Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas

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XXVIII Congreso Estatal de Mujeres Abogadas - Donostia / San Sebastián 2016

“Mujer y Ciudad”

Conclusiones

Ponencia 1: ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS DE SITUACIÓN JURÍDICA ACTUAL DE LAS INMIGRANTES, LAS REFUGIADAS Y MUJERES VÍCTIMA DE TRATA

1. Denunciamos que el primer muro real es la misma ley de Extranjería; es la misma legislación la que empuja a la población extranjera a ocupar empleos en la economía sumergida, perpetuando la irregularización de las personas inmigrantes.

2. Solicitamos que en los cursos de acceso al turno de oficio y en los de formación continua se incluya la especificidad de extranjería.

3. Instamos al Ejecutivo Español a que cumpla con sus obligaciones internacionales y ratifique el convenio 189 de la organización internacional del trabajo (Convenio internacional sobre trabajo doméstico).

4. En el ámbito laboral, denunciamos la discriminación objetiva al contratar a una persona extranjera (incidiendo en la condición de las mujeres) que se tenga que justificar por parte del empleador los medios económicos.

5. Denunciamos que en el procedimiento de arraigo social se tengan justificar los medios económicos del empleador al contratar a una persona extranjera. Exigimos el cumplimiento inmediato de los requisitos establecidos en la ley.

6. Pedimos el cumplimento inmediato de la legalidad respecto a los criterios exigidos para la regularización de personas extranjeras.

7. Exigimos la eliminación de la discriminación laboral en cuanto a la contratación de personas españolas y extranjeras.

8. Respecto a la reagrupación familiar exigimos la eliminación de la discriminación en cuanto a la necesidad de demostrar los medios económicos suficientes para el sostenimiento de la familia, que los requisitos sean iguales para las personas de origen como para las personas extranjeras.

9. Exigimos que se elimine de forma inmediata y efectiva la divergencia y la discrecionalidad existente entre subdelegaciones de Gobierno, en cuanto a los requisitos establecidos a la hora de tramitar todos los permisos de residencia y trabajo.

10. Instamos a la Comisión a no incluir en la lista de países seguros de origen cualquier país que no tenga la igualdad efectiva entre mujeres y hombres como un principio jurídico establecido e instamos a las instituciones de la UE a no firmar acuerdos de readmisión con aquellos países que violan sistemáticamente los derechos de la mujer o que no reconocen los derechos civiles, políticos y sociales de las mujeres en pie de igualdad con los hombres. Creemos firmemente que las devoluciones a dichos países no pueden ser considerados como “retornos seguros”.

11. Reafirmamos el derecho de las mujeres a presentar una solicitud de asilo independiente de su cónyuge como clave para el empoderamiento de la mujer y el principio de no devolución.

12. Exigimos el fin inmediato, en todos los Estados miembros de la Unión, de la detención de niñas/os, mujeres embarazadas y lactantes y pedimos la provisión de apoyo psicológico a las supervivientes de violación, violencia sexual y trata; recordamos a las autoridades competentes que cuando se detiene a mujeres solicitantes de asilo, deben contar con instalaciones y materiales para satisfacer las necesidades específicas de higiene de las mujeres, se debe promover la presencia de guardias mujeres y todo el personal asignado para trabajar con mujeres detenidas debe recibir formación relacionada con la necesidades específicas de género y derechos de las mujeres.

13. Exigimos que para aquellas mujeres solicitantes de asilo detenidas que denuncien abusos deben ser provistas de protección inmediata, apoyo y asesoramiento, y sus peticiones deben ser investigadas por las autoridades independientes competentes, con pleno respeto del principio de confidencialidad, incluyendo aquellos casos en los que las mujeres están detenidas junto con sus esposos/ parejas/otros parientes.

14. Solicitamos a la UE a garantizar el pleno acceso a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos, incluido el acceso al aborto seguro para las mujeres refugiadas, así como a asignar recursos adicionales a la prestación de asistencia sanitaria con carácter de urgencia.

