación a este y a otros tipos de familia, pero el choque con el modelo cultural nos hace ver la necesidad de abrir un debate que debe concluir con soluciones legislativas que den respuesta jurídica a las situaciones de hecho, evitando en todo caso la discriminación.

4.- Exigimos que se reconozcan para las hijas o hijos del conviviente, las mismas reducciones fiscales a efectos de sucesiones y donaciones, en caso de condición de herederas/os del conviviente respecto del que no existe filiación.

5.- Exigimos que en las parejas homosexuales, se facilite la tramitación de reconocimiento del hija/o de la pareja/cónyuge, en supuestos de adopción internacional en países en que esté restringida la adopción a las parejas homosexuales.

6.- Apoyamos la propuesta de modificación legislativa de reconocimiento de los mismos derechos contemplados a las familias numerosas, para las madres con dos o más hijas/os.

7.- Consideramos que debe procurarse una especial protección a las familias monomarentales, realizando las modificaciones legislativas en todas aquellas cuestiones que fueren necesarias. La especial situación de vulnerabilidad en que puede encontrarse una madre con una/un menor, justifica una específica protección a este modelo de familia, y a tal fin se debe facilita a estas madres la conciliación laboral, el acceso a becas y prestaciones sociales y la superación de situaciones de exclusión social, facilitando la solución de cargas hipotecarias sin necesidad de intervención de la pareja cotitular, en casos de impago.

8.- Exigimos que se establezca una jurisdicción especializada en Derecho de Familia, y de forma subsidiaria, en tanto que esto sea posible, se especialice uno de los Juzgados de cada partido judicial. La especialización se exige para que Juezas/es y Fiscalía, dispongan de conocimientos y formación específica para poder dar solución a las múltiples situaciones que se pueden producir en las relaciones interpersonales en ámbitos familiares y en todo tipo de núcleos familiares. Exigimos que se informen las leyes y se forme a las Juzgadoras/es y Ministerio Fiscal con perspectiva de género.

9.- Necesidad de dotar de medios y recursos suficientes la jurisdicción de familia, especialmente de equipos psicosociales en todos los Juzgados. Exigimos la formación de las/los profesionales que integren los equipos psicosociales desde una perspectiva de género. Es preciso evitar la privatización y exclusividad de intervención de equipos psicosociales no adscritos al Juzgado en los partidos y Juzgados en que no existe un equipo específico o se limita su acceso a determinados supuestos, o la carga de trabajo impide la elaboración del informe con la celeridad que la especialidad de la materia exige. Reiteramos la conclusión 2ª aprobada en el XXIV Congreso Estatal de Mujeres Abogadas celebrado en Salamanca.

10.- Proponemos que la interpretación doctrinal del interés del/la menor no se circunscriba a términos cuantitativos de tiempos de estancia de las/los menores con los padres y madres. Exigimos el respeto a los derechos lingüísticos del/ la menor en todas las circunstancias y diligencias que supongan su intervención en el procedimiento judicial.

11.- Hacemos un llamamiento para que, en la medida de lo posible, a la hora de establecer visitas, comunicaciones, estancias y planes de parentalidad en general, se tengan en cuenta las situaciones de familias reconstituidas, como un elemento valorativo, de forma que se procure fomentar la relación con los diferentes miembros del nuevo núcleo familiar.

12.- Respecto de las familias reconstituidas, proponemos que se regule, tomando como modelo la legislación aragonesa, el ejercicio de la potestad en el sentido de atribuir al cónyuge o pareja de hecho de la única persona titular de la autoridad familiar sobre una/un menor, el ejercicio compartido de dicha autoridad. Fallecida la única titular, su cónyuge o pareja podrá continuar teniendo a las hijas e hijos menores de aquél y encargarse de su crianza asumiendo la autoridad familiar.

Y tomando como modelo la legislación catalana, se faculte para la toma de decisiones de la vida diaria de las/los menores a la pareja o cónyuge del/la progenitora con la que convivan. En todo caso será necesario el consentimiento preceptivo del titular de la potestad.

13.- Solicitamos la eliminación de las tablas orientadoras elaboradas por el CGPJ a efectos de determinación de pensiones de alimentos. Subsidiariamente, mientras se mantengan, exigimos que los criterios en base a los cuales se determinan las cuantías, se adecuen a la realidad económica y social de las familias, y en todo caso, se tengan en cuenta los gastos necesarios de vivienda y educación de las/los menores, y el trabajo y contribución de los/las progenitoras mediante el cuidado de las hijas o hijos, al levantamiento de las cargas familiares.

14.- Consideramos que ante reclamaciones de paternidad con reclamación de alimentos, deben reconocerse efectos retroactivos a la solicitud de estos últimos, siempre que el solicitante tuviera derecho a alimentos durante el período no prescrito.

15.- Consideramos necesario reconocer, en situaciones de acogimiento legal, y siempre desde punto de vista del interés del/la menor, la incidencia de la figura del apego, al tiempo de decidir sobre la continuidad de las relaciones interpersonales tanto con las familias de acogida como con la biológica.

 

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2018