15. Instamos al Gobierno para la inmediata transposición de las Directivas Europeas en materia de Asilo y Protección Internacional y la aprobación del Reglamento de la Ley de Asilo.

16. Por el especial impacto que para las mujeres y las niñas tiene la existencia de los CIES (Centro de Internamiento de Extranjeros) nos sumamos a las denuncias y reivindicaciones que desde distintos ámbitos persisten en la reclamación para su cierre definitivo.

17. Exigimos el inmediato desarrollo reglamentario de Asilo para adecuarla a las Directivas.

18. El tráfico de mujeres y de los/las menores es una de las consecuencias más brutales de la violencia machista. Por ello, pedimos medidas de protección específicas para las mujeres refugiadas que vienen con sus hijos/as así como para los menores refugiados no acompañados.

19. Exigimos medidas de protección específicas para los hijos/as porque son la moneda de cambio para conseguir que sus madres, mujeres prostituidas, cumplan sus obligaciones. Son el mecanismo para perpetuar la violencia machista y asegurarse de que no salgan del círculo de las redes de prostitución.

 

Ponencia 2: LAS ORDENANZAS MUNICIPALES SOBRE PROSTITUCIÓN: "LIBERTAD VERSUS SEGURIDAD"

Considerando que la prostitución es un fenómeno con un claro componente de género, siendo la inmensa mayoría de las personas prostituidas mujeres y niñas y la totalidad de los prostituidores, hombres, resultando todo ello causa y consecuencia de la desigualdad de género y por tanto, incompatible con la igualdad entre mujeres y hombres, tal y como aprobó la Resolución del Parlamento Europeo de 26 de febrero de 2014 sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género (2013/2013(INI)).

Considerando que la prostitución y la explotación sexual constituyen una flagrante violación de la dignidad contraria a los derechos humanos e incompatible con la igualdad de género.

Considerando que la prostitución y la trata con fines de explotación sexual obedece a una sociedad patriarcal que cosifica, mercantiliza y explota a las mujeres, con la finalidad de su dominación impidiendo un modelo de relaciones igualitario entre las personas.

Considerando que la prostitución y la trata con fines de explotación sexual es el tercer negocio ilícito a nivel mundial generando ingentes beneficios económicos a las mafias de prostitución y al proxenetismo organizado.

Considerando que la prostitución y la trata con fines de explotación sexual están íntimamente relacionadas, existiendo una distinción deliberada en el discurso público que oculta que ambas son formas gravísimas de violencia contra las mujeres y niñas.

Considerando que el diferente tratamiento normativo de la prostitución y la trata con fines de explotación sexual, aboca a la desprotección y criminalización de las mujeres prostituidas.

Y constatando que de las 53 ordenanzas aprobadas en los distintos municipios del Estado Español donde se han ordenado medidas sobre prostitución, pertenecientes a 14 de las 17 CCAA, destacamos que:

50 de estos municipios, han optado por considerar que la prostitución:

• Es un problema de orden público y seguridad ciudadana y no un atentado contra los derechos humanos y la igualdad de las mujeres.

• Está naturalizada y socialmente aceptada

• Equipara las actuaciones de los varones prostituidores a la de las mujeres en situación de explotación sexual, ocultando que el verdadero responsable es el hombre que demanda relaciones sexuales de dominación, sometimiento y desigualdad hacia ellas.

• Acota lugares para el ejercicio de la prostitución, sin cuestionar lo que supone y la existencia de la misma.

• Identifica a las personas en el ejercicio de la prostitución

• Criminaliza a las mujeres víctimas de explotación sexual (trata incluida), a través de la imposición de sanciones económicas a las mismas.

Tan solo 3 de los municipios consultados, han aprobado ordenanzas abolicionistas en consonancia con el ordenamiento jurídico del Estado Español (tratados internacionales, directivas comunitaria, resoluciones, etc) : Sevilla, Palma de Mallorca, Figueres (Girona).

En ellos, se considera la prostitución el máximo exponente de la desigualdad entre mujeres y hombres y una gravísima forma de violencia contra las mujeres, poniendo la responsabilidad en los prostituidores y sancionando las conductas favorecedoras del consumo de prostitución.

Constatado lo expuesto:

1.- Ratificamos las conclusiones de nuestros Congresos anteriores donde se ha tratado específicamente esta cuestión: Albacete (2002), Almería (2005) y León (2014).

2.- Denunciamos que se ha hecho caso omiso por parte de las Administraciones Públicas responsables de dinamizar las políticas de igualdad, generando el incremento alarmante de la prostitución y la trata con fines de explotación sexual en nuestros municipios.

3.- Exigimos:

a) La derogación de las 50 ordenanzas municipales de convivencia y seguridad ciudadana en el espacio público y de regulación de los locales de pública concurrencia que infringen la legislación vigente.

b) La derogación de la Orden por la que se aprueba la Ordenanza Municipal tipo sobre locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución de la Generalitat de Cataluña de 29 de julio de 2003 por idéntico motivo.

c) La supresión de los artículos 36.11 pfo. segundo y 37.5 de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana (“Ley Mordaza”), por criminalizar a las mujeres prostituidas equiparándolas a los prostituidores.

d) Elaboración y aprobación de una Ley con rango de orgánica que incluyendo memoria jurídica y económica, fije el marco normativo, desde la perspectiva de la defensa de los derechos humanos, que garantice medidas integrales de sensibilización social, prevención, educación sexual en igualdad, atención y acompañamiento integral a las mujeres prostituidas y acciones positivas para evitar la perpetuación de este sistema de dominación y discriminación hacia la mujeres, implementando medidas de erradicación del proxenetismo o cualquier conducta que favorezca o promueva el consumo de prostitución.

e) La mencionada ley tendrá como principio básico de aplicación que ninguna normativa, sea cual sea su rango, podrá criminalizar ni sancionar a la mujer prostituida.

f) Hasta que se legisle en el sentido expuesto, las ordenanzas municipales que puedan aprobarse, deberán seguir los criterios de defensa de los derechos humanos y no de defensa de la seguridad ciudadana y vial, sirviendo como referencia para un desarrollo posterior, las adoptadas en los tres modelos indicados anteriormente (Sevilla, Figueres, Palma de Mallorca).

g) La Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas, a través de las participantes en el presente Congreso Estatal nos comprometemos a presentar solicitud de aprobación de ordenanzas en nuestros respectivos municipios, interesando que el destino de lo recaudado en las sanciones impuestas a los prostituidores y proxenetas sea para la financiación de los programas de atención integral y acompañamiento a las mujeres prostituidas, informando sobre los resultandos obtenidos.

 

Ponencia 3: NUEVAS TECNOLOGÍAS Y REDES SOCIALES: ¿MEDIOS DE DEFENSA O ARMAS CONTRA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES?

Afirmamos que las nuevas tecnologías, redes sociales e internet, pueden ser buenas aliadas en el ejercicio de todos los derechos de las mujeres, pero constatamos también que las mismas pueden constituir y de hecho constituyen, en muchos casos, medios o herramientas sumamente poderosas para atentar contra su derechos, y en concreto, derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad, al honor, a la intimidad, a la salud, información, privacidad, entre otros.

A tal efecto, partiendo del derecho de las mujeres a una utilización sana y en óptimas condiciones de seguridad de las nuevas tecnologías, proponemos:

1º- Informar de forma clara y comprensible, a todas las usuarias de aparatos y dispositivos electrónicos (TICS) al efecto de la utilización segura de estos medios.

2º.- Formación específica y obligatoria, desde la perspectiva de género, para profesionales que trabajan en el ámbito de la violencia contra las mujeres, en las materias relativas a TICS, redes sociales e internet, que se utilizan muy a menudo, como medio para ejercer violencia contra las mujeres.

3º.- Inclusión obligatoria en los programas de formación de Igualdad y violencia contra las mujeres, de contenidos relativos a las nuevas tecnologías y utilización de herramientas de ciberseguridad.

4º.- Inclusión en los programas de formación y actividades dirigidas al empoderamiento de las mujeres, de las formas de utilización segura de TICS, redes sociales e internet.

5º.- Exigimos que se imparta formación específica y obligatoria, desde la perspectiva de género, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policías autonómicas y locales, en materias relativas a TICS, redes sociales e internet.

6º.- Exigimos que se imparta formación específica y obligatoria, desde la perspectiva de género, a los jueces y juezas de todas las jurisdicciones, a cargo del Consejo General del Poder Judicial y administraciones autonómicas con competencias en materia de Justicia, en las materias relativas a TICS, redes sociales e internet.

7º.- Exigimos al Consejo de Poder Judicial y Administraciones territoriales con competencias en materia de justicia, la inclusión obligatoria en los programas de formación, desde la perspectiva de género, de las/os funcionarias/os de la administración de justicia y personal de los servicios colaboradores de la misma (equipos psicosociales, Unidades de Valoración Integral Médico Forense), en las materias relativas a TICS, redes sociales e internet.

8º.- Exigimos a la Fiscalía General del Estado y Fiscalías de los diversos Tribunales Superiores de Justicia, que se imparta formación específica y obligatoria, desde la perspectiva de género, para fiscalas y fiscales, en materia de Justicia, en las materias relativas a TICS, redes sociales e internet.

9º.- Exigimos al Consejo General de la Abogacía Española, Consejos Autonómicos de la Abogacía y Colegios de Abogados y Abogadas, que se imparta formación específica 
y obligatoria, desde la perspectiva de género, para abogadas y abogados, en las materias relativas a TICS, redes sociales e internet.

10º.- Inclusión obligatoria en los programas de formación para el acceso a la abogacía de las materias relativas a TICS, redes sociales e internet.

11º.- Inclusión obligatoria en los programas de formación para el acceso a los turnos de oficio específicos de violencia contra las mujeres, familia, penal y menores, de las materias relativas a TICS, redes sociales e internet, desde la perspectiva de género.

12º.- Inclusión obligatoria en los programas de formación continua de abogadas y abogados de los turnos de oficio específicos de violencia contras las mujeres, familia, penal y menores, de las materias relativas a TICS, redes sociales e internet, desde las perspectiva de género.

13º.- Proponemos la creación de un código deontológico específico y de buenas prácticas, de observancia obligatoria, para abogadas y abogados, en materia de utilización responsable y segura de TICS, redes sociales e internet, en su ejercicio profesional.

14º.- Proponemos la creación de una Unidad Pericial Forense, especializada, a cargo de expertos/as, al servicio de los órganos Judiciales, en todas las jurisdicciones, que puedan intervenir en la práctica de pruebas periciales técnicas, en toda clase de procesos relacionados con la utilización de TICS, redes sociales e internet.

15º.- Instamos a los poderes públicos para que se incorporen en los programas del sistema educativo, desde su inicio, contenidos relativos a la utilización responsable y segura de las TICS, redes sociales e internet, así como protección de la privacidad.

16º.- Instamos a las Juntas de juezas y jueces para que se establezcan acuerdos de unificación de criterios, a la hora de establecer las garantías para la consideración como medios de prueba de las Tics, redes sociales e internet, especialmente en los casos de Violencia contra las Mujeres.

17º.- Inclusión en todos los protocolos de coordinación para la asistencia de las víctimas de violencia machista, de contenidos relativos a la utilización responsable y segura de las TICS, redes sociales e internet.

Donostia / San Sebastián
20 de noviembre de 2